Durante el mes de octubre, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley destinado a reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La iniciativa contempla una reestructuración que restringe potestades judiciales, reduce los equipos de trabajo y elimina la presencia en regiones. Frente a este escenario, el director del INDH, Yerko Ljubetic, expresó en Palabra Que Es Noticia una profunda preocupación por el impacto estructural que esta medida puede generar en la protección de las garantías fundamentales en Chile.
En entrevista radial, el directivo subrayó la esencia independiente que debe mantener el organismo frente al poder político de turno. «El instituto es esencialmente una institución autónoma. Tiene que serlo porque la defensa de los derechos humanos supone algún nivel de contradicción con las autoridades», afirmó Ljubetic.
Asimismo, el titular del INDH sostuvo que la iniciativa vulnera el pilar central sobre el cual fue fundado el organismo en el año 2010. En esa línea, el abogado enfatizó que «el proyecto del Gobierno no solo quita atribuciones y desmantela el instituto regional, sino que básicamente atenta contra su autonomía».
El riesgo de cooptación política en la gobernanza
Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta gubernamental es la modificación del Consejo del INDH, el cual se reduciría de 11 a 5 integrantes. En la actualidad, este órgano colegiado posee una integración plural proveniente del Congreso, las universidades y la sociedad civil. Sin embargo, la nueva estructura entregaría la elección de cuatro de sus cinco miembros al poder político.
Al respecto, Ljubetic advirtió que este cambio institucional genera una vulnerabilidad severa en el funcionamiento del organismo. «Actualmente el Consejo del Instituto son 11 personas con diversos orígenes generados por el Congreso, la sociedad civil y las universidades. Lo que propone el proyecto del Gobierno es cambiar esto por un consejo en que cuatro de sus cinco integrantes son designados por el poder político», explicó.
En consecuencia, el director remarcó el peligro de vincular el organismo a las mayorías circunstanciales. «Eso evidentemente abre un riesgo enorme de cooptación por la mayoría política de turno», aseveró Ljubetic, agregando que «se requiere un instituto que sea un contrapeso para el ejercicio del poder».
La eliminación de querellas criminales y la labor ciudadana
Por otra parte, la reforma elimina la facultad del INDH para interponer querellas criminales en casos de violaciones a los derechos humanos. Esta medida priva a la institución de una de sus herramientas más relevantes de representación jurídica.
Frente a esta restricción, el directivo remarcó las consecuencias directas sobre la ciudadanía. «Se pierde un instrumento muy fundamental en la defensa de los derechos de muchas personas. Esto afecta a personas que tienen en el instituto la posibilidad de representar sus hechos y entablar acciones judiciales», sostuvo.
Además, Ljubetic abordó la necesidad de visibilizar la labor del organismo más allá de los debates coyunturales o políticos. En ese sentido, hizo una autocrítica sobre la comunicación del instituto. «Nos ha costado mucho visibilizar todas las dimensiones de lo que hace el instituto y que tienen que ver con los problemas materiales de las personas y las condiciones para una vida digna», reconoció, destacando la labor en materia de acceso al agua potable, medio ambiente y grupos vulnerables.
Impunidad y controversia por la rebaja de condenas
Durante la conversación, el director del INDH también abordó la polémica respecto a las rebajas de penas aplicadas a condenados por abusos a menores y a violadores de derechos humanos de la dictadura. Respecto a los crímenes contra la infancia, recordó las obligaciones internacionales del Estado. «El Estado, desde el punto de vista de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, tiene obligaciones muy evidentes en materia de protección de niños, niñas y adolescentes», puntualizó.
En relación con los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad en recintos como Punta Peuco o Colina, Ljubetic manifestó un enérgico rechazo. «Nosotros somos total y absolutamente contrarios a esta situación. Estamos hablando de gente que torturó, secuestró, asesinó e hizo desaparecer a personas de forma impune», aseveró.
Por lo tanto, el representante institucional calificó el actuar ministerial como una señal peligrosa para la justicia. «Estos casos coronan una situación que nos parece muy preocupante en el sentido de que está abriendo de modo surrepticio un espacio de impunidad que es inaceptable», enfatizó.
Propuesta: una judicatura de ejecución de penas
Finalmente, Ljubetic se refirió a la discusión parlamentaria sobre beneficios penitenciarios y la necesidad de legislar de forma rigurosa. Por un lado, llamó a cerrar beneficios a delitos graves. «Hay que legislar en serio y no cometer errores. Hay que cerrar la puerta de estos beneficios a un determinado tipo de crímenes muy deleznables», argumentó.
Por otro lado, planteó una reforma de fondo al sistema judicial chileno para desligar el otorgamiento de beneficios de la decisión política. «Una solución de verdad definitiva es la creación de una judicatura de ejecución de las penas, es decir, tribunales acompañados de organismos especializados que tomen las decisiones caso a caso», concluyó Ljubetic en Palabra Que Es Noticia.
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