Durante la semana pasada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por tráfico de influencias en el marco del caso “Operación Topógrafo”.
Se trata de acciones legales tras la filtración de una serie de mensajes en WhatsApp. Estas involucran a Mario Desbordes y María Teresa Letelier. Y en ellas, se revela un supuesto lobby a favor de la actual ministra de la Corte Suprema.
En Palabra Que es Noticia, Antonio Quinteros y Andrea Moletto conversaron con Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Ministro Cordero y «Operación Topógrafo»
El ministro Cordero señaló que este caso revela la tensión entre dos instituciones: el poder judicial y la autonomía del ministerio público. «Tenemos un ministerio público autónomo que, en su panorama general, está realizando investigaciones importantes en sistemas de corrupción», indicó. Sin embargo, reconoció que hay una dinámica de intercambio de información y una cultura transaccional que son impropias y deben eliminarse. «No es un sistema de nombramiento del ministro de la Corte Suprema, es un problema en el sistema de nombramiento en general», enfatizó.
Al respecto, indicó que el problema radica en el proceso de selección del Poder Judicial y su relación con la política. «Afecta la confianza en las instituciones», afirmó. Además, advirtió que «acá pueden haber hechos constitutivos de delitos», en referencia a las conversaciones del esposo de Ángela Vivanco encontradas en el celular de Luis Hermosilla.
Sobre el nombramiento de Palma, Cordero mencionó: «Tenemos antecedentes y sobre esos antecedentes nos debemos pronunciar», destacando la importancia de mantener la imparcialidad en el poder judicial y la apariencia de esta, indicando que «no solo hay que actuar correctamente. Sino que la apariencia también es importante». «Yo creo que tener conciencia de la función pública que se desempeña es el primer ejercicio en estas características», agregó.
Finalmente, el ministro Cordero enfatizó que «en el caso de tramitación de notario, al poder judicial hay que sacarlo de los sistemas de nombramiento, no solo de jueces» agregando que “no basta con cambiar el sistema de nombramiento, hay una cultura transaccional que es impropia y que hay que eliminar», concluyó.