La controversia en el Ministerio de Justicia escaló a un punto crítico tras una intensa sesión especial en la Cámara de Diputados. Debido a esto, la bancada del Partido Socialista ratificó que impulsará una acusación constitucional contra el titular de la cartera, Fernando Rabat. Además, la oposición solicitó la entrega formal de correos y antecedentes administrativos.
En conversación con Palabra Que Es Noticia, el diputado Juan Santana abordó los alcances del debate parlamentario. En este sentido, el legislador cuestionó con dureza la postura de la autoridad gubernamental frente a las interrogantes planteadas por los congresistas.
Críticas a la sesión especial y falta de autocrítica
Por un lado, el parlamentario expresó su profunda disconformidad con las explicaciones entregadas en el hemiciclo. Según el congresista, el Ejecutivo desaprovechó la instancia para realizar una autocrítica sobre las decisiones adoptadas.
De este modo, Santana señaló que «existe una sensación de harta disconformidad, porque esta semana el Parlamento le dio la oportunidad al ministro Rabat de explicar y hacer una autocrítica respecto a esta decisión tan inentendible y tan inhumana. Sin embargo, el ministro Rabat asistió a la Cámara de Diputados en una actitud completamente prepotente, responsabilizando a la administración anterior».
Asimismo, el legislador remarcó que la autoridad no asumió el impacto social de las medidas. Por lo tanto, la bancada socialista decidió avanzar decididamente hacia la vía constitucional de fiscalización.
En consecuencia, el parlamentario afirmó que «el ministro no aceptó la responsabilidad que le recae por la firma de estos 56 decretos, los cuales generaron una reducción en la condena de 56 personas que cometieron crímenes contra menores de edad. Por lo tanto, al no quedar conformes con sus respuestas, a los parlamentarios no nos queda otra alternativa que presentar esta acusación constitucional».
Las razones jurídicas tras la acusación constitucional
Por otro lado, la oposición trabaja junto a abogados constitucionalistas para redactar el texto final del libelo. En este contexto, la causal principal se fundamentará en la no aplicación de la legislación vigente.
En esta línea, Santana detalló el argumento central expresando que «la no aplicación de la ley es una de las causales que establece la Constitución para presentar una acusación contra un ministro de Estado. Esta causal se relaciona directamente con la aplicación de la ley aprobada en 2022 de forma unánime, donde existía una expresa restricción para que este beneficio fuese concedido a personas que cometieron crímenes contra menores de edad».
Adicionalmente, el diputado recordó que ninguna administración anterior había otorgado este beneficio a este tipo de condenados. De hecho, citó las declaraciones del exministro Hernán Larraín, quien aclaró que la norma de 2022 buscaba evitar tales reducciones de condena.
Alcance a delitos de lesa humanidad y señales políticas
Sin embargo, los decretos conocidos en los últimos días no solo involucran delitos sexuales contra la infancia. Por el contrario, las rebajas también beneficiaron a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Al respecto, Santana advirtió sobre la gravedad de los hechos señalando que «este beneficio alcanzó a otro tipo de delitos, incluidos los relacionados con crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de una persona acusada de secuestrar a cinco personas cuyo paradero aún se desconoce. Por lo tanto, esta decisión permitió establecer un antecedente cuyo alcance superó con creces los delitos contra menores».
Asimismo, el parlamentario cuestionó la inacción del presidente José Antonio Kast frente a la crisis. Por esta razón, el legislador vinculó la permanencia de las autoridades con sectores duros del oficialismo.
En este sentido, el diputado enfatizó que «el ministro Rabat y el subsecretario Silva generaron un efecto que hasta el momento no son capaces de medir. Por eso, en el Parlamento no nos explicamos por qué el presidente Kast no toma una decisión política, evita este verdadero desangre que tiene su administración y le pide la renuncia a estas dos autoridades. La defensa del núcleo más pinochetista al interior de la administración Kast parece ser más poderosa de lo que uno cree».
Influencia ideológica y postura frente a una salida legislativa
De igual forma, Santana recordó la trayectoria de las altas autoridades de la cartera de Justicia. Por un lado, mencionó la defensa histórica realizada por Rabat a Pinochet en el extranjero. Por otro lado, aludió a las declaraciones del subsecretario Silva sobre beneficios en Punta Peuco.
De esta manera, el legislador explicó que «el ministro Rabat ha manifestado su admiración por el exgeneral Pinochet en varias oportunidades, además de haber sido uno de los dos abogados que lo defendieron cuando estaba detenido en Londres. Asimismo, el subsecretario Silva se ha manifestado a favor de reducir condenas a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad en Punta Peuco».
Finalmente, respecto a una eventual solución legislativa que frene nuevos beneficios carcelarios, el parlamentario mostró apertura al debate. No obstante, remarcó que la prioridad absoluta de la Cámara es hacer valer las responsabilidades políticas correspondientes.
Para concluir, Santana aseveró en Palabra Que Es Noticia que «nosotros nunca vamos a tener una mala disposición para mejorar la legislación vigente. Sin embargo, la discusión actual está centrada en hacer valer la responsabilidad política por la firma de estos decretos. Además, el propio exministro Larraín corrigió al ministro Rabat al señalar que en los beneficios carcelarios no se aplica el principio de retroactividad».
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