En medio del debate sobre la probidad y la lucha contra el narcotráfico en la gestión pública, el Presidente José Antonio Kast firmó este lunes un proyecto de reforma constitucional. Esta reforma busca aplicar tolerancia cero al consumo de sustancias ilícitas entre las máximas autoridades del país.
La iniciativa establece la obligatoriedad de someterse a exámenes de drogas al momento de asumir el cargo. Además, deberán hacerlo posteriormente de forma periódica durante el ejercicio de sus funciones. La medida abarca tanto a integrantes del Poder Ejecutivo como del Legislativo. También incluye a quienes ejerzan cargos de elección popular.
Muestra pública y pérdida del cargo
Uno de los puntos más drásticos de la propuesta radica en sus consecuencias. En primer lugar, los resultados de los test serán de carácter público. Por otro lado, la detección de consumo constituirá una causal directa de cesación en el cargo. Esta sanción se ejecutará según los procedimientos que fije la norma.
Durante la ceremonia de firma, el presidente Kast enfatizó que la penetración del crimen organizado exige un estándar superior a la clase política:
«La ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez más transparencia, y nosotros en eso tenemos que oír (…) La droga y el crimen organizado han ido infiltrando a distintas naciones, por lo tanto, el compromiso de las autoridades tiene que ser total. Chile en esto puede ser un líder en legislación moderna» sostuvo el mandatario, agregando que «no puede haber dos miradas porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto».
La chispa que encendió la reforma
El anuncio se concreta apenas días después del remezón provocado por la salida del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Él debió abandonar su puesto en el gobierno tras arrojar un resultado positivo en un control de drogas.
Por su parte, el biministro Claudio Alvarado abordó la necesidad de unificar los criterios legales para estas mediciones. Señaló que actualmente existe una «dispersión de normas» sobre la materia.
«Lo que queremos bajo este paraguas de la reforma constitucional es ordenar en las leyes respectivas las formas y los procedimientos, de tal manera que esto sea un proceso científico, que entregue certezas y que dé las garantías de justicia», explicó el secretario de Estado.
Desde Presidencia remarcaron que el objetivo de la iniciativa es resguardar la transparencia y la probidad en la función pública. Así, se fijará un precedente respecto a la responsabilidad de quienes toman decisiones de Estado.
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