En conversación con Andrea Moletto y Antonio Quinteros en Palabra Que Es Noticia, el subsecretario de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carlos Lobos, abordó la compleja situación financiera que atraviesa su cartera tras cuatro meses de gestión. La autoridad explicó que el gobierno recibió un Estado con un déficit fiscal del doble de lo esperado, lo que obligó a realizar ajustes presupuestarios significativos en diversos ministerios. En este contexto, uno de los proyectos más afectados es la finalización del teatro del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).
El impacto del déficit fiscal en Cultura
Lobos reconoció que el Ministerio de las Culturas sufrió un ajuste mayor en comparación con otras reparticiones. Según explicó, esto se debe a que en los últimos cuatro años el presupuesto del ministerio aumentó en un 91,9%, duplicándose prácticamente. Sin embargo, aclaró que este incremento no se destinó necesariamente a programación propia, sino que el presupuesto se vio «inflado» por transferencias a programas que el ministerio no ejecuta directamente.
Ante la solicitud de recorte por parte del Ministerio de Hacienda, el subsecretario afirmó: “Defendimos el presupuesto del Ministerio de Cultura con todos los argumentos y a más no poder”. No obstante, la situación económica nacional primó sobre las proyecciones de inversión en infraestructura cultural a gran escala.
La paralización del teatro GAM: Un costo de 114 mil millones
La suspensión de la segunda etapa del GAM ha generado gran preocupación en el sector. Al respecto, el subsecretario proporcionó cifras precisas para contextualizar la magnitud del desafío financiero. “Terminar el teatro salía 114,000 millones”, reveló la autoridad. Además, señaló que el cierre administrativo del proyecto actual implica el pago de 6,000 millones de pesos en multas y gastos de gestión.
La decisión de detener la obra no fue repentina, sino que respondió a un incremento exponencial en los costos proyectados para los próximos años. Lobos detalló que, inicialmente, se estimaba una inversión de 11,300 millones para 2026, pero informes posteriores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) elevaron la cifra necesaria para ese año a 40,000 millones de pesos.
En consecuencia, el subsecretario fue enfático al señalar la responsabilidad de la cartera económica en esta decisión: “Hacienda tomó la decisión de que el proyecto se suspendía porque este año eran 40,000. El otro eran 50,000. Y el último eran 30,000 y tantos millones”. Por lo tanto, la inviabilidad financiera inmediata bajo el presupuesto fiscal actual sentenció la continuidad de las obras estatales.
El modelo de concesión: Una salida para el «elefante blanco»
Para evitar que la estructura inconclusa en plena Alameda se convierta en un símbolo de ineficiencia, el gobierno trabaja en alternativas de financiamiento privado. “Estamos viendo la forma y ya estamos bastante avanzados en distintos modelos para terminar ya esta obra. Porque todos entendemos que no puede ser que en la Alameda exista ese elefante blanco”, manifestó Lobos.
La propuesta principal consiste en un proyecto liderado por el MOP para concesionar el término de la obra. Sin embargo, el subsecretario aclaró que no se trata de una privatización convencional. “Sería una concesión sui generis que lo que hemos pedido nosotros, donde el GAM, donde la corporación ya tenga en el fondo línea editorial y pueda hacer la programación adentro”, puntualizó.
Adicionalmente, se están explorando otras vías de financiamiento, como aportes de la gran minería o donaciones a través de la Ley de Donaciones Culturales. Lobos mencionó que incluso existe la posibilidad de involucrar a familias de alto patrimonio en el proyecto, aunque subrayó que el modelo definitivo será presentado por la jefa de concesiones próximamente.
Reformas en la gestión de fondos y contenidos
Más allá de la infraestructura, el subsecretario destacó cambios en la administración de los fondos concursables para democratizar el acceso y evitar la concentración de recursos en unos pocos beneficiarios. Informó que se realizó una campaña para renovar los jurados, logrando que un “69% son nuevos evaluadores que no habían nunca antes participado”.
Por último, Lobos se refirió a las nuevas restricciones en el uso de recursos públicos para contenidos específicos. En sus palabras: “Se prohibieron en todos los fondos públicos financiar ya programación que tuviera carácter pornográfico o de violencia excesiva”, una medida que busca alinear los criterios del ministerio con los de otras instituciones como la Corfo y el Consejo Nacional de Televisión.
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