El reciente desplome del Fondo E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha generado una profunda preocupación en millones de cotizantes. Esta caída, provocada por apuestas financieras de alto riesgo, redujo drásticamente el patrimonio de los ahorrantes que buscaban la opción más segura para su jubilación. En este contexto, diversas organizaciones sociales comenzaron a evaluar acciones legales para defender a los cotizantes.
Tradicionalmente, las administradoras catalogaban al Fondo E como una alternativa conservadora e inmune a grandes turbulencias. Sin embargo, la realidad demostró que ningún multifondo está exento de pérdidas sustanciales. Ante esta compleja coyuntura, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) asumió un rol protagónico. Su presidente, Hernán Calderón, analizó en Palabra Que Es Noticia los caminos jurídicos disponibles para hacer frente a la crisis.
Las alternativas judiciales ante la pérdida de ahorros
De acuerdo con el dirigente de Conadecus, las herramientas legales tradicionales no entregan respuestas efectivas ante este tipo de perjuicios. Por un lado, los recursos de protección suelen resultar insuficientes ante los tribunales. Por otro lado, las querellas en el fuero penal presentan barreras complejas de acreditación probatoria.
Al respecto, Calderón enfatizó que «los recursos de protección no ayudan mucho, es más que nada un saludo a la bandera». Asimismo, el representante de los consumidores agregó que «una demanda penal por negligencia, administración desleal u otras figuras tampoco son fáciles porque hay que probar todo, es difícil».
Debido a estas limitaciones, Conadecus orientó su trabajo hacia el ámbito civil representativo. En este sentido, la organización estudia la viabilidad de presentar una acción judicial de carácter masivo. Calderón explicó que «nosotros estamos estudiando los alcances para poder ver la alternativa de hacer una demanda colectiva que represente a todos los afectados, o sea, a los millones de afectados».
Además, el presidente de Conadecus sostuvo que «las asociaciones de consumidores tienen facultades. Al igual que el SERNAC, nosotros podemos representar a todas las personas afectadas por un mismo hecho. Con una demanda colectiva están todos cubiertos, están todos representados, es la mejor alternativa».
El antecedente de AFP Capital y el caso La Polar
Para fundamentar esta estrategia, Conadecus considera una jurisprudencia de gran trascendencia. En el pasado, la Corte Suprema condenó a una administradora por adquirir acciones altamente riesgosas en medio de un escándalo financiero. En consecuencia, el máximo tribunal determinó que dichas decisiones no constituían un riesgo aceptable del mercado.
Sobre este precedente, Calderón detalló que «es un caso antiguo, larguísimo, en que Capital compró acciones de La Polar». El dirigente recordó que «estaba informado el hecho esencial y Capital tres días después compra acciones de La Polar. La liquidación después viene, vende esas acciones y se produce una pérdida gigantesca que afectó a 1.900.000 trabajadores ahorrantes».
Posteriormente, el tribunal dictaminó la responsabilidad de la entidad en los daños ocasionados. Calderón puntualizó que «eso la Corte Suprema lo consideró una inversión riesgosa. Hay un fallo de la Corte Suprema donde condena a Capital por una inversión de este tipo y no consideró que era parte de lo que podía hacer el mercado».
Actualmente, el proceso para la restitución de dineros se tramita en el Décimo Juzgado Civil de Santiago. En dicha instancia, el juez rechazó la pretensión de la AFP de aplicar de manera exclusiva el Decreto Ley 3500 por sobre la legislación de consumidores. Por lo tanto, una resolución favorable abriría un camino claro para la nueva demanda. En relación con este punto, el líder gremial aseveró que «nuestra intención en principio es enfrentar a las AFP y defender a los millones de afectados».
El «efecto manada» y el uso irresponsable de swaps
Por otra parte, la causa directa del desplome actual radica en el uso excesivo de instrumentos derivados conocidos como swaps. Aunque estas herramientas estaban autorizadas por la normativa, la conducta de las administradoras derivó en una sobreexposición imprudente.
Al referirse al comportamiento de las entidades financieras, Calderón manifestó que «al principio estos ejecutivos fueron al casino y les fue bien. Empezaron a ver que uno tuvo buenos resultados, se fueron sumando y este es el efecto manada».
Adicionalmente, el presidente de Conadecus advirtió que la gestión transgredió los marcos reglamentarios. Sobre esto, indicó que «se autorizó, pero tenía ciertos porcentajes de inversión y aquí lo que nosotros entendemos es que se superaron con creces las inversiones».
Finalmente, la magnitud de la exposición financiera encendió las alarmas de diversos especialistas del sector. Según los análisis técnicos, las maniobras pusieron en riesgo la totalidad del sistema. Al respecto, Calderón afirmó que «es de tal magnitud el riesgo que corrieron que la inversión que arriesgaron era de 900.000 millones nacionales, lo que implica que arriesgaron tres o cuatro veces los fondos de pensiones». Por último, el dirigente remató advirtiendo que «algunos dicen que esto pudo tener un efecto tan brutal que se pudieron haber perdido todos los fondos».
Dudas sobre las sanciones de la Superintendencia
Por su parte, la Superintendencia de Pensiones inició una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades en la crisis. Sin embargo, desde Conadecus observan con escepticismo el desenlace de esta fiscalización, la cual podría extenderse por al menos nueve meses.
Sobre este punto, Calderón señaló en Palabra Que Es Noticia que «tengo serias dudas de que la Superintendencia aplique sanciones porque este mecanismo de invertir en swaps y en este tipo de instrumentos estaba autorizado». Por esta razón, la organización de consumidores insiste en que la vía judicial colectiva es la única alternativa real para exigir indemnizaciones.
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