Tras semanas de intensas negociaciones, el Senado cerró ayer la discusión de la denominada «megarreforma» o ley de reconstrucción. La aprobación de la última indicación, referente a la compensación municipal por la exención de contribuciones a adultos mayores, se logró con 27 votos a favor y 22 en contra. Sin embargo, el ambiente en el Congreso permanece tenso ante la posibilidad de nuevos requerimientos ante el Tribunal Constitucional.
En Palabra Que Es Noticia, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, manifestó su profunda preocupación por los efectos económicos y sociales de esta nueva ley. A pesar del optimismo del Gobierno, la legisladora sostiene que los datos técnicos sugieren un escenario complejo para las finanzas públicas en los próximos años.
El fantasma de la menor recaudación fiscal
Vodanovic cuestionó la visión positiva del Ejecutivo sobre el inicio de esta nueva etapa legislativa. Según su análisis, el impacto real se sentirá en el erario nacional y en la capacidad del Estado para financiar programas sociales básicos. La senadora fue enfática al señalar que la convergencia fiscal aún se encuentra lejos de alcanzarse.
Sobre este punto, la parlamentaria señaló: “Lamentablemente la realidad y las evidencias muestran otros números. Todos los expertos, los economistas de todos los sectores políticos y los centros de estudio señalaron que la única certeza de esta reforma era la menor recaudación y que la convergencia fiscal, es decir, que termine el déficit fiscal, se proyecta hacia el año 2033”.
Además, advirtió que las medidas de ahorro que propone el Gobierno no afectarán a todos por igual. Al respecto, afirmó que “viene un momento y una época dura, donde este llamado del gobierno a apretarse el cinturón lo van a sufrir como siempre las personas de menos recursos”.
Crítica a la «gestión por eslóganes»
La senadora también se refirió a las palabras del ministro Quirós, quien celebró la aprobación de la reforma como una apertura a la inversión y al progreso. Para Vodanovic, estas declaraciones no coinciden con la realidad técnica de los proyectos ni con los tiempos que requiere la economía para reaccionar.
En relación con el discurso oficialista, Vodanovic sostuvo: “Los gobiernos no se conducen a punta de eslóganes. Esto no es una campaña publicitaria, no es una empresa, es un país que no reacciona frente a la esperanza o a estos abrazos y aplausos, sino que reacciona conforme a la evidencia. Ojalá Dios quiera que esto no tenga los efectos que previeron los expertos, porque recién comienza lo que significan las reducciones de recursos para las regiones y para los más pobres”.
Desigualdad territorial y crisis municipal
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el mecanismo de compensación a los municipios. Vodanovic argumenta que la distribución de recursos propuesta profundiza la brecha entre las comunas ricas y las más vulnerables del país. Para ilustrar esta situación, comparó la realidad presupuestaria per cápita de distintas zonas de la Región Metropolitana.
La senadora explicó: “Es bien distinto un municipio como Las Condes, donde el per cápita es de un millón y medio. Versus El Bosque, por ejemplo, en Santiago, que el per cápita es de 169.000 pesos. Ese alcalde de El Bosque hace milagros con la plata porque con esos 169.000 pesos tiene que preocuparse de la salud, de la pavimentación, de la seguridad y del alumbrado. Se quiere presentar aquí una situación que dista bastante de lo que es la generalidad de la administración de los recursos municipales”.
Riesgos de seguridad y lavado de activos
Otro aspecto crítico mencionado por la legisladora es la repatriación de capitales incluida en la norma. Según su visión, la falta de controles estrictos en el ingreso de estos recursos representa una vulnerabilidad para la seguridad financiera del país.
Sobre los peligros detectados, la presidenta del PS indicó: “La llamada repatriación de capitales es un ingreso al territorio de recursos no necesariamente nacionales, no tiene ningún tipo de barrera de entrada, ningún control y cualquier persona con una simple declaración puede traer recursos del extranjero y eso implica también un tremendo riesgo de lavado de activos”.
La batalla en el Tribunal Constitucional
Frente a lo que consideran vicios de constitucionalidad, un sector de la oposición ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar ciertos artículos de la ley. Las presentaciones no buscan ser una estrategia política, sino una defensa del orden jurídico vigente y de las facultades del Congreso.
Vodanovic detalló los motivos detrás de estas acciones legales: “Son presentaciones que nosotros hicimos después de grandes análisis jurídicos. Tienen que ver con el fondo de lo discutido. Con lo que nosotros estimamos como sector. Que es complejo de que se aprueben normas donde finalmente se terminen renunciando a las facultades del propio Congreso para alterar las normas futuras. Nosotros lo que estamos defendiendo es la constitucionalidad de temas importantes que esta ley tiene que someterse como toda ley al control de constitucionalidad”.
Finalmente, la senadora lamentó lo que percibe como un retroceso en los criterios de solidaridad que se habían logrado con normativas anteriores, como el Royalty Minero. Para Vodanovic, la megarreforma marca una división ideológica profunda: “Es una división entre quienes creemos en una sociedad donde la solidaridad tiene que estar presente y aquellos que creen en que el que gana más se arregla solo y que el resto se salva como puede. Eso me parece un tremendo retroceso cultural y civilizatorio dentro de nuestro país”.