En Palabra Que Es Noticia, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó en detalle los alcances de la agenda proempleo anunciada por el Ejecutivo. La iniciativa, denominada Plan Chile Despega, contempla una movilización de recursos ascendente a 1,3 billones de pesos. El objetivo principal de este programa es mitigar el deterioro en el mercado laboral mediante inversión en infraestructura pública, subsidios a la contratación y apoyo financiero a las empresas.
En este contexto, la autoridad laboral se refirió a las proyecciones oficiales respecto a la desocupación nacional. Al respecto, sostuvo que «la meta es generar esos más de 100.000 empleos e ir bajando la tasa de manera sustancial para terminar el gobierno con una tasa en torno al 6,5%». Por lo tanto, el Ejecutivo confía en que la aceleración de obras públicas y vivienda dinamizará la absorción de mano de obra en los próximos meses.
Inyección de recursos frescos e incentivos al trabajo femenino
Por un lado, el Plan Chile Despega contempla la aceleración de inversiones previamente comprometidas por carteras como Obras Públicas y Vivienda. Por otro lado, la estrategia incorpora un paquete significativo de fondos enfocados de forma directa en el incentivo al empleo. Según explicó el ministro Rau, se inyectaron 91.000 millones de pesos en recursos frescos para multiplicar los cupos de subsidios laborales disponibles en el país.
En ese sentido, este financiamiento adicional permitirá crear cerca de 75.000 puestos de trabajo directos. Asimismo, el programa contempla un beneficio diferenciado en favor de las trabajadoras. En palabras del titular de la cartera, «en el subsidio hay un beneficio mayor para la contratación de mujeres. Son hasta 332.000 pesos por la contratación de una trabajadora y 276.000 pesos por la de un trabajador».
Además, las herramientas del plan consideran criterios de distribución territorial. De este modo, se priorizará a aquellas regiones que registran los índices de desempleo más elevados. Un ejemplo de aquello es La Araucanía, zona que ejecutará cerca de 40.000 millones de pesos en proyectos habitacionales y de infraestructura.
El rol clave del sector privado y la realidad fiscal
Frente a los cuestionamientos de algunos sectores económicos que califican la iniciativa como una medida coyuntural, la autoridad precisó que la reactivación sostenible depende fundamentalmente del emprendimiento y las empresas. En esta línea, remarcó que «el empleo no se genera ni por subsidios ni por decretos. El gran empleador de Chile es el sector privado y las empresas».
Por esta razón, el Gobierno enfatiza la necesidad de acelerar la concreción de los 179 grandes proyectos de inversión aprobados durante el primer semestre, los cuales equivalen a 35.000 millones de dólares. De forma complementaria, el secretario de Estado aclaró que el escenario financiero actual exige disciplina en el gasto de los fondos públicos disponibles.
Sobre este punto, advirtió que «no estamos en el mismo contexto de la pandemia donde había mucha holgura fiscal. Necesitamos que la economía vuelva a crecer para generar esos puestos de trabajo mediante incentivos a la aceleración de obras, subsidios laborales y líneas de crédito Fogape».
Tramitación legislativa de la Sala Cuna Universal
En paralelo a la agenda de inversiones, el Ministerio del Trabajo avanza en la tramitación del proyecto de Ley de Sala Cuna Universal en el Congreso Nacional. Esta propuesta legislativa busca eliminar barreras históricas en el acceso al empleo formal para las mujeres. Según el secretario de Estado, la iniciativa ha sumado diálogos con diversos sectores políticos y organizaciones sociales.
En sus palabras, las gestiones se han enfocado en «terminar con una discriminación histórica de más de 100 años en contra de la contratación de mujeres». Para lograr este propósito, el proyecto plantea un esquema de financiamiento que busca no incrementar los costos de la contratación formal.
Al respecto, la autoridad detalló el mecanismo técnico diseñado por el Ejecutivo: «El proyecto crea un fondo de sala cuna financiado con una cotización del 0,35% a cargo del empleador. Para no elevar los costos laborales, se reduce en un 0,35% la cotización que va al Seguro de Cesantía». De aprobarse esta fórmula, el fondo administrará cerca de 300 millones de dólares y podrá impulsar la creación de hasta 140.000 empleos femeninos en régimen.
Adaptabilidad laboral y próximos desafíos normativos
Finalmente, el ministro se refirió al paquete de adaptabilidad laboral que impulsa el Gobierno en el Poder Legislativo. Entre las medidas destacan perfeccionamientos a la ley de 40 horas para promediar la jornada en ciclos de 16 semanas, así como regulaciones para contratos por horas, bandas horarias e indemnización a todo evento.
Ante el debate público generado por estos cambios normativos, el secretario de Estado fue enfático al señalar en Palabra Que Es Noticia que «la adaptabilidad no es precarización, sino cómo nos adaptamos a las restricciones del nuevo mundo del trabajo». Con estas acciones, el Ejecutivo busca consolidar una reactivación integral del mercado laboral de cara al periodo 2026-2027.
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