La agenda de seguridad impulsada por el Gobierno ha desatado una intensa tormenta política en el Senado. Recientemente, la Cámara Alta definió las tres comisiones encargadas de revisar la propuesta de reforma constitucional: Constitución, Seguridad y Defensa. Esta iniciativa busca establecer nuevas herramientas legales para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, la propuesta ha despertado una severa polarización y críticas transversales tanto de la oposición como del oficialismo. En este contexto, el exministro del Interior, Jorge Burgos, alzó la voz en Palabras Sacan Palabras para alertar sobre las profundas falencias técnicas y los riesgos democráticos que contiene este proyecto.
Una reforma constitucional considerada innecesaria
En primer lugar, el exsecretario de Estado cuestionó abiertamente la necesidad de modificar la Carta Fundamental para implementar estas medidas. A su juicio, el Ejecutivo contaba con herramientas legislativas suficientes sin necesidad de abrir un debate constitucional complejo. Con respecto a esta decisión estratégica, Burgos señaló de forma tajante: «a mi juicio no era necesario y creo que el gobierno ha buscado un camino bien discutible».
Por consiguiente, el exministro argumenta que estas medidas podrían discutirse perfectamente mediante leyes ordinarias en el Parlamento. En este sentido, Burgos destacó que la gestión sectorial ya se había ordenado previamente. No obstante, esta reforma interrumpe esa dirección y entrampa el debate político. Para el exministro, «el gobierno que había empezado tan débil en materia de seguridad (…) creo que con la llegada de del ministro Raú se había ordenado un poco la cosa». Por lo tanto, la propuesta constitucional crispa innecesariamente el ambiente nacional.
El polémico estado de excepción de 240 días
El punto más controvertido del proyecto es la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad. Esta medida permitiría al Presidente de la República decretar restricciones de libertades civiles por un lapso extremadamente extenso. Al respecto, el exministro fue categórico al calificar la propuesta de desproporcionada. Burgos afirmó que «efectivamente el estado de excepción propuesto es excesivo, se pasa varios pueblos».
Además, el exsecretario enfatizó que las herramientas vigentes son capaces de abordar las emergencias sin crear nuevas figuras. En sus propias palabras, «Yo no creo que sea indispensable crear un nuevo estado de excepción». Asimismo, criticó que se pueda prorrogar la medida hasta ocho meses sin la aprobación del Congreso. Sobre la duración, Burgos advirtió que son «240 días sin consulta al otro poder del Estado, al Parlamento. Fíjate que el estado de sitio que se equivale a guerra interna la doctrina o en la propia Constitución, si no me equivoco, no tiene ese plazo». Por consiguiente, concluyó que esta facultad «sería dar un paso si llegara a probar bien complejo el punto de vista del desarrollo de nuestra democracia».
La sombra del modelo de El Salvador y el Tribunal Constitucional
Por otra parte, el análisis político del exministro sugiere que el Gobierno busca imitar estrategias internacionales con alta popularidad. Específicamente, Burgos apuntó al régimen de excepción aplicado en Centroamérica para combatir las pandillas, marcando una clara diferencia con la realidad chilena. Según explicó, «yo no conozco mucho (…) pero según me dicen, esto se ha puesto en práctica en la República del Salvador y con todo respeto a los salvadoreños (…) en El Salvador deben poderse hacer mucho más cosas de las que se pueden hacer en Chile». En consecuencia, Burgos sentenció firmemente que «esta es una mala decisión».
Por un lado, el exministro teoriza que el Ejecutivo impulsa esta reforma debido al temor a fallos adversos del Tribunal Constitucional, como ocurrió con la Ley de Escuela Segura. Sin embargo, considera que intentar eludir al tribunal modificando la Constitución es un grave error político y doctrinario. En este aspecto, Burgos pronostica que la iniciativa sufrirá un rechazo categórico en el Congreso. Con convicción, el exministro aseguró que «no creo que vaya a flotar, no tiene sentido. Eso no va a flotar, no va a flotar».
Garantías individuales bajo amenaza
Finalmente, Burgos manifestó su preocupación por las modificaciones que afectan las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad. La reforma propone limitar ciertos derechos constitucionales directamente desde la Carta Magna, una técnica legislativa que el exministro considera conceptualmente errónea. Al respecto, el experto recordó un principio fundamental del derecho público: «las constituciones no fijan conductos ni penan. Para eso están los códigos penales».
Por último, el exsecretario de Estado advirtió que restringir garantías de esta forma debilita el estándar democrático del país. Si se aprueba este mecanismo, las personas comunes podrían ver afectados sus derechos con serias trabas para apelar ante los tribunales de justicia. Por lo tanto, Burgos concluyó que «de aprobarse esta reforma (…) obviamente sería un movimiento complejo hacia condiciones democráticas bastante más limitada». De este modo, el debate queda abierto mientras el Senado inicia un trámite legislativo que promete ser arduo y prolongado.
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