«Mi hijo tenía 18 años y murió como una rata»… Era el grito desgarrador de un padre con el rostro ensangrentado en las afueras del Centro de Justicia. La indignación, el dolor, la impotencia de los familiares de los 81 reos muertos en el incendio de San Miguel era descontrolada. Ello, luego de conocer el fallo del sexto tribunal en Lo penal de Santiago que absolvió de forma unánime a los ocho gendarmes acusados de cuasidelito de homicidio por ese incendio, ocurrido el 8 de diciembre de 2010.
El juez José Rodríguez acusó duramente a la fiscalía, señalando que «hubo una desprolija redacción de los hechos en la acusación, que indica dos incendios, en circunstancias que toda la prueba fáctica estuvo encaminada del advenimiento de un solo episodio incendiario». El juez Rodríguez dijo, además, que los medios de prueba presentados durante el juicio por la fiscalía fueron «difusos, imprecisos y contradictorios».
Para unos, el fuego fue voraz, tanto que no hubo nada que hacer, las muertes tras este incendio provocado por los propios reclusos, eran irremediables; los otros, alegaban que se actuó con negligencia de parte de las autoridades del penal, con desidia al no interceder frente a la riña y posterior incendio que desató la tragedia.
Lo concreto es que estos reos estaban hacinados en condiciones inhumanas. Había 70 reclusos donde caben máximo 20, atrapados con candados. Reos que cumplían sus faltas con la sociedad, encerrados por el Estado, varias de ellos empinándose por los 20 años.
Una historia que deja ochenta y un muertos, quemados vivos, y ningún responsable…