El Congreso Nacional y la sede central de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) sufrieron masivos allanamientos ayer. El objetivo de estas diligencias es desarticular una red de corrupción destinada a favorecer a la proveedora de alimentos SOSER.
Para esclarecer este grave escenario, el abogado penalista Mauricio Daza expuso en Palabra Que Es Noticia los pormenores de un fraude que afecta a estudiantes vulnerables. El jurista comparó este caso con el escándalo Luminarias. En ese sentido, afirmó que “este es un caso que estalló y que […] es bastante parecido al caso Luminarias en cuanto a cuál es el objetivo que tiene que ver con favorecer a una determinada empresa para licitación respecto de los programas de alimentación escolar que administra y gestiona precisamente la Junaeb”.
Un millonario fraude de $14.000 millones
La investigación se concentra entre los años 2021 y 2023. Al respecto, el perjuicio fiscal de estas maniobras es gigantesco. Daza detalló que “estamos hablando que hay por lo menos 14,000 millones de pesos, los cuales habrían sido de perjuicio fiscal […] y solo respecto de los años 2021 y 2023, que es el periodo que se está investigando con más detalle”.
Por lo tanto, se trata de delitos concertados. Según el abogado, “se señala que acá hubo un esquema sistemático, corrupción, hubo tráfico de influencia, negociación incompatible, incluso fraude al fisco”. El propósito directo era beneficiar a SOSER en desmedro de los fondos públicos.
Raciones inexistentes y sobreprecios abusivos
En primer lugar, el fraude cobraba raciones de alimentación que nunca se entregaron. El contrato estipulaba un pago fijo a SOSER por las colaciones. Sin embargo, gran parte de esta comida jamás se distribuyó a los colegios, aunque el fisco pagó igual la totalidad del dinero convenido.
En segundo lugar, se detectó un sobreprecio descomunal. Daza explicó que en la causa “se […] pagaban raciones de alimentación por montos que iban entre los 7,800 y los 8,600 pesos por cada unidad, pero se calcula que cada una de esas raciones en precio de mercado valían entre 800 y 1,100 pesos”. Esta distorsión representa un sobreprecio de hasta 800% por sobre el valor real.
Evasión de controles y la «puerta giratoria»
Para modificar los contratos sin levantar alertas, se usaron resquicios administrativos. En este sentido, Daza reveló que “los cambios de los contratos para evitar el control de la Contraloría General de la República se hacían a través de un mecanismo denominado resoluciones exentas”. De este modo, lograban engañar a la Contraloría mediante antecedentes que no eran reales.
Además, existía una sospechosa puerta giratoria para exfuncionarios. El abogado denunció que “muchos de estos funcionarios de Junaeb después salían de la institución y se iban a trabajar a […] Soser”. El caso más emblemático es Alejandro Laiseca: “Alejandro Laiseca, que era exjefe jurídico y exdirector subrogante de la JUNAEB […] ahora es gerente legal de SOCS”. Daza agregó que “está imputado por fraude al fisco, tráfico de influencia […] y él habría además articulado todo este mecanismo para eludir el control de la Contraloría General de la República”.
Parlamentarios bajo sospecha criminal
La gravedad del caso escaló al Congreso debido a presuntos nexos políticos. El senador Sergio Gaona (UDI) es investigado. Al respecto, el jurista precisó que “Sergio Gaona, que es senador de la UDI por la región de Coquimbo, sus oficinas objetivamente fueron incautadas en el contexto de esta investigación y obviamente esto en un ámbito donde se está investigando en general en esta causa presuntos cohechos y tráfico de influencia”.
Por otra parte, el senador Miguel Ángel Calixto enfrenta imputaciones graves. El abogado detalló que “el senador Miguel Ángel Calixto está en la misma situación […] él está enfrentando imputaciones graves respecto de hechos de corrupción que se habrían cometido en relación a la triangulación ilícita, fraude al fisco, de asignaciones parlamentarias”. Calixto, previamente desaforado como diputado, suma este nuevo flanco.
Finalmente, al exparlamentario Hugo Gutiérrez también se le indaga. Según Daza, “Hugo Gutiérrez, quien fue diputado precisamente por la región de Tarapacá y estaría investigado también por estos presuntos nexos, gestiones o tráficos de influencias”. Sin embargo, Gutiérrez descartó públicamente cualquier vinculación con el caso.
Auditoría interna de la actual dirección
El origen de esta investigación se remonta a una auditoría interna de la actual jefatura de la JUNAEB. El abogado puntualizó que “la actual administración efectivamente realizó una auditoría interna respecto a la Junaeb y el actual director nacional de esa institución, Fernando Peña, fue quien hizo esta presentación”.
Esta denuncia motivó las incautaciones judiciales y el alzamiento del secreto bancario. En consecuencia, la justicia busca sancionar el desvío de recursos públicos destinados a menores vulnerables.
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