El debate sobre la seguridad pública y la delincuencia juvenil ha vuelto al centro de la agenda política chilena tras crímenes que han conmocionado al país. En este escenario, el exministro de Justicia y actual académico de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo, manifestó en conversación con Andrea Moletto y Antonio Quinteros en Palabra Que Es Noticia su total rechazo a las reformas que buscan endurecer el trato penal hacia los jóvenes. Según el experto, las propuestas actuales en el Congreso carecen de base empírica y podrían revertir los avances logrados en las últimas décadas.
El riesgo de juzgar a menores como adultos
Una de las propuestas más controvertidas es la posibilidad de juzgar a adolescentes de 16 y 17 años bajo el régimen de adultos para ciertos delitos graves. Ante esto, Gajardo es tajante: «Juzgarlos como adultos es una muy mala idea porque no vas a conseguir los objetivos que quieres, que es disminuir la cantidad de jóvenes cometiendo delitos y que los jóvenes que cometen delitos los puedas reinsertar».
El exministro fundamenta su postura en la experiencia previa del país. «La evidencia internacional y la nuestra, porque ya tuvimos ese sistema, nos dicen que esa es una muy mala idea», sentenció, refiriéndose a épocas donde no existía un trato diferenciado. Gajardo explica que un sistema de responsabilidad penal adolescente debe perseguir dos metas claras. Esto sería reducir la cantidad de jóvenes delincuentes y asegurar que no vuelvan a delinquir una vez cumplida su sanción.
Cifras que contradicen el aumento de la criminalidad juvenil
A pesar de la percepción de inseguridad, Gajardo sostiene que los datos de largo plazo muestran una realidad distinta a la que impulsa las reformas. Basándose en registros del Ministerio Público, señaló que en el año 2015 se registraron 44.000 ingresos de jóvenes al sistema, mientras que en 2024 la cifra bajó a 40.000.
«No es efectivo que tengamos más jóvenes cometiendo delitos en la mirada larga. Hemos logrado disminuir la cantidad de jóvenes que están cometiendo delitos a pesar del aumento poblacional», afirmó el académico. En cuanto a los delitos más violentos, como los homicidios, Gajardo precisó que «el número de homicidios del 2024 es prácticamente el mismo que el del 2015». Así, sugiere que el aumento reciente es una estabilización hacia cifras prepandemia y no un fenómeno descontrolado.
Un sistema de reinserción que ha dado resultados
Para el exministro, el camino correcto es profundizar en la política de Estado que se ha venido implementando desde gobiernos anteriores. Destacó que el modelo actual ha permitido una mejora sustancial en las tasas de reincidencia. «Desde el 2009 las cifras de reincidencia eran de un 52%. Hoy día, según el último estudio de reincidencia, es de un 25%», detalló Gajardo.
Este descenso de 27 puntos porcentuales es, a su juicio, la prueba de que el enfoque de reinserción social es eficaz. «Ese camino nos ha permitido lograr rescatar a estos jóvenes y que no vuelvan a cometer delito. Las propuestas y las reformas que hagamos tienen que ver la evidencia», añadió. Por lo tanto, advierte que endurecer las penas podría ser contraproducente: «Lo más probable es que aumente la reincidencia según lo que nos dice la evidencia nacional e internacional».
El alto costo fiscal de las reformas
Uno de los puntos más críticos señalados por el exministro es el impacto económico que tendrían estos cambios legales. Según datos de la Defensoría de la Niñez, el proyecto de ley que se discute en el Senado requeriría una inversión masiva de recursos públicos.
«El proyecto que está hoy día discutiéndose en el Senado cuesta más de 40.000 millones de pesos», advirtió Gajardo. El académico explicó que este gasto se debe a que, al aumentar las penas y hacer más rígida la internación provisoria, el Estado deberá mantener a más jóvenes privados de libertad por más tiempo. Para el exsecretario de Estado, esto representa un uso ineficiente de las arcas fiscales: «Es mucho dinero por una medida que no va a tener impacto en lo que queremos. Esos 40.000 millones de pesos usted los podría utilizar en los programas que sabemos que tienen impacto».
Foco en 34 comunas críticas
En lugar de reformas punitivas generales, Gajardo propone intervenciones focalizadas donde se concentra el problema. Citando información entregada por el defensor de la niñez, indicó que el fenómeno de la delincuencia juvenil está geográficamente identificado.
«¿Dónde están estos jóvenes que están cometiendo estos delitos? Concentrados en 34 comunas del país. Tenemos muy claro cuáles son y hay que intervenir ahí directamente», propuso. Esta estrategia permitiría atacar las raíces del problema en los barrios específicos, optimizando el uso de recursos y mejorando la seguridad pública sin sacrificar el sistema de reinserción que ha mostrado avances en las últimas dos décadas.
Finalmente, Jaime Gajardo hizo un llamado a evitar las «mezquindades políticas» y a dar continuidad a las estrategias que han sido reconocidas internacionalmente por su solidez técnica. «Debemos ver las medidas que tenemos claridad de que funcionan. Porque si no vamos a implementar medidas que van en el sentido contrario y vamos a gastar recursos escasos en medidas ineficaces», concluyó.
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