Luego de la primera intervención del mandatario chileno ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cancillería confirmó que el país se integrará al denominado Escudo de las Américas. Esta plataforma, impulsada por Estados Unidos, busca coordinar esfuerzos continentales frente al crimen organizado transnacional de forma voluntaria.
Sin embargo, en Palabra Que Es Noticia, el académico de la Universidad Diego Portales y exministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó serias dudas respecto a la viabilidad jurídica de operar sin un tratado ratificado por el Congreso Nacional. En este sentido, sostuvo que la administración actual suele bordear los límites normativos del país.
Al analizar la conducta del Ejecutivo, Gajardo afirmó que «lamentablemente el gobierno del presidente Kast ha estado permanentemente actuando de forma al filo de lo constitucional y en algunos casos tratando de realizar acciones que son inconstitucionales derechamente».
Asimismo, el profesional explicó que una simple mesa de trabajo no basta para ejecutar medidas de inteligencia o intervenciones complejas. Por esta razón, advirtió sobre la falta de densidad en los anuncios oficiales.
«Si es solo coordinación a nivel de autoridades, eso tiene muy poco impacto en un combate efectivo al crimen organizado», remarcó el exministro, agregando que «para cualquier acción que tenga un impacto real en la persecución del crimen organizado se requiere de un tratado internacional. No basta con la simple coordinación».
En consecuencia, el abogado calificó la medida como un anuncio efectista. Según sus palabras, «tenemos más que todo dudas de algo que nuevamente nos ha acostumbrado este gobierno. Acciones que tienen mucha pirotecnia, pero poca sustancia efectiva».
La presión de Estados Unidos y la Corte Penal Internacional
Por otra parte, la incorporación a este bloque de seguridad regional trae consigo exigencias geopolíticas que podrían impactar compromisos históricos de Chile en materia de derechos humanos. Estados Unidos ha promovido que las naciones participantes se aparten del Estatuto de Roma, instrumento base de la Corte Penal Internacional (CPI).
Frente a este escenario, Gajardo recordó que desahuciar convenios multilaterales exige obligatoriamente la aprobación del Poder Legislativo. De este modo, expresó su profunda inquietud por la posición en la que queda la diplomacia chilena.
«Es tan preocupante que nosotros, un país con una larga tradición democrática y multilateralista, ingresemos a estos espacios donde se pide la denuncia de tratados tan relevantes como la Corte Penal Internacional», alertó.
Adicionalmente, el exsecretario de Estado comparó la postura estadounidense con la de regímenes que buscan eludir el escrutinio externo. En esa línea, puntualizó que «los gobiernos autoritarios buscan que no tengan ningún tipo de control respecto a las acciones que vayan cometing».
Un discurso con foco local y guiños a la «batalla cultural»
En relación con la participación del jefe de Estado en el foro de la ONU, Gajardo sostuvo que el mensaje careció de propuestas globales para fortalecer el organismo multinacional. Por el contrario, observó una alocución centrada en contingencia interna y retórica ideológica.
Al evaluar la intervención presidencial, Gajardo señaló que «me pareció un discurso más bien local, es decir, más preocupado de la situación de nuestro país que de los grandes temas que están discutiéndose en las Naciones Unidas».
Por último, cuestionó que se haya solicitado limitar la agenda del organismo internacional sin precisar el alcance de dicha petición. «El presidente le pidió a las Naciones Unidas que restringiera agendas. Pero no fue claro en decir qué agendas quiere que se restrinjan. Suena a una batalla cultural que se quiere llevar a las Naciones Unidas», aseveró.
Tensiones con el Poder Judicial y riesgos de una deriva iliberal
En el plano legislativo interno, la agenda de seguridad del Gobierno ha sufrido reveses significativos en el Congreso Nacional, destacando la suspensión de reformas clave. Según Gajardo, estos proyectos contenían elementos que vulneraban el equilibrio de poderes.
De igual manera, denunció que la propuesta del Ejecutivo buscaba limitar la competencia del órgano contralor de la Constitución para evitar el rechazo de iniciativas como el registro vándalo.
«Uno de los fundamentos de la reforma era que el Tribunal Constitucional no pudiera declarar inconstitucional el registro vándalo, es decir, tratar de disciplinar al Tribunal Constitucional reformando la Constitución», argumentó Gajardo.
Finalmente, el académico advirtió en Palabra Que Es Noticia sobre los peligros institucionales que conllevan este tipo de presiones a la magistratura. Por ello, enfatizó que «hemos visto que los gobiernos que caminan hacia derivas no democráticas o iliberales también cuestionan a los tribunales. Esto que empieza de una manera puede terminar muy mal».
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