En una reciente entrevista concedida a Radio Futuro, el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, expresó su profunda preocupación y rechazo categórico a la forma en que se está tramitando el proyecto de ley de Reconstrucción en el Congreso. El líder ambientalista no ahorró calificativos para describir la iniciativa, señalando que la rapidez de su discusión podría tener consecuencias irreversibles para el ecosistema chileno y la transparencia del Estado.
Un proyecto calificado como «mamarracho» ambiental
Para Greenpeace, la urgencia impuesta a la tramitación de esta ley oculta deficiencias graves en su redacción y espíritu. Asún fue enfático al señalar que el texto ignora la visión técnica acumulada durante años: «la información es bastante confusa, da la impresión de que están tramitando este proyecto de ley como que si no importara la opinión de los expertos de la ciudadanía».
Según el director de la organización, la prisa legislativa tiene un trasfondo oscuro que afecta la base de la protección del entorno en el país. «Es un mal proyecto y por lo tanto tramitarlo de manera apurada en materia ambiental implica seguir desmantelando la institucionalidad ambiental y permitiendo que se haga negocio con la destrucción de la naturaleza». Por esta razón, el entrevistado fue tajante al definir el contenido del documento: «La verdad, yo creo que no hay palabras eh que permitan calificar de otra manera, sino como un mamarracho, digamos, lo que está expresado en materia medioambiental».
El riesgo latente para la Patagonia y las ballenas australes
Uno de los puntos más críticos expuestos por Asún es el impacto directo que esta legislación tendría sobre ecosistemas extremadamente frágiles. Específicamente en el sur de Chile. La ley facilitaría procesos que hoy están estrictamente regulados, como la relocalización de industrias extractivas. El entrevistado advirtió que el proyecto «evita que se fiscalice y se evalúe ambientalmente relocalizaciones de salmoneras desde un área protegida a otra área protegida».
Esta falta de control no es menor, considerando la biodiversidad que albergan esas zonas. «Los fiordos de la Patagonia son el lugar en donde se vienen a alimentar las ballenas australes de este lado del mundo». El director de Greenpeace subrayó que el avance de esta normativa «implica sacrificar los fiordos de la Patagonia por en riesgo ecosistemas que resultan críticos».
¿Indemnizaciones del Estado a empresas privadas?
Un aspecto que genera revuelo es la posibilidad de que el Estado chileno termine financiando a empresas cuyos proyectos se rechacen o impugnen judicialmente. Según Asún, el informe de la Corte Suprema sobre esta ley es «lapidario» y sugiere que los jueces podrían verse coartados al fallar.
«Los jueces lo que estarían haciendo es implícitamente condenando al Estado de Chile con presupuesto público para indemnizar esa empresa», explicó Asún en relación a proyectos que sean impugnados tras recibir una calificación favorable inicial. El activista profundizó en este punto señalando que, bajo la redacción actual, si una resolución se retira, «todos los gastos en los que incurrió el particular desde la obtención de la resolución hasta el rechazo, sí serían indemnizados por el Estado». Para Greenpeace, este es un error de base, ya que «los riesgos deben asumirlos los privados. No todos nosotros con el erario público».
«Caballito de Troya» y el llamado a la «batalla»
Asún también criticó la falta de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y el rol que está jugando el Poder Legislativo frente a las presiones del Ejecutivo. Citando preocupaciones de parlamentarios, comparó la ley con «una especie como de caballito Troya». Además, cuestionó el ritmo de la discusión: «¿Qué sentido tiene primero tratar al Congreso como buzón y segundo que nuestros compañeros diputados se comporten como cartero?».
Ante este escenario, el director de Greenpeace dejó claro que no se quedarán de brazos cruzados si el proyecto avanza sin modificaciones sustanciales. «Y la verdad, si esto se hace a tontas y a locas, sin mirar y si sin escuchar a la ciudadanía, tengan seguro que esto es batalla». Al consultarle sobre el significado de esa advertencia, detalló que se refiere a «denuncias ciudadanas, gente protestando en relación a malos proyectos» y acciones legales.
Independencia financiera: «Gracias por nada»
Finalmente, Matías Asún aprovechó para destacar la campaña «Gracias por nada», que refuerza la independencia de Greenpeace de los poderes fácticos. «Greenpeace no recibe financiamiento ni de partidos políticos, ni de gobiernos, ni de empresas, solo de personas particulares». Esta autonomía es la que les permite, según sus palabras, enfrentar proyectos que consideran nocivos.
«El medio ambiente está siendo usado como moneda de cambio. Y básicamente la forma en la que estamos llevando el debate implica un sacrificio ambiental». Asún cerró su intervención asegurando que, si bien la agilidad en la inversión es necesaria, «esa burocracia en ningún caso puede hacerse en contra de los derechos de las personas, los derechos del medio ambiente y el cuidado de la casa común».