En un nuevo programa de Palabra Que es Noticia, Andrea Moletto conversó con Sebastián Naveillán, comisionado de La Paz y entendimiento y representante del gremio de agricultores de Malleco, sobre los resultados de la Comisión de la Paz y Entendimiento, donde dío el voto disidente que hizo que no se consiguiera la unanimidad.
La Comisión de la Paz y Entendimiento
El comisionado explicó cómo fue el desarrollo de la comisión: “Se puso tenso al final y aunque el ambiente fue super cordial entre todos, claramente en la última recta hubo tensiones dentro de la discusión”.
Si bien valoró algunos aspectos del documento final, expresó que no le dio su apoyo por un punto clave: “El documento en general tiene cosas que son razonables, pero lamentablemente en un punto central que es la tierra, no me daba la certeza de que el problema se iba a cerrar y se colocaron cosas a último minuto que hicieron que mi voto fuera en contra, pero la propuesta tiene cosas buenas”.
La principal crítica: el conflicto por las tierras
Naveillán objetó el enfoque del informe respecto a la restitución de tierras: “El problema de las tierras es que tenemos un grupo que dicen que estas son de ellos, mientras que también está el otro grupo que somos nosotros, que la trabajamos, las tenemos respaldadas legalmente y hemos sido dueños de estos terrenos por más de 100 años en muchos casos. Y ahí hay un problema desde que se crea la ley indígena, donde llegamos a hoy, que hemos tenido violencia, terrorismo, asesinato de personas, ósea la situación ha ido incrementando por esta ley”.
Según explicó, la ley en un principio buscaba compensar los desmedros en los títulos de merced entregados a comunidades indígenas. Sin embargo, hoy se aplica un criterio de 10 hectáreas por familia, lo que habría multiplicado la superficie demandada: “Pasamos de que eran alrededor de 50 000 hectáreas, a que hoy día cada familia tiene 10 hectáreas. Este tema no tiene fin si no se le pone un límite, y por eso me preocupa que, en la redacción final, incluyeran a último momento un punto que exige disponer de 240.000 hectáreas para su compra y cierre del conflicto. No estoy dispuesto en la eventualidad a firmar eso”, advirtió Naveillán.
En la misma línea agregó: “Creo que una persona puede presentar una demanda legítima cuando tiene un papel que acredita su propiedad. Nosotros tenemos documentos que respaldan que todas nuestras tierras nos pertenecen. Me parece que existe una diferencia de concepto, porque cuando el Estado creó la ley indígena, entregó los títulos de merced para reparar los desmedros, y el resto de la tierra pertenece legítimamente a sus dueños”.
Cuestionamiento al sistema de distribución de tierras
Naveillán propuso dejar de usar la compra de tierras como herramienta para resolver el conflicto: “Aquí la solución de este conflicto no es con tierras a la Araucanía y obviamente lo importante es cerrar un conflicto que le ha causado un gran daño al sur de Chile, tanto financiero, tanto con asesinato. Propongo dejar de comprar tierras. El Estado, a través de CONADI, debe compensar económicamente, y si nadie quiere vender de forma voluntaria, nadie debería obligarlos”, sostuvo Naveillán.
Cerró con una advertencia sobre los efectos del actual sistema: “El sistema que tenemos actual es bastante perverso y eso hay que cortarlo porque pone presión sobre la tierra y en el sur de chile se produce el alimento para el país y hay unas preocupaciones por parte mía de que hay que ser responsable con esto”.