Durante la jornada de ayer se puso en marcha la denominada Operación Cancerbero, un despliegue gubernamental que trasladó a más de 700 reos de alta peligrosidad al complejo penitenciario La Laguna, en las cercanías de Talca. Esta acción, que incluyó a líderes de bandas del crimen organizado, ha generado un intenso debate por su puesta en escena audiovisual, que muchos han comparado con las estrategias del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, analizó este escenario en Palabras Sacan Palabras, donde distinguió los aspectos técnicos de la gestión carcelaria de la estrategia política del Ejecutivo. Según Cordero, el funcionamiento de La Laguna no es un hito aislado, sino el resultado de un esfuerzo estatal de largo aliento.
Una política de continuidad institucional
Cordero subrayó que la habilitación total de este recinto es “fruto de un trabajo que viene realizándose hace mucho tiempo”. El exministro explicó que la acción del actual ejecutivo es producto del esfuerzo de tres administraciones previas: las del presidente Piñera, la presidenta Bachelet y el presidente Boric.
Para el abogado, este despliegue demuestra que los avances en seguridad no son inmediatos. “Si ustedes miran desde el trabajo inicial hasta la plena habilitación que comenzó el día de hoy, han pasado prácticamente 15 años”, precisó. Calificó la operación como el desarrollo de una política de continuidad correcta desde la programación técnica.
El dilema de la espectacularidad comunicacional
A pesar de validar el traslado en términos logísticos, Cordero manifestó sus reservas respecto a la forma en que el gobierno difundió las imágenes del operativo. A su juicio, el Ejecutivo aprovechó una oportunidad de Gendarmería para ejecutar una “estrategia comunicacional” que puede resultar problemática.
El exministro advirtió sobre la deshumanización que conlleva la exhibición pública de los internos. En sus palabras: “hay que tener cuidado, sí, cuando uno utiliza a las personas no como fines, sino como medios. Y eso aplica a muchas cosas, incluyendo aquellas personas que están cumpliendo condenas”. Cordero enfatizó que, incluso ante criminales peligrosos, el Estado debe mantener su estatura ética: “Aunque estemos con los sujetos más despreciables, el Estado reacciona con las reglas del derecho y no de la venganza”.
Sobre las comparaciones con el modelo de Bukele, Cordero aclaró que el ordenamiento de los presos en los patios responde a protocolos de seguridad habituales para el control de los vigilantes. Sin embargo, recalcó que estructurar eso como una herramienta de propaganda es otra cosa. “Eso es una estrategia de exhibir a las personas privadas de libertad con el propósito deliberado de intimidar. Pero que tiene un sustrato muy estructural. Y ese sustrato muy estructural es desconocerle su condición de ser humano”.
La reivindicación del garantismo
En el marco de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo (ACOT), el exministro defendió el concepto de «garantismo», a menudo criticado por sectores que piden mayor severidad. Cordero, en su calidad de profesor de derecho, explicó que este sistema no es una falencia, sino la base de la convivencia civilizada.
“Hablar contra el garantismo es hablar contra el sistema de derechos básicos. Existe esencialmente para evitar los abusos por parte del poder del castigo”, afirmó. Para el experto, el éxito contra el crimen organizado no reside en la exhibición, sino en “desarticular organizaciones y privar de los bienes y las ganancias a las cuales están apuntados”.
El riesgo del «Estado Frankenstein»
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el análisis del borrador de la reforma constitucional del gobierno. Cordero describió el texto como una expresión del “constitucionalismo del miedo”, que podría ser incluso más radical que el texto original de 1980.
El exministro alertó que el borrador propone suprimir derechos estructurales (salud, educación, trabajo) a personas condenadas por terrorismo o narcotráfico por 15 años tras su condena, lo que técnicamente equivale a una «muerte civil». “Iniciativas de estas características, si logran éxito, se pueden encauzar en lo que se denomina el legalismo autoritario. Es lo que los especialistas llaman estado Frankenstein. Usted reúne piezas de distintos lugares que pueden ser legítimas. Pero termina construyendo un monstruo”.
Finalmente, Cordero llamó a los parlamentarios a estar atentos, señalando que la reforma parece buscar deliberadamente cambiar la forma en que el Tribunal Constitucional interpreta los derechos básicos. “Aquí está en juego la manera de entender el equilibrio entre el poder y los derechos”, concluyó.