En una reveladora entrevista con Antonio Quinteros en Palabra Que Es Noticia, el abogado Mauricio Daza entregó detalles inéditos sobre la querella criminal presentada por Greenpeace Chile en el marco del polémico proyecto minero portuario Dominga, impulsado por Andes Iron.
La acción judicial, que apunta a delitos de cohecho agravado y revelación de secretos, busca desentramar una red de influencias que, según Daza, representa solo «la punta de un enorme iceberg».
Un «nexo oculto e inverosímil» con el poder judicial
La querella surge tras descubrirse vínculos entre la empresa titular de Dominga y el estudio jurídico Lagos, Vargas y Silver, cuyos socios están hoy imputados en la trama de corrupción conocida como «la muñeca bielorrusa». Daza explica que este vínculo llama la atención por ser «oculto e inverosímil».
El abogado profundiza en las razones de esta sospecha: «¿Y por qué es oculto? Porque nadie sabía hasta la investigación, salvo probablemente los abogados del estudio de Anderson [Andes Iron], que existía este nexo». Además, resalta que la empresa litiga formalmente con otro bufete (FerradaNehme), por lo que este segundo contrato paralelo resulta sumamente extraño para la causa judicial.
Pagos millonarios por informes de «copiar y pegar»
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es el monto y la justificación de los pagos realizados por Andes Iron al estudio cuestionado. Según el abogado, «se contrató por más de 250 millones a lo menos… para que asesoraran, y ellos mismos lo reconocen a Anderson [Andes Iron] en la tramitación de Dominga».
Sin embargo, el perfil de los asesores no coincide con la complejidad del caso. Daza enfatiza: «Pero fíjate, estas personas no tienen ninguna experti en materia ambiental ni en litigación ambiental. Entonces, ¿por qué le pagaron 250 millones?». Asimismo, el abogado revela que la supuesta labor realizada carecía de valor técnico: «Se estableció que esos informes son básicamente copiar y pegar información que está abierta en internet».
El vínculo con el ministro Jean Pierre Matus
La arista más grave de la querella toca directamente a la Corte Suprema. Durante las audiencias, uno de los socios del estudio, Eduardo Lagos, admitió nexos directos con un alto magistrado. Daza relata que Lagos «reconoció que Jean Pierre Matus es un colaborador del estudio Lagos, Vargas y Silver. Y además reconoció que María Cecilia Ramírez, la señora de Matus, trabajaba en el estudio».
Este dato es fundamental, ya que, según el abogado patrocinante, el ministro Matus tuvo en sus manos decisiones clave sobre el futuro de la minera: «Resulta que Matus conoció y resolvió dos veces recurso del proyecto Dominga y no se ne habilitó siendo ministro de la Corte Suprema». Para Daza, esto ocurrió en un escenario donde existían estos «pagos que eran ocultos e inverosímiles» por parte de Andes Iron al entorno del ministro.
Defender la probidad es defender el medio ambiente
Ante la pregunta de por qué una organización ambiental como Greenpeace se involucra en una causa de corrupción judicial, Mauricio Daza es tajante. Para el jurista, la integridad de las instituciones es la primera línea de defensa de la naturaleza.
«Finalmente defender la transparencia y la probidad de la institucionalidad ambiental también es defender el medio ambiente porque la transparencia y la probidad en ese ámbito es algo muy importante». El objetivo de la querella, según explica, es «garantizar que esa institucionalidad va a operar bajo los estándares de un estado derecho en forma».
La «cultura institucional de impunidad» en Chile
Daza, quien ha participado en casos emblemáticos como SQM, Penta y Corpesca, advierte sobre los peligros de que estas investigaciones no sean impulsadas por actores externos. Según su experiencia, en el país existe una resistencia a tocar a los círculos de poder.
«Lo que pasa es que hay una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves de corrupción cometidos por altas autoridades en nuestro país». El abogado describe este tipo de causas como un «fierro caliente» que suele dejarse de lado de manera inexplicable. En este sentido, la querella busca que el caso no se detenga: «Muchas de estas investigaciones se truncan más que para salvar a alguien, se truncan para que no se investigue toda la verdad de estas redes de corrupción que se están imputando».
La acción judicial busca «esclarecer la verdad» y establecer responsabilidades criminales ante indicios que califica como evidentes. Mauricio Daza concluye que, aunque la corrupción no sea generalizada, lo revelado hasta ahora es apenas el comienzo de una trama mucho más profunda en el sistema judicial chileno.