En Palabra Que es Noticia, Antonio Quinteros conversó con Felipe Sandoval, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), quien abordó los desafíos y riesgos asociados al nuevo proyecto de Ley de Fraccionamiento de la Pesca.
El debate en torno a la nueva ley de pesca ha encendido las alarmas en sectores industriales y artesanales por igual. El proyecto busca un fraccionamiento que redistribuya las cuotas entre ambos sectores, una medida aprobada recientemente en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura del Senado.
Sin embargo, las críticas no han tardado en surgir desde todos los flancos, planteando dudas sobre su impacto en la sustentabilidad, el empleo y la actividad económica en las regiones pesqueras del país.
Impacto transversal en el sector pesquero
Desde la perspectiva de la industria, la nueva ley presenta una serie de complejidades que podrían tener consecuencias negativas para el sector. “La pesca en Chile es un mundo muy diverso, con realidades muy distintas según la zona. Una ley bien hecha requiere acuerdos amplios, pero en este caso no ha habido suficiente consenso”, comentó Sandoval.
Entre los principales problemas que identifica, destaca el riesgo ambiental. Según el dirigente, algunas de las modificaciones propuestas podrían comprometer la sustentabilidad de pesquerías que han tardado años en recuperarse. El jurel es un buen ejemplo: “eran 300 mil toneladas el año 2012 y hoy día vamos a llegar a 800 mil, probablemente 1 millón de toneladas”, explicó. Este avance podría estar en peligro con la nueva distribución.
Otro punto crítico es el impacto social y económico. El traspaso de cuotas de la pesca industrial a la artesanal podría resultar en pérdidas de empleo y menor actividad económica. Principalmente en regiones clave como el norte, la zona central y Aysén.
En esta última, por ejemplo, Sandoval advirtió sobre las implicancias para una planta pesquera local en Chacabuco, cuyos trabajadores poseen un 20% de la empresa. “Esta normativa podría reducir drásticamente la actividad de la planta, afectando tanto a sus empleados como a la economía local”, señaló el presidnete de Sonapesca.
Legitimidad y reglas en juego
Uno de los argumentos más controvertidos del Gobierno para modificar la actual ley de pesca es su presunta ilegitimidad, por haber surgido de la cuestionada gestión del exministro Pablo Longueira. Sin embargo, Sandoval refuta esta postura, afirmando que la legitimidad de una ley debe evaluarse por su funcionalidad y no por las opiniones en torno a su origen.
“La ley de 2012 fue aprobada por amplia mayoría en el Parlamento y ratificada por el Tribunal Constitucional. Los cuestionamientos han sido sobre casos puntuales, no sobre la norma en su conjunto”, señaló el presidente de Sonapesca.
Además, criticó que el nuevo proyecto ignore los acuerdos establecidos, como la vigencia de las reglas hasta 2032. “Si se pretende cambiar la ley, debe hacerse por una mejor, no por una que ponga en riesgo lo que se ha logrado en términos de sustentabilidad y empleo”, subrayó.