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Por Equipo Futuro.cl
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«De las actualizaciones del caso Democracia Viva que tensiona a Revolución Democrática y sus posibles consecuencias administrativas y penales, conversamos en Palabras Sacan Palabras con el abogado y exfiscal especializado en corrupción y delitos económicos, Carlos Gajardo.
¿Qué mirada tiene de los antecedentes que hay hasta hoy?
«Diría que la mayor sospecha de comisión de delitos tiene que ver con fraude al fisco y con la idea de que los fondos no se gastaron con los fines con los que se estableció el acuerdo. Esto por cierto tiene que ser demostrado, pero hay muchas banderas rojas que nos muestran que esto es posible como la manera en que se asignó el monto o la falta completa de experiencia por parte de esta fundación».
Carlos Gajardo: ¿Significaría este delito cárcel para alguno de los responsables?
«De todas maneras. Por los montos que estamos hablando (426 millones) desde luego. Como el pago estaba parcelado, incluso podemos hablar de tres delitos de fraude al fisco. Hay que pensar que, a la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, por dos delitos de fraude al fisco por montos cercanos a 25 millones en total, la condenaron a 5 años y un día. Aquí estamos hablando de montos mayores y de acreditarse como delito podría significar penas de cárcel».
¿La figura de la diputada Catalina Pérez, desde el punto de vista legal, podría estar comprometida?
«Es importante hacer la diferencia de las responsabilidades. Ahora se le ha reprochado su responsabilidad ética y política por su ascendencia al ser pareja del director de la fundación Democracia Viva. Ella debe explicar porqué las cosas exigieron bajo sus narices. La responsabilidad exige que ella participara de algún ilícito y para eso debería demostrarse que estaba en conocimiento de estos hechos».
Surgió el caso del traspaso de 8.800 millones de pesos a fundaciones y corporaciones por parte del Gobernador Regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, donde la Fundación Chinquihue recibió 1.628 millones y es presidida por el mismo Vallespín. ¿Una fundación privada que tenga como presidente a una autoridad política pública suena raro?
«Sin duda. Diría que todos estos casos tienen que ser investigados. Es posible que a partir del caso Democracia Viva comiencen a surgir en muchos otros lugares situaciones semejantes que pueden ser constitutivas de delitos. Creo que junto con esto es importante darnos cuenta de que tenemos un sistema de asignación de recursos que no cumple con estándares mínimos de probidad y de eficiencia».
«No me parece sensato que la asignación de importantes niveles de recursos se realice sin que exista licitación previa, sin un comité técnico que analice los antecedentes o que exista una decisión de un órgano colegiado y que tengamos, en cambio, asignaciones directas sin fundamentos técnicos detrás donde solo una persona, en este caso el seremi, tome la decisión. Las asociaciones directas debieran ser reservadas para casos de catástrofes donde la urgencia necesita rapidez en la acción. No se entiende que no exista un proceso de licitación abierto con muchos mayores controles. Es una debilidad institucional y creo que aprovechando la condena transversal debiéramos generar políticas más intensas para que estos casos no se repitan a futuro. Que se sancione a los que se tenga que sancionar, pero trabajar también en modificar el sistema» señaló el abogado Carlos Gajardo en Futuro.
¿Podría haber financiamiento irregular de la política? ¿Seguiría siendo mayor la pena de fraude al fisco?
«Lo que pasa es que, respecto al fraude al fisco, siempre hemos tenido penas altas que guardan relación con la gravedad. Estábamos al debe con el cohecho y en el escándalo de los casos SQM/PENTA/Corpesca eso quedó en evidencia. Para poner un ejemplo, al exsenador Jaime Orpis se le condenó por cohecho y fraude al fisco. Por la primera fue una condena de 60 o 70 días y la segunda recibió una pena de casi 5 años. En el fraude al fisco tenemos penas razonablemente altas desde antes de los escándalos políticos».
¿Qué es lo que se puede decir sobre los mecanismos de anticipación y de fiscalización interna?
«Justamente es lo que le costó el cargo a la subsecretaria, porque recibió este correo electrónico el 2 de mayo y no realizó ninguna gestión relevante hasta que el caso estalló mediáticamente sin que se haya efectuado una denuncia o un sumario para investigar los hechos. Esas tres inacciones dan cuenta de una negligencia que impedía que ella siguiera en su cargo. Es importante que las autoridades de primer nivel como los subsecretarios sean sensibles a las acusaciones o denuncias de posibles actos de corrupción, porque de no ser así se genera un escenario muy complejo. Si no es por el rol de la prensa, este caso no se hubiera sabido, justamente por la inacción de la subsecretaria»
¿No estaba obligada a denunciar?
«Claro que sí, incluso puede configurarse un delito. La ley dice 24 horas. El punto es que muchas veces el funcionario público se defiende diciendo que los antecedentes no daban cuenta de la comisión de un delito. No necesitan establecer una sentencia judicial, ellos debieran ser mucho más proactivos y empezar las gestiones solo con tener antecedentes que vayan en la línea de sospechar posibles delitos» cerró diciendo en entrevista con La Radio del Rock, el ex fiscal, Carlos Gajardo.