En un nuevo programa de Palabra Que es Noticia, Andrea Moletto y Antonio Quinteros conversaron con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, para conocer los resultados de la Ley de Pago Efectivo de Pensión de Alimentos en su segundo aniversario, el lanzamiento de la Ventanilla Única Social y otros temas de contingencia.
Impacto de la ley “papito corazón”
La ministra señaló que: “Alrededor de 270.000 personas, niños niñas y adolescentes y también sus madres, porque la pensión de alimentos es un derecho de niños y niñas y cuando no se paga el decremento económico cae en sus madres. Hay un 97% de mujeres a las que se les debe la pensión de alimentos tramitadas ante tribunales”.
En esa línea, Orellana destacó que muchas familias hoy reciben apoyo concreto gracias a la ley: “La pensión de alimentos es básicamente la manutención, alimentos y algo más y por lo tanto ellos lo están persiguiendo y el desafío que muestra es que tenemos que seguir avanzando en una cultura de corresponsabilidad y responsabilidad parental, ya que este abandono es una vulneración grave a los derechos de los niños y que se ha convertido como en parte de la cultura”.
Mecanismo de la ley
La ministra subrayó que el objetivo no es castigar, sino incentivar el pago: “Pese a que hay una tentación bien fuerte de ponerle nuevas cosas al registro de deudores tenemos que ser cautelosos de ver cosas que induzcan al pago, porque al final lo que queremos conseguir es eso. Abrimos la posibilidad de salir del registro puesto que, si no estaba la posibilidad de salir, ¿cuál era el incentivo a pagar?, en el fondo los deudores se iban a quedar para siempre con la licencia sin renovar, la inscripción de ventas inmuebles o la otorgación de créditos, entre otros tramites prohibidos”.
“Desde que abrimos está posibilidad en mayo de 2023, 160.000 han salido del registro llegando a un acuerdo de pagos serio y suficiente o pagando, por lo tanto, esto nos ha servido para ir apalancando”, añadió.
Frente a propuestas como prohibir el ingreso a casinos u otros castigos, Orellana fue enfática: “Yo creo que siempre tenemos que ver aquello que conduzca al pago y que no induzca riesgo de violencia intrafamiliar que es otro fenómeno que puede ir cruzado”.
Modernización del Estado
La ministra también abordó el nuevo portal “Ventanilla Única Social”: “Cuando se habla de una modernización del estado generalmente se piensa en proceso más modernos para los funcionarios, pero yo creo que este portal al que se puede acceder con la clave única “Ventanilla Única Social” centraliza más de 130 tramites como la consulta sobre la PGU, los subsidios de vivienda, las alertas de salud si eres del grupo prioritario de vacunación y muchos otros tramites en un solo portal”.
En la misma alinea agregó: “Esto era una posibilidad que ya existía pero que había que implementar una interoperabilidad gracias al registro social de hogares esto puede permitir tener todo enlazado y ahorrarle tramites y tiempo a las personas. En esa línea va la idea de modernización del Estado, que es facilitarle la vida a las personas”.
Sobre los dichos de Kast y el caso Monsalve
Sobre lo que escribió Kast en su pagina de “X” respecto al caso Monsalve, Orellana mencionó: “Más allá de una u otra declaración de uno u otro candidato, ayer la corte suprema tomó una decisión y nosotras como siempre esperamos en especial cuenta la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y la ley Antonia, donde hay dos puntos que nos parecen importantes y que el tribunal razona y obra en lo que refiere a la afectación de la víctima y que la investigación no se vea entorpecida. Esos principios fueron considerados que no se vulneraban y en ese sentido yo creo que lo fundamental es que se continue la investigación y que se pueda pasar a la etapa de juicio para que se haga justicia”.
Además destacó: “Ayer las querellantes también señalaron que es relevante destacar que el fallo en el análisis de la resolución concurre antecedentes suficientes para estimar que se encuentra por establecida la existencia de los delitos que se han denunciado y por lo tanto se tendrán que ponderar los intervinientes pero que finalmente lo decide la Corte Suprema”.
Finalmente destacó: “No es habitual que en delitos sexuales haya prisión preventiva. De hecho, una de las cuestiones que hicimos en la ley Antonia fue reforzar el que las consideraciones que se hacen durante el proceso tengan en cuenta también a la víctima y cómo puede afectar la libertad a la investigación”.