Hoy comienza el juicio a Los Gallegos, uno de los brazos de la organización criminal internacional “Tren de Aragua”. La causa, considerada de alta complejidad, involucra a 38 formalizados distribuidos en distintos centros penitenciarios a lo largo del país.
Los imputados debían ser trasladados hasta el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, lo que generó rechazo en Gendarmería y la Fiscalía Regional de Arica. Finalmente, la Corte Suprema paralizó la movilización de 19 imputados, y autorizó a que el juicio se realice de manera telemática.
Para profundizar en el tema, en Palabra Que Es Noticia, Antonio Quinteros y Andrea Moletto tomaron contacto con Francisco Cox, abogado penalista.
Juicio a Los Gallegos
“Este juicio es muy relevante en términos de demostrar que efectivamente hay una capacidad investigativa, que se puede determinar quiénes son los responsables y llevarlos a juicio. Sin dejar de lado todo lo que implica tener a esta cantidad de gente, que haya una estructura dentro de Chile con el Tren de Aragua”, señala Cox.
Uno de los puntos de discusión sobre el juicio fue la presencialidad o no. Al respecto, Cox piensa que “tengo que ser capaz, como abogado, de comunicarme fluidamente con mi representado. Por lo tanto, si el abogado está en un tribunal y mi representado en una cárcel, por Zoom, yo no puedo tener ese contacto”.
En ese sentido, el abogado destaca la función de la Defensoría Penal Pública, e indica que “lo peor que puede hacer un Estado es tirar por la ventana los derechos en pos de la seguridad”. “Sin una defensoría fuerte, lo que ocurre es que cualquier persona puede ser imputada, sin que sea testeada esa información”, agrega Cox.
Militarización para combatir al narco
Otro tema tratado fue la idea de sacar a los militares para combatir al narco. Al respecto, Cox piensa que “militarizar la seguridad pública es una muy mala experiencia en la región. Lo que hemos visto es que terminan siendo cooptados por el crimen organizado y toda la preparación estratégica, militar, se termina pasando para los carteles”.
“El riesgo de entregar eso, y del contacto cotidiano de los militares en estas zonas de control de crimen organizado, es muy alto. Y lo que uno termina haciendo es pasarle las armas largas” al narco, explica Cox.