La crisis migratoria en Chile ha tomado un giro dramático tras revelarse antecedentes sobre el ingreso irregular de menores de edad provenientes de Haití. El presidente José Antonio Kast lideró recientemente una reunión con los tres poderes del Estado para abordar el ingreso de al menos 200 niños haitianos entre 2023 y 2025, bajo una supuesta reunificación familiar. En este contexto, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, explicó en Palabras Sacan Palabras la compleja red que opera detrás de estos movimientos.
Un negocio lucrativo con la desesperación familiar
Uno de los puntos más polémicos de la entrevista concedida por Thayer es la identificación de actores privados que lucran con el traslado de menores. Según el exdirector, no se trata de eventos aislados, sino de una estructura económica activa. Al ser consultado sobre las irregularidades detectadas, Thayer fue enfático en señalar que “hay ciertamente un negocio en líneas aéreas, hay ciertamente un negocio en agencias”.
Este esquema se alimenta de la vulnerabilidad de las familias residentes en Chile. Thayer explicó que existen “familias que financian parte de ese negocio para traer a sus hijos o cónyuges”. En muchos casos, los padres no viajan a buscar a los niños por temor a perder su estatus migratorio o por la imposibilidad de reingresar al país, lo que deja el espacio abierto para intermediarios.
El antecedente del vuelo chárter: 98 niños y 2 adultos
La cronología de esta crisis se remonta a enero de 2023, cuando se encendieron las primeras alarmas por un vuelo desde Puerto Príncipe. En esa ocasión, un avión pretendía aterrizar con 98 menores a cargo de solo dos adultos. Thayer relató que, tras chequear la lista de pasajeros con la PDI, “detectábamos que había personas que no tenían todos los documentos en regla”.
Debido a estas irregularidades, el Servicio Nacional de Migraciones solicitó la cancelación de dicho vuelo. No obstante, la situación no terminó ahí. El exdirector reveló que, ante la persistencia de estas prácticas, se solicitó a la Dirección de Aeronáutica Civil “la suspensión permanente de la operación en Chile de tres líneas aéreas”. Por consiguiente, el Estado chileno ya tenía conocimiento de que existía una “intención de traer niños en una situación compleja, incumpliendo las normativas migratorias”.
Haití: Un país en «descomposición institucional»
Para comprender la magnitud del problema, Thayer subrayó la realidad del país de origen. Haití no es solo un Estado en crisis, sino que se encuentra en una etapa de colapso total. El exdirector describió la situación como un desafío para cualquier administración, ya que “involucra un país en descomposición institucional”.
Además, añadió que a partir de 2025 la situación se volvió insostenible. En sus palabras: “en Haití la situación se agrava muchísimo… la situación queda absolutamente caótica, humanitaria, enorme”. Esta falta de un interlocutor válido en Haití facilitó que se presentaran documentos fraudulentos, los cuales fueron denunciados por el servicio ante el Ministerio Público.
El polémico Memorándum 1886 y los controles migratorios
Durante la entrevista, Thayer fue cuestionado por la firma del memorándum 1886 en mayo de 2024, el cual flexibilizó la presentación de documentos. El exdirector defendió la medida argumentando que se debió al retiro del cuerpo consular en Haití por inseguridad. Sin embargo, aclaró que esto no significó una «puerta abierta» sin fiscalización.
“El Servicio Nacional de Migraciones no dejó en ningún momento de hacer controles”, afirmó Thayer, asegurando que la institución verificaba los documentos directamente ante la falta de consulado. Además, enfatizó que “la validez de ese documento la certifica siempre el Servicio Nacional de Migraciones” y que él, como director, daba garantía de que el servicio estaba preparado para dicha tarea.
¿Dónde están los 486 niños «perdidos»?
Uno de los datos más alarmantes del preinforme de Contraloría es el desconocimiento del paradero de cientos de menores. Ante esto, Thayer ofreció una explicación técnica. Según él, el informe se basa en “direcciones que están registradas en el Servicio Nacional de Migraciones que son direcciones que las personas entregan en el momento en que se le otorga la residencia definitiva y que no necesariamente actualizan”.
A pesar de esto, Thayer sostuvo que estos niños suelen tener vínculos con el sistema de salud y educación. No obstante, reconoció que existen riesgos criminales graves. En las zonas donde no hay vuelos comerciales, advirtió que “puede haber personas que aprovechen esta situación para trata”.
Autocrítica y el futuro de la investigación
Finalmente, el exdirector realizó una autocrítica sobre la gestión de la información en el Estado. Thayer reconoció que “el estado tiene que tener una mejor capacidad de tener información integrada automática para poder de alguna manera compartir toda esa información”. Aunque se han firmado convenios con la PDI y el Ministerio Público, la integración no es generalizada en todas las instituciones estatales.
La próxima semana será clave, ya que se entregará el informe final de la Contraloría y Thayer deberá comparecer ante el Congreso. El objetivo será esclarecer responsabilidades en una situación que, según sus propias palabras, involucra “delitos sumamente dañinos para menores de edad”.
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