El panorama en Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio de 2026 es, según testigos directos, una mezcla de dolor profundo y una creciente tensión política. Mientras las autoridades elevan oficialmente la cifra de fallecidos a 1.719 personas y reportan más de 5.000 heridos, la gestión de la crisis por parte del Estado ha quedado bajo la lupa internacional. En medio de este escenario, los rescatistas conocidos como «Topos» chilenos han denunciado dificultades inusuales para realizar sus labores de salvamento.
Luis Ernesto Blanco, director editorial del portal venezolano runrun.es, conversó en Palabra Que Es Noticia sobre la situación que se vive en el litoral central. Blanco, quien ha recorrido la zona de La Guaira, advierte que la magnitud de la catástrofe ha sobrepasado cualquier antecedente histórico en la región.
La denuncia de los «Topos» de Chile
A pesar de la urgencia por encontrar sobrevivientes entre los escombros, la colaboración entre los rescatistas internacionales y las fuerzas de seguridad locales no es la óptima. Uno de los puntos más críticos es la denuncia realizada por las brigadas chilenas. Según relata Blanco, tras conversar con los especialistas, el ambiente de trabajo es hostil por la intervención militar.
Sobre este punto, el entrevistado fue enfático al citar su conversación con el líder de la delegación chilena: » Tuve la oportunidad de hablar con Francisco Lermanda, uno de los topos chilenos. Y justamente hablaba hablaba de eso. Una de las cosas que nos comentaba en entrevista que le hicimos tenía que ver con este intento de control. Este intento de restringir incluso las manos voluntarias que tratan de acercarse».
Además, Blanco detalló cómo esta restricción afecta la operatividad del rescate: «él dice la importancia que tienen para el apoyo logístico de los expertos, de los que están tratando de cavar en medio de los escombros y conseguir rescatar personas, que ese apoyo logístico es invaluable y que los militares han tratado de hacer un cerco de las zonas pidiendo ese apoyo».
Una respuesta estatal «ausente»
La percepción de los ciudadanos y expertos en el terreno es que el gobierno no solo es insuficiente en su respuesta, sino que en ocasiones entorpece la ayuda civil. Para Blanco, el contraste entre la acción de los vecinos y la de las fuerzas armadas es evidente y doloroso.
Sobre lo que observó el fin de semana, el director de runrun.es afirmó que «la cobertura del Estado, la gestión de la crisis, ha sido muy limitada. A veces hasta ausente y por lo menos en todo lo que fue el rescate, fue prácticamente la gente».
Blanco profundizó en el comportamiento de los uniformados, señalando una dinámica obstructiva: «la poca colaboración de las Fuerzas Armadas también se eleva en en superlativo ante el hecho de que en muchas ocasiones hay denuncia de que se encargaban de obstaculizar la llegada de de colaboradores de ayuda a determinados sitios más que ayudar, incluso esto estaban obstaculizando».
Censura y restricciones a la prensa extranjera
Por otro lado, la gestión de la información se ha convertido en un nuevo frente de conflicto. Desde la mañana de este martes, el acceso a las zonas más afectadas se restringe para los medios de comunicación internacionales. Esta medida busca, según Blanco, evitar que se documente la precariedad de la respuesta oficial.
Sobre el manejo informativo, el periodista explicó: «el Estado ha sido o comienza a ser cada vez más restrictivo con el manejo de la información. A partir de de esta mañana los corresponsales y enviados de medios extranjeros tienen por 48 horas impedido el acceso a la a la zona».
Esta decisión rompe con los protocolos previos de traslado con control .«Se habían puesto un operativo donde iban a trasladarse obligatoriamente en unas unidades de transporte hacia La Guaira. Y eso queda suspendido por las próximas a partir de hoy por 48 horas. Se supondría que los corresponsales extranjeros no pueden acceder al sitio al sitio de desastre», señala.
El temor por la cifra real de fallecidos
Finalmente, existe una honda preocupación sobre la veracidad de los balances oficiales. Aunque se reportan cerca de 1.800 muertos, el tipo de edificaciones colapsadas sugiere que el número final será dramáticamente superior.
Blanco vincula este temor con el historial de opacidad del gobierno. «Sse temor existe y además hay antecedentes que que hacen que que el temor esté presente, ¿no? La misma tragedia de Vargas en el 99. La misma gestión de la de la crisis de del COVID en 2020 y 2021 hace pensar que el gobierno va a intentar al menos controlar la información», explica.
Sobre la proyección de víctimas, concluyó con una advertencia sombría. «Hablar de cifras en este momento, la verdad, es muy arriesgado. Pero sí estamos seguros y no nos cabe la menor duda que esas cifras de 1700 o 1800 muertos por la tragedia crecerán muchísimo en los próximos días. No abarcan la magnitud de la tragedia», sentenció.
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