A partir del próximo 1 de julio, los hogares chilenos enfrentarán un escenario complejo en sus gastos básicos. Según la información oficial, entrará en vigencia una actualización de las tarifas eléctricas que implicará un aumento promedio del 4,9% a nivel nacional. Sin embargo, este ajuste es solo la punta del iceberg de una discusión legislativa más profunda.
Javier Piedra Fierro, director de la Fundación Energía para todos y académico de la Universidad de Concepción, analizó en Palabra Que Es Noticia los alcances del nuevo proyecto de ley del Ejecutivo titulado «Ordenemos las cuentas». Según el experto, aunque la iniciativa busca resolver deudas acumuladas, el mecanismo propuesto resulta profundamente injusto para el consumidor residencial.
El origen del conflicto: Deudas individuales vs. colectivas
Para entender el impacto, Piedra Fierro explica que existen dos tipos de deudas generadas tras el congelamiento de tarifas iniciado en 2019. Mientras que la deuda con las generadoras fue colectiva, la situación con las distribuidoras es distinta. El académico detalla el contexto actual:
«Quedó faltar pagar una deuda a las distribuidoras, que ya no era de 6500 millones de dólares, sino que de 900 millones de dólares, harto menos, pero una cifra así igual considerable por el atraso en 42 meses de actualizar la tarifa eléctrica».
El punto crítico reside en cómo se pretende cobrar este monto de 900 millones de dólares. Según el director de la fundación, el proyecto de ley busca socializar una deuda que, por naturaleza, no es igual para todos los ciudadanos:
«La deuda con las distribuidoras es una deuda individual. Yo tengo una deuda, tú tenías otra deuda, todo el mundo tiene una deuda distinta. ¿Qué es lo que hace el proyecto del Gobierno? El proyecto del Gobierno dice, ‘¿Sabe qué? Vamos a agarrar toda la deuda de todo el mundo y le vamos a hacer una sola gran deuda, ¿ya? Y entre todos la vamos a pagar con un cargo único'».
El costo de la ley: Un recargo del 40% para el promedio nacional
Uno de los datos más alarmantes entregados por Piedra Fierro es el encarecimiento que sufriría el pago de la deuda bajo el nuevo marco legal en comparación con el escenario sin ley. Al analizar las cifras proyectadas por el propio Ministerio de Energía, el experto llega a una conclusión preocupante para el bolsillo de las familias chilenas.
«La ministra dijo algo al final. Dijo, ‘si no hay proyecto de ley, va a pagar cada uno en promedio nacional 1,450 pesos mensuales por 4 años’… son 69,600 pesos. 70 lucas con sin ley… pero con ley van a ser 100 lucas. Entonces, mejor, no nos conviene sin ley… la ley nos va a hacer pagar como un 40% más».
Este incremento se debe a que el proyecto establece un cargo de 5 pesos por kWh más IPC que se mantendrá vigente entre los años 2028 y 2035. Piedra Fierro sostiene que esto generará distorsiones graves, donde usuarios con deudas mínimas terminarán pagando diez veces más de lo que deben originalmente:
«El 46% de los usuarios de Chilquinta, su deuda es menor a los 10,000 pesos. Y con este proyecto de ley van a terminar pagando alrededor de 100,000 pesos porque su deuda chiquitita ya, pero como todos vamos a pagar aportar lo mismo».
Injusticia social: Familias subsidiando al sector comercial
Otro de los puntos medulares de la crítica de la Fundación Energía para todos es la transferencia de riqueza que este proyecto implicaría. Al unificar la deuda bajo un solo cargo, los hogares residenciales terminarían asumiendo los costos pendientes del sector comercial, el cual posee una capacidad distinta de absorber y traspasar dichos costos.
«El 50% de la deuda es justamente el sector comercial, que son 200,000 usuarios versus los 6 millones que son los otros. Entonces al final la gente, nuestras familias, le van a terminar pagando la deuda al sector comercial. Y yo creo que eso sí que es injusto».
El académico enfatiza que, a diferencia de un hogar, una empresa tiene herramientas para lidiar con el alza:
«Ellos le suben la cuenta a la luz. Ellos pueden traspasar, cierto, lo que mayores costos a sus clientes, pero una familia no tiene cómo traspasar los costos de su cuenta de la luz».
La «luz al final del túnel»: Renegociación de contratos
No todo es negativo en el análisis de Piedra Fierro. El experto destaca que el proyecto incluye una medida que su fundación ha impulsado por años: la facultad del Estado para sentarse a renegociar con las empresas generadoras de energía.
«La buena noticia es que el proyecto trae un artículo transitorio que permite al Estado renegociar contratos eléctricos con la generadora… es normal que el estado vaya, si ni siquiera es como usted una alternativa como de expropiar contrato, echar abajo, no; sentarse a conversar, renegociar… creo que eso es una buena noticia porque en el fondo de una otra manera el gobierno está mostrando voluntad política».
Esta medida es vista como el camino real para lograr una baja sostenida en las cuentas, considerando que actualmente Chile paga contratos firmados hace más de 15 años a precios que no reflejan la realidad actual de las energías renovables.
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