Amnistía Internacional Perú presentó los resultados iniciales sobre graves violaciones de Derechos Humanos cometidos en el contexto iniciadas en diciembre del 2022. Enconferencia sobre los hallazgos iniciales de investigación de la crisis en Perú, se calificó dedesproporcional las intervenciones que hizo la Policía Nacional del Perú en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, se señaló que hay una represión violenta estatal hacia los manifestantes. En Palabras Sacan Palabras conversamos con César Marin, miembro del Equipo de Crisis de Amnistía Internacional de Perú.
¿Qué han podido determinar con este informe?
«La represión tiene un tono racista y discriminatorio hacia sectores indígenas y campesinos. El 80% de las victimas fatales y heridas son hacia ese sector. Forma parte de un patrón que ha subsistido por años. Se han usado armas letales y de control de manera desproporcionada. El tipo de victimización en la población apunta a que ha existido un ánimo de hacer daño a las personas».
¿Cuál ha sido la tónica en las diversas zonas del Perú?
«La represión violenta y las muertes se han concretado en la zona sur del país. En Lima ha existido un uso masivo de la fuerza pero no han sido tan perjudiciales como en el sur. Por ejemplo, el ataque que se dio en la Universidad San Marcos, donde hubo indicaciones de malos tratos y torturas».
¿Qué ocurrió en la Universidad San Marcos en torno a su investigación?
«Personas indígenas han intentado llegar a Lima para realizar una protesta mayor. Muchas personas las recibieron en casas de personas comunes y en la Universidad de San Marcos. La policía ingresó violentamente sin la fiscalización de organismos de derechos humanos. La policía violentó a abogados y periodistas de igual manera. Por horas fueron detenido un centenar de personas y hubo abusos físicos».
«La universidad está protegida por un protocolo. La policía ingresó con un camión blindado y tomaron detenidas muchas personas. También atacaron a estudiantes que viven en la universidad».
¿La policía necesita un permiso especial dado por las autoridades para ingresar?
«Está proscrita, a menos que sea solicitado por autoridades de la universidad, cosa que no quedó resuelta del todo claro. El despliegue fue brutal y se utilizó fuerza física de manera desproporcionada. No hubo presencia de organismos para el resguardo de derechos humanos».
¿Cuántas víctimas se estiman? ¿Cuáles son las cifras duras?
«Estamos consolidándolas. Hay un universo que crece cada vez más y ha existido una política de incentivar el miedo en las personas. Con toda firmeza hay 48 personas fallecidas. Hay mas de 1.200 personas heridas. Ellos tenían miedo de poner denuncia e ir a recintos hospitalarios. Esas personas han sido heridas con armas letales y de contención».
¿Cuál ha sido la respuesta desde el Gobierno?
«Ayer tuvimos una reunión con la Presidenta de la República. Nos dijo que nunca pidió que se utilizara armas letales. No nos respondió nuestra solicitud. Quedamos en que iba a colaborar y esperar los resultados de las autoridades. Es importante que la Fiscalía investigue y de respuesta al horror de la forma en que fueron violentadas».
¿Fueron víctimas focalizadas?
«La connotación racial es muy clara. El 80% de las víctimas son campesinas y de origen indígena».