Durante su visita en los estudios de Radio Futuro, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín incidió en el diagnóstico sobre la violencia de género. Además, abordó las prioridades legislativas del Ejecutivo.
En conversación con Andrea Moletto y Álvaro Paci, la secretaria de Estado desmenuzó los resultados del informe elaborado por el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF). Asimismo, abordó la discusión en torno a los proyectos de gestación subrogada.
La radiografía de la violencia extrema y la trampa del hogar
El balance interinstitucional arrojó un registro de 44 femicidios consumados y 330 femicidios frustrados. Según detalló la secretaria de Estado, la cifra de casos consumados mantiene una «tendencia sostenida» en la última década (entre 40 y 44 hechos al año). Sin embargo, el aumento en los casos frustrados se explica principalmente por la ampliación de la tipificación penal a través de normativas como la Ley Gabriela.
Uno de los datos más alarmantes radica en el espacio físico donde ocurren los ataques. En efecto, cerca de la mitad de las agresiones se concentran al interior del inmueble compartido o en el domicilio de la afectada.
«La cifra que emana del circuito es que mayormente estos delitos están ocurriendo dentro del hogar, dentro de la vivienda común o de la vivienda de la víctima. Y eso a mí me preocupa mucho, porque si uno piensa cuál debiese ser el lugar donde uno está más seguro, es su hogar, su casa; pero allí es donde estos delitos están ocurriendo en mayor proporción», remarcó Marín.
Asimismo, la ministra enfatizó la transversalidad del fenómeno durante el programa:
«Se tendería a pensar que el prevenir la violencia contra la mujer y erradicarla es una tarea exclusiva del Ministerio de la Mujer. Pero cuando vemos las cifras, que esto sucede en todas las regiones y que no distingue condición socioeconómica, nos interpela a todos y muestra que este es un desafío de todo el país».
Ineficacia de cautelares y el rol de la seguridad municipal
El informe evidenció una brecha crítica en la respuesta institucional: el 50% de las víctimas de femicidio frustrado contaba con denuncias previas. Sin embargo, apenas el 12,4% mantenía una medida cautelar vigente al momento de la agresión, retrocediendo respecto al 20,8% registrado en el periodo anterior.
Frente a la sobrecarga que enfrenta Carabineros para supervisar estas órdenes de protección, la jefa de cartera destacó el ingreso de un proyecto de ley que busca:
Endurecer las sanciones penales por el quebrantamiento o incumplimiento de medidas cautelares.
Habilitar formalmente a las cuadrillas de seguridad municipal como entidades colaboradoras y estratégicas en las labores de fiscalización preventiva.
Advertencia frente a la mercantilización
Al abordar los proyectos de ley radicados en el Congreso (uno de prohibición en la Cámara de Diputados y dos de regulación en el Senado). Marín fijó una línea de resguardo fundamentada en recomendaciones de relatoras de Naciones Unidas. Además, se basó en estándares legislativos europeos como el español.
«En mi caso particular como ministra de la Mujer debo poner sobre la mesa lo que pueda significar, por ejemplo, la cosificación del cuerpo de la mujer… utilizar el cuerpo femenino como un medio para un fin». Sentenció la autoridad frente al riesgo de convertir los procesos reproductivos en una transacción comercial.
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