El anuncio de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) ha marcado un punto de inflexión en la estrategia legislativa del Ejecutivo. El proyecto de reforma constitucional, ingresado con suma urgencia, propone cambios estructurales. Entre ellos destaca la inclusión de la seguridad pública como obligación estatal y la creación de un nuevo estado de excepción. Claudio Fuentes, director de Icso UDP, analizó el fondo de esta propuesta en su columna de Palabra Que Es Noticia. Para el académico, la iniciativa representa un movimiento táctico para sortear obstáculos jurídicos previos.
Una estrategia de «reciclaje» legislativo
Fuentes sostiene que gran parte del contenido presentado no constituye una novedad absoluta en el debate parlamentario. Según el analista, el gobierno ha optado por reorganizar elementos ya existentes. Al respecto, el experto señaló: «No se trata de una agenda novedosa en términos generales, salvo algunas cosas específicas. Mucho es como un reciclaje de muchas cosas que están en el Congreso; es decir, un ordenar la agenda legislativa».
Además, el académico cuestiona la utilidad de generar constantemente nuevos marcos legales. Según su visión, esto responde más a una necesidad de imagen que a una eficacia práctica. El profesor afirmó: «Se opta por una estrategia legislativa tal cual el gobierno anterior. No toda política pública requiere un ejercicio de hacer nuevas leyes y acá se opta por ese camino que es un camino vistoso en términos de la élite política, pero no tanto respecto de la ciudadanía».
El blindaje ante el Tribunal Constitucional
Uno de los motores de esta reforma es el historial de fallos adversos en el Tribunal Constitucional (TC). Fuentes recuerda el caso del proyecto «escuelas protegidas», el cual fue rechazado por dicho organismo. En consecuencia, el Ejecutivo busca ahora un cambio a nivel constitucional para evitar vetos similares.
Fuentes explica que el gobierno «opta por el camino de la reforma constitucional» para asegurar que «el TC no se transforme en un veto». Sin embargo, este camino implica un desafío político mayor. La iniciativa requiere un quórum de 4/7, lo que obliga a conseguir 29 senadores y 89 diputados. Por lo tanto, el oficialismo deberá negociar con sectores de la oposición para alcanzar los votos necesarios.
La subordinación de los derechos sociales
El punto central del análisis de Fuentes radica en el cambio de doctrina que propone la ACOT. El proyecto busca elevar la seguridad ciudadana a un rango superior frente a otros derechos fundamentales. Según el director de Ixo UDP, esto permitiría que ciertas garantías sociales sean limitadas en favor del orden público.
Sobre este punto, Fuentes fue categórico al señalar: «Lo que está haciendo la reforma es habilitar que, bajo ciertas condiciones, tú puedas colocar por sobre los derechos sociales el derecho a la seguridad». Esta lógica se refleja en la intención de incorporar explícitamente el deber de seguridad en el artículo primero de la Constitución. El analista subraya que la intención es clara: «Que la seguridad pública pase a ser un bien más alto; por lo tanto, todos los otros estarían supeditados a ese».
Esta jerarquización tiene implicancias prácticas, como se observa en el proyecto de incivilidades. Allí se plantea que personas condenadas pierdan acceso a beneficios estatales. Fuentes explica la tensión jurídica: «Se produce un conflicto entre el derecho a la seguridad y la garantía de que ciertos derechos sociales no pueden ser quitados a la gente». Pone como ejemplo que, actualmente, ni siquiera a condenados por lesa humanidad se les quita la pensión por ser un derecho constitucional.
Los vacíos críticos de la agenda
A pesar de la magnitud de la reforma, Claudio Fuentes identifica ausencias significativas. El experto advierte que se ha puesto el foco en lo punitivo, descuidando la prevención y el control financiero. El analista destacó: «La interrogante son los vacíos. Nada sobre niños, niñas y adolescentes, que es un tema crítico porque es el inicio de las carreras delictivas. Nada contra políticas antidrogas».
Asimismo, criticó la falta de medidas contra el flujo de capitales ilícitos. Fuentes enfatizó que existe «inteligencia económica y todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero: nada, cero, no está en la agenda». Para el académico, centrarse solo en aumentar penas puede ser contraproducente si no se considera la realidad del sistema penitenciario.
Finalmente, advirtió sobre la crisis carcelaria que podría agravarse. «Efectivamente estamos en 65.000 personas, estamos con tasas de hacinamiento de 150%. En algunas cárceles llega a 300%», señaló. Fuentes concluye que, sin mejoras urgentes en las cárceles, el aumento de la población penal solo incrementará la contaminación delictiva interna.