La reciente presentación de la reforma constitucional denominada ACOT, enmarcada en la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, ha generado una profunda preocupación en los círculos académicos y legales. El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, analizó en Palabra Que Es Noticia el contenido de esta propuesta basándose en los trascendidos de prensa que circulan sobre las 11 modificaciones legales planteadas.
Un retroceso histórico en derechos fundamentales
Uno de los puntos más críticos señalados por Couso es la modificación del artículo 19 de la Constitución, que protege las garantías individuales. Según el experto, la propuesta busca restringir libertades bajo el argumento de combatir la delincuencia. Al respecto, Couso fue enfático al señalar la gravedad de esta medida en el contexto histórico del país.
El académico afirmó: “Esta es la Constitución que la dictadura militar de Pinochet nos legó y esto recorta derechos individuales de una manera que no tiene precedentes en los últimos 46 años desde que se publicó esta nueva Constitución que empezó a regir el año 90”. Esta advertencia surge ante la posibilidad de que la ley pueda limitar la esencia de un derecho constitucional para ciertos delitos, algo que ni siquiera proyectos anteriores de sectores conservadores habían intentado.
El riesgo del «constitucionalismo abusivo»
La reforma parece ser, en parte, una reacción del Ejecutivo ante fallos previos del Tribunal Constitucional que el gobierno considera excesivamente garantistas. Javier Couso identifica esta conducta como una tendencia peligrosa en el derecho comparado. Para el abogado, cambiar la Carta Magna simplemente porque una sentencia judicial no es favorable constituye un error institucional.
En sus palabras: “Esta estrategia en el derecho constitucional comparado se denomina constitucionalismo abusivo. Y es algo que francamente es un paso que este gobierno no debería dar”. Couso advirtió que responder a fallos judiciales mediante reformas constitucionales aprovechando mayorías circunstanciales es propio de regímenes autoritarios o populistas. Además, subrayó que “cuando a uno no le gusta lo que un tribunal decide, voy y cambio la Constitución que ese tribunal acaba de interpretar”, lo cual sienta un precedente nefasto para futuras mayorías.
El modelo carcelario y la igualdad ante la ley
El gobierno ha defendido la reforma bajo la premisa de que es necesario un cambio constitucional para implementar regímenes carcelarios más estrictos, similares a los de Italia, sin enfrentar alegatos de trato desigual. Sin embargo, Couso desestimó este argumento, asegurando que la normativa vigente ya permite diferenciar a los reclusos según su peligrosidad.
“Lamentablemente ese argumento parte del supuesto de que la actual Constitución prohibiría establecer regímenes más severos para ese tipo de convictos y no es el caso”, explicó el experto. Couso añadió con claridad: “No hay nada arbitrario en que convictos de extrema peligrosidad tengan un régimen diferente. No hay una diferencia arbitraria, es una diferencia racional”. Por lo tanto, considera que la reforma va más allá de lo necesario, distorsionando el sistema constitucional de igualdad y no discriminación.
Un nuevo estado de excepción sin control
Otro pilar de la reforma ACOT es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. Según la información disponible, este permitiría al Ejecutivo limitar derechos por un periodo de hasta 60 días sin la aprobación inmediata del Congreso ni revisión judicial. Couso alertó sobre los peligros de otorgar tales facultades administrativas, especialmente en lo relativo a la interceptación de comunicaciones o la limitación del derecho de propiedad.
“Cuando un gobierno tiene derecho a interceptar las comunicaciones sin supervisión judicial o autorización judicial, puede decir que está espiando a narcotraficantes. Pero puede aprovechar de espiar a periodistas o a políticos”, advirtió con preocupación. El abogado instó a reflexionar sobre qué pasaría si estas herramientas quedaran a disposición de futuros gobernantes de signos políticos extremos.
Seguridad versus libertad: el ejemplo de El Salvador
Finalmente, Couso reflexionó sobre la identidad constitucional de Chile y la tentación de sacrificar libertades civiles en pos de la seguridad ciudadana. Mencionó que, a diferencia de otros casos en la región, Chile debería mantener su tradición de equilibrio democrático.
“Los países como Chile, que tienen una tradición constitucional robusta, son países multidimensionales que no sacrifican todas las libertades por un objetivo como la seguridad ciudadana”, sostuvo el académico. Al comparar la situación con Centroamérica, señaló: “El Salvador renunció a todas sus libertades. Y, de hecho, perdió su democracia por el objetivo de tener seguridad”. Para Couso, el fin no justifica los medios, y concluyó que “por lo que sea el objetivo de la seguridad, no todos los medios justifican ese fin”.