La Corte Suprema de Chile, liderada por la ministra Gloria Ana Chevesich, concluyó la revisión de los casos referentes a magistrados que viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas. En ese contexto, el máximo tribunal examinó un universo de 58 cuadernos de remoción y resolvió remover a 11 ministros, mientras que otros 11 procesos quedaron paralizados debido a recursos presentados ante el Tribunal Constitucional.
Ante este panorama, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, Mariela Hernández, manifestó una profunda preocupación institucional durante su entrevista en Palabra Que Es Noticia. La dirigente gremial sostuvo que la apertura de estos expedientes afectó causas que ya se habian investigado y resueltas previamente por las Cortes de Apelaciones conforme al Acta 108 del año 2020.
En consecuencia, Hernández criticó el uso del mecanismo constitucional dispuesto por el máximo tribunal. Según sus palabras, «que la Corte Suprema hiciera abuso de una facultad tan excepcional como la del artículo 80 únicamente demostró que no se respetaron las normas del debido proceso, normas básicas como la cosa juzgada». Por lo tanto, el gremio afirmó que la medida no se ajustó a los principios fundamentales de la Constitución.
La denuncia de un doble juzgamiento en el Poder Judicial
Asimismo, la presidenta del gremio enfatizó que varios de los jueces los que se indagó ya habían cumplido sanciones disciplinarias o bien se les sobreseyó. Sin embargo, la Corte Suprema decidió reabrir los antecedentes y aplicar la sanción máxima de expulsión de la carrera judicial.
En este sentido, la dirigenta explicó la gravedad de juzgar dos veces un mismo hecho. De manera textual, Hernández aseveró que «acá lo que ocurrió fue que la Corte Suprema dispuso que las Cortes de Apelaciones investigaran. Las Cortes investigaron, luego sancionaron, y lo que nosotros vemos es que la Corte Suprema dijo: ‘¿Saben qué? Igual nosotros vamos a resolver, igual vamos a conocer y vamos a ver qué pasa’. Y eso se llama doble juzgamiento. Eso significa que una persona, por un hecho, ha sido juzgado dos veces y eso es lo que en ningún estado de derecho se puede permitir».
Adicionalmente, la representante gremial afirmó que «aquí hubo un doble juzgamiento. Personas que tenían conducta intachable, que las sancionaron proporcionalmente a la conducta que tuvieron, se les removió igual. Entonces, fueron sancionados dos veces por el mismo hecho y eso es lo que nosotros hemos dicho que no corresponde».
El estándar ético y las falencias del sistema disciplinario
Por otra parte, la Asociación de Magistradas y Magistrados aclaró que la crítica no busca eludir responsabilidades por conductas inapropiadas en el ejercicio del cargo. De hecho, Hernández reconoció que los integrantes del Poder Judicial deben mantener una conducta intachable ante la sociedad.
Al respecto, la líder gremial remarcó que «el estándar que tienen que tener los jueces es un estándar superior por la labor que desempeñan. Si nosotros somos garantes del estado de derecho, somos garantes de la democracia y nuestro estándar de comportamiento tiene que ser, por cierto, superior. Lo que nosotros estamos diciendo es que, así como nuestro estándar es superior, tienen que existir reglas mínimas que establezcan la responsabilidad que tenemos que enfrentar».
Sin embargo, Hernández advirtió sobre la existencia de un vacío estructural en el ordenamiento chileno. De forma directa, la dirigente señaló que «nosotros no tenemos un procedimiento previamente establecido para enfrentar una responsabilidad disciplinaria. No tenemos un catálogo de conductas que establezca qué debe ser entendido o no como buen comportamiento».
Por consiguiente, la falta de parámetros objetivos genera incertidumbre jurídica para el ejercicio de la función judicial. Según explicó la magistrada, «la inamovilidad de los jueces no es un privilegio para quienes ejercemos la judicatura. Es una garantía para los ciudadanos que tienen que enfrentar la justicia. Hoy día la Corte Suprema ha dicho qué es lo que se escapa del buen comportamiento. Pero ese concepto es tan amplio y tan arbitrario que queda el día de mañana para que esto pueda ser utilizado en cualquier circunstancia».
Además, la gremialista cuestionó las limitaciones impuestas a los magistrados afectados durante las audiencias de remoción. En esa línea, Hernández expresó que «toda persona tiene derecho a defensa. Hay personas que no pudieron defenderse. Un alegato de 30 minutos no es defensa. ¿Cómo se va a defender a través de lo dicho por su abogado en media hora si no se pudieron presentar antecedentes, documentos ni pruebas?».
Crisis institucional y acciones ante organismos internacionales
Por otro lado, la presidenta del gremio contextualizó esta situación dentro de la serie de escándalos que han impactado al máximo tribunal en los últimos años. Entre ellos, mencionó las controversias asociadas a nombramientos, las ternas opacas y las implicancias del denominado caso Hermosilla.
Por esta razón, la Asociación de Magistradas y Magistrados ya inició gestiones a nivel internacional. De hecho, la directiva sostuvo una reunión con la relatora especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Judiciales y Abogados, Margaret Satterthwaite, quien manifestó su preocupación por la situación en Chile.
Finalmente, la dirigenta anunció en Palabra Que Es Noticia las medidas legales que interpondrán a nivel interno e internacional. Hernández concluyó confirmando que «nosotros estamos preparando las instancias internas para demandar al Estado de Chile por la falla estructural que existe en el ordenamiento interno respecto a la responsabilidad de los jueces». Por ello, el gremio insiste en que los poderes colegisladores deben modificar la legislación vigente para asegurar un debido proceso efectivo y transparente en el Poder Judicial.