Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Lidia Casas, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos; y en la previa, se conoció la resolución de La Corte Penal Internacional en La Haya; que determinó NO investigar las denuncias sobre eventuales violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile tras el estallido social. Además, esta semana conocimos el informe de DDHH de la UDP que alertó sobre estereotipos y discursos discriminatorios hacia migrantes y mapuches por parte del Gobierno.
Obligatoriedad de vacuna contra el Covid-19
“La vacuna junto con cualquier otro tratamiento de carácter médico; tiene fundamentos en la bioética. Algunos planteamientos de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, son discutibles; pero nadie puede ser sometido a tratamientos sin que esa persona lo desee. Nadie puede ser resucitado si no lo desea, o si no quiere la quimioterapia, es un respeto a la autonomía. A los profesionales de salud les cuesta entender, por ejemplo, las creencias religiosas que no aceptan la transfusión de sangre. Siempre hay situaciones desde la bioética y desde la justicia, de cómo deben ser considerados los distintos efectos. El covid 19, por su magnitud y los impactos a nivel global, constituye una pandemia que obliga a los estados a adoptar medidas especiales”, afirma Lidia Casas.
Cultura estatal de política sanitaria
“La vacuna tiene un efecto y en el covid 19 hablas de enfermedades transmisibles, puedes convertirte en vector, el efecto del contagio puede afectar en la saturación del sistema de salud, por ello si te vacunas se impide el avance de sus efectos. En África o Asia no se tiene grandes porcentajes de inoculación por su pobreza. Nosotros tenemos una cultura estatal de política sanitaria que hace que las enfermedades sean enfrentadas de buena manera, hay una cultura sanitaria que permite que este gobierno implementara una vacunación exitosa”, afirma la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.
Estallido Social
“Lo que se lleva a la Corte Penal Internacional, es delito por lesa humanidad. Nosotros como centro de DD.HH, hemos señalado que desde el estallido; si bien vimos un patrón de conducta de parte de agentes del Estado desde Arica a Magallanes, hay casos de tortura o de apremio; pero no constituye una violación sistemática de parte del Estado; no hubo un Ejecutivo contraloría, poder Judicial que estuvieran concordados para hacer aquello. La calificación de delitos de lesa humanidad es la calificación más alta en derecho penal internacional. Eso no quiere decir que lo que ocurre en Chile sea gravísimo; y las faltas de justicia frente a las violaciones desde el estallido social deben ser investigadas y los responsables deben ser sancionados”; señala Lidia Casas.
Investigación
“Lo que vemos es dirigir la investigación hacia personas determinadas. Desde el estallido social, hay responsabilidades del alto mando; claramente responsabilidades penales, uno tiene responsabilidad por sus hechos y sus omisiones. Una vez que hay fuerzas del Estado, el mismo es responsable por esa violación a los Derechos Humanos y no ha habido una investigación responsable a los altos mandos de Carabineros, no es posible que después de los traumas oculares no hayan respuestas, hay responsabilidad política y administrativa. El rol del contralor general de la república no se confundió, hizo investigación sobre los métodos de las fuerzas especiales, y las órdenes que Carabineros dio, pero es evidente la responsabilidad de los altos cargos, el personal no se manda solo”, indica la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Rol de Carabineros
“Si nosotros decimos que Carabineros no se manda solo, es porque es dependiente del Ministerio del Interior y de Defensa, y hay que determinar cuánto sabían los ministros y el presidente sobre estos hechos. El caso Catrillanca es un buen ejemplo, hay una acción de sujetos individuales, responsabilidad de medios y altos manos, y de autoridades políticas, del ex ministro Chadwick que dice que repite sólo lo que le dicen, dando por hecho de que hubo un enfrentamiento y ahí muere el comunero mapuche”, indica.
“Si no hay responsabilidades en Carabineros, Chile incumple, porque hay responsabilidad internacional por lo que ha ocurrido. El gobierno ha tenido una conducta particular desde el día 1, ministros que dicen que Chile verá si hay violación a los derechos humano si es que los tribunales lo determinan, pero lo que determinan es responsabilidad penal individual, la calificación de violación de derechos humanos siguen otros estándares, hay una serie de organismos internacionales de DD.HH que hablan de las violaciones cometidas en Chile”, afirma Lidia Casas.
Institucionalidad
“Los organismos internacionales actúan en forma subsidiaria a los órganos internos, en Chile hay una presentación de querella por delitos de lesa humanidad, que es conocida por la fiscal regional de Valparaíso, entonces está el inicio de una investigación de carácter penal por este tipo de delitos. Lo que prima es hacer que la institucionalidad de cada país sea la que provee justicia, no se va directo a la comisión interamericana, hay procedimientos internos”, agrega la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Rol del Presidente
“El Presidente de la República es responsable de su gabinete y a través de él, también de las fuerzas policiales. Se bajó el perfil a lo sucedido, por lo tanto el gobierno, la administración y el Presidente Sebastián Piñera tienen responsabilidad política sobre lo que ha sucedido”, concluye Lidia Casas.
Pueden ver los informes anuales sobre Derechos Humanos en Chile en www.derechoshumanos.udp.cl