El ingreso al Congreso del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades ha desatado un intenso debate técnico y político. La iniciativa del Ejecutivo busca sancionar conductas que afecten el orden público y los bienes comunes mediante la suspensión de beneficios estatales, tales como becas de educación superior, subsidios habitacionales y la imposibilidad de obtener licencias de conducir o pasaportes.
Para profundizar en las implicancias de esta medida, Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica e investigador del núcleo milenio complejidad criminal, analizó en Palabra Que Es Noticia los puntos críticos de la propuesta.
Cuatro pilares de una «propuesta inconveniente»
Desde una perspectiva académica y técnica, Duce es categórico al evaluar el proyecto gubernamental. “Lamentablemente me parece una mala idea y el proyecto que fue presentado este fin de semana (…) lo confirma, o sea, no solo como idea, sino que la propuesta concreta, en mi opinión, es una propuesta muy inconveniente”. El experto fundamenta su rechazo en cuatro ejes principales que cuestionan la base misma de la ley.
En primer lugar, Duce señala que el objetivo de disuasión es inexistente: “Este registro se crea con un objetivo específico que es disuadir la comisión de ciertos tipos de allí donde la evidencia muestra que este tipo de respuestas va a tener un impacto nulo o mínimo o marginal, incluso nada”.
En segundo lugar, advierte sobre un posible efecto contraproducente en la población juvenil: “La intervención de este tipo para ciertas categorías de personas, particularmente jóvenes, puede producir el efecto contrario, más bien puede producir un aumento de probabilidad de que esos jóvenes se involucren en carreras criminales”.
Como tercer punto, Duce destaca que “al tiro saltan a la vista varios conflictos constitucionales más o menos evidentes. El principio de proporcionalidad, potenciales problemas de debido proceso, igualdad, O sea, hay un problemón constitucional más o menos gigantesco”. Finalmente, critica el uso de recursos, afirmando que “en un contexto de escasez de recursos, uno tendría que optar por medidas que tengan la capacidad de lograr los objetivos que se proponen y no medidas ineficaces o ineficientes”.
El problema de las definiciones: de rayados a homicidios
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la mezcla de conductas de distinta gravedad bajo una misma etiqueta. Según Duce, aunque la narrativa habla de «vandalismo», el texto legal incluye delitos de alta complejidad. “Cuando tú luego vas a ver la lista de delitos que se incorporan. Lo que encuentra es delincuencia violenta, pura y dura que no tiene nada que ver con vandalismo. O sea, básicamente se mete, por ejemplo, en el registro a los homicidios de carabinero, maltrato de obra, homicidio de fiscales. Tráfico de drogas”, desmenuza.
Esta amalgama de delitos genera, según el investigador, una distorsión en la proporcionalidad de las penas. “Los rayados que han generado mucha discusión aparecen en el listado de vándalos. Y por tanto el rayado se hace equivalente a matar a un carabinero o matar a un fiscal. Entonces ahí también te empiezo a mostrar un poco los problemas de proporcionalidad que tiene esto”. Duce enfatiza que “nadie pondría en una misma categoría de edad dos hechos de naturaleza tan distinta”.
El impacto social: una medida con sesgo de clase
El análisis de Duce también aborda cómo estas sanciones adicionales afectan desproporcionadamente a ciertos sectores de la sociedad que dependen de los beneficios del Estado. “Efectivamente puede haber problemas de igualdad porque muchos de estos ya tienden a afectar más fuertemente ciertos ciertos sectores sociales”. El experto explica que esto se debe a que las incivilidades más leves suelen ocurrir en “ciertos sectores sociales que, por ejemplo, ocupan los espacios públicos como espacios de socialización”.
Para ilustrar este punto, Duce plantea un escenario cotidiano que podría truncar el futuro de un joven. “Imagínate tú eh pillan un joven de 18 años que con unos amigos iba a una fiesta y se van tomando una cerveza camino a la fiesta en una plaza o en la calle. Bueno, cabe dentro del registro”. desarrolla. Las consecuencias, advierte, son automáticas y severas: “Si eres condenado, automáticamente que te quitan beneficios como la tarjeta nacional estudiantil. E incluso este joven si quiere decir, ‘Bueno, eh voy a trabajar, voy a sacar carné para poder eh trabajar en delivery, Uber, no me lo dejan sacar’”.
Un llamado a la racionalidad técnica
Ante este escenario, Mauricio Duce hace un llamado a la autoridad para que reconsidere el camino tomado. “Ojalá en este tema baje la racionalidad y nos permita tener una discusión más profunda de cómo podemos enfrentar las insibilidades de manera que sea efectiva, no efectista”.
Su conclusión es clara: endurecer las penas o crear registros no resuelve la falta de eficacia del sistema. “Te van a seguir rayando la pared. Lamentablemente, lamentablemente el sistema no funciona con que yo subo pena y se arreglan los problemas”. Para el experto, el foco debe estar en mejorar la respuesta institucional y la capacidad de sanción real, en lugar de implementar un sistema de «penas paralelas» que podría agravar la criminalidad.
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