El debate sobre el presupuesto sanitario en Chile ha tomado un giro complejo tras la implementación de medidas fiscales de contención. En abril pasado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó el Decreto 333, ordenando un recorte de 413.000 millones de pesos al Ministerio de Salud. Esta cifra equivale al 2,4% de los fondos asignados para la cartera en la Ley de Presupuestos 2026, generando de inmediato preocupación entre gremios e instituciones del sector.
Para comprender los alcances reales de este ajuste, el médico internista y máster en Salud Pública, Dr. Juan Carlos Said, abordó la situación en Palabras Sacan Palabras. El especialista enfatizó la necesidad de evaluar el gasto público más allá de las metas financieras de corto plazo.
El impacto real del Decreto 333 en los hospitales
Aunque las proyecciones iniciales contemplaban una disminución severa en los recintos asistenciales, la realidad operativa del sistema público obligó a recalibrar los planes gubernamentales. En la atención primaria, gremios como la Confusam estimaron un ajuste cercano a los 18.000 millones de pesos. Sin embargo, en el ámbito hospitalario, la contención del gasto corriente chocó rápidamente con las necesidades diarias de atención médica.
Al respecto, el Dr. Said explicó cómo se desarrolló esta dinámica en los centros de salud pública durante los primeros meses del año:
«El gobierno había anunciado un recorte bastante potente, especialmente en el gasto a nivel de los hospitales, y en junio parte de ese recorte lo ha tenido que revertir».
El profesional advirtió que la reducción de recursos operativos impacta de manera inmediata en los pacientes y en el funcionamiento cotidiano:
«Cuando se dice ‘vamos a dejar de gastar en insumos médicos o en cosas que son para la atención del día a día’, eso se siente inmediatamente. Los hospitales funcionan todos los años con lo que se llama una deuda histórica, donde el presupuesto nunca llega a mitad de año y tiene que ser suplementado con recursos adicionales de Hacienda».
Asimismo, el experto destacó la ambigüedad de la gestión fiscal, observando una subejecución en inversión mientras el Ministerio de Salud ya proyecta solicitar un incremento presupuestario de entre 4% y 5% para la próxima discusión parlamentaria en septiembre.
¿Es posible ajustar un presupuesto que representa el 22% nacional?
Frente a la postura de las autoridades que califican la medida como un «ajuste» sobre un área que absorbe el 22,2% del gasto público total, el Dr. Said llamó a contextualizar el retorno social de la inversión sanitaria. Según el médico, existe una correlación directa entre el volumen de financiamiento sanitario y los indicadores sanitarios de la población.
«Los países que más gastan en salud en general tienen mayor expectativa de vida y menor mortalidad infantil. Suiza, que es uno de los que más gasta, es a la vez uno de los que tiene la menor proporción de personas que fallecen por falta de atención médica según la OCDE».
No obstante, el especialista aclaró que un mayor gasto no garantiza automáticamente un mejor desempeño. Como contraejemplo, citó el caso de Estados Unidos, un país con un alto volumen de gasto pero ineficiente, donde persisten 26 millones de personas sin cobertura de salud, a diferencia de la cobertura universal de Chile a través de Fonasa e Isapres.
Tecnología, demanda constante y el dilema de la eficiencia
Uno de los principales desafíos del sistema sanitario radica en que la innovación científica genera presiones financieras crecientes que ningún presupuesto puede cubrir de forma ilimitada. Por esta razón, el Dr. Said insistió en que las medidas de ahorro deben diseñarse con un profundo conocimiento de la práctica médica.
«Si el sistema puede hacer eficiencias, sí, pero no se pueden hacer en un Excel. Esas eficiencias se tienen que hacer conversando con el sector salud porque evidentemente no todos los recortes dan lo mismo».
Para ilustrar este punto, el médico contrapuso dos escenarios de gasto con diferente valor clínico:
«No da lo mismo si voy a recortar en vacunas a si voy a recortar en resonancias que se realizan a personas de 30 años con dolor de espalda, que la gran mayoría de las veces no necesitan ese examen. Por eso la importancia de avanzar en mecanismos que permitan que gastemos en las atenciones que son más efectivas».
En la misma línea, subrayó una premisa fundamental sobre la sostenibilidad del financiamiento en el país:
«El sistema de salud puede financiar a todos los chilenos, pero no puede financiar todo. No hay ningún sistema que pueda decir ‘lo que sea lo vamos a financiar’. Un medicamento de dos millones de dólares es insostenible y no es viable».
El envejecimiento de la población y la presión sobre Fonasa
Un factor estructural determinante en el aumento de los costos sanitarios es el cambio demográfico de los usuarios del Fondo Nacional de Salud. La mayor esperanza de vida ha transformado el perfil epidemiológico de los beneficiarios públicos, demandando intervenciones más complejas y costosas.
El especialista entregó cifras reveladoras sobre la transformación que vive la red pública: «Fonasa cada día tiene más afiliados, pero la proporción de adultos mayores ha crecido. Hace 10 años el número de afiliados mayores de 60 años era del 18%, hoy es el 22%. Ese grupo concentra hasta el 60% de las listas de espera GES».
El profesional enfatizó en Palabras Sacan Palabras que este cambio de perfil representa un gasto sustancialmente mayor para la red hospitalaria: «No es lo mismo hacerse cargo de un hombre de 30 años que de un adulto mayor de 85 o 90 años, que cada día vemos más. Esa realidad significa más enfermedad, más postración y sustantivamente más cantidad de recursos».
La urgencia de crear una Agencia de Evaluación de Tecnologías (ETESA)
Como solución de fondo a la crisis de financiamiento, el Dr. Said propuso avanzar decididamente en la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías de la Salud (ETESA), imitando modelos internacionales consolidados como el NICE de Inglaterra. Este organismo permitiría definir techos de precios e incorporar prestaciones basándose en la evidencia científica y no en el volumen de presión mediática o corporativa.
«No podemos hacer que el gasto en salud lo termine determinando quién hace más lobby. Necesitamos ponernos de acuerdo en políticas públicas que permitan hacer mecanismos sostenibles y socialmente legítimos para asignar ese gasto».
Finalmente, el profesional concluyó con un llamado a la responsabilidad técnica y humana al diseñar el presupuesto nacional de salud:
«Hay decisiones que hay que tomarlas desde Hacienda pero con Salud. Acá no podemos andar legislando a la chica voy, pensando que todo es la economía y que da lo mismo la salud de las personas».
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