La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Sala Cuna Universal con 132 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra. Esta iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para eliminar la exigencia actual de contar con al menos 20 trabajadoras en una empresa para otorgar el beneficio de cuidado infantil.
Históricamente, la legislación fijaba una restricción que afectaba la contratación de mujeres en edad fértil. Frente a este escenario, la diputada del Frente Amplio, Constanza Schönhaut, explicó en Palabra Que Es Noticia el impacto de la normativa previa. «El Código del Trabajo establece la obligación del empleador de prestar el derecho a sala cuna únicamente cuando tiene 20 o más trabajadoras. Esto ha significado una barrera de entrada y un castigo a la contratación de mujeres», afirmó la parlamentaria.
A pesar de las objeciones de fondo al texto gubernamental, el bloque parlamentario decidió respaldar la idea general de legislar. La legisladora argumentó que «eliminar esa norma ya es un avance de protección para las mujeres que en un contexto como el que estamos actualmente es urgente».
Las dos barreras laborales que enfrentan las madres
Para comprender la discusión, la diputada sostuvo que existen dos preguntas clave al evaluar la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. Por un lado, se encuentra el cálculo económico que realiza el empleador al momento de contratar. En este aspecto, la iniciativa logra resolver un desincentivo histórico. «Logramos levantar una de las barreras, que es que el empleador ya no se pregunte por la trabajadora número 20 y pueda contratarla sin pensar que eso significa un costo extra», destacó Schönhaut.
Sin embargo, persiste un segundo obstáculo fundamental que recae directamente sobre las familias. Las trabajadoras deben ponderar el costo financiero del cuidado frente a los ingresos laborales esperados. «La otra barrera que enfrentan las mujeres madres es preguntarse cuánto me cuesta a mí el cuidado de mi hijo para salir a trabajar», sostuvo la parlamentaria.
El impacto en el seguro de cesantía y el copago sin tope
El aspecto central de las críticas radica en el mecanismo de financiamiento propuesto por el Ejecutivo. En lugar de contemplar aportes patronales directos, la norma recurre a los fondos individuales de desempleo de los mismos asalariados. «El sistema de financiamiento es con cargo completamente al trabajador y la trabajadora. El empleador no pone un peso», denunció la representante parlamentaria.
En esa misma línea, Schönhaut cuestionó la sostenibilidad y equidad del instrumento. «Lo que hoy día era un derecho porque el empleador lo garantizaba, hoy sale del seguro de cesantía de cada trabajador. Y eso es un problema, es desvestir un santo para vestir otro», enfatizó la diputada.
Además, el texto legal incorpora un copago que no fija límites máximos al desembolso de los beneficiarios. Esta situación podría desvirtuar el carácter protector de la ley. «Este proyecto del gobierno viene con un copago sin tope. Si no te alcanza para la sala cuna cerca de la pega, vas a tener que desembolsarlo de tu bolsillo. Podría significar un montón de plata que uno diga: entre pagar la sala cuna y salir a trabajar, prefiero quedarme en la casa», advirtió Schönhaut.
El debilitamiento de la oferta pública de educación inicial
Asimismo, la diputada cuestionó la imposibilidad de destinar recursos del nuevo fondo hacia la red estatal de educación parvularia. Instituciones como Junji, Integra y los jardines infantiles de Vía Transferencia de Fondos (BTF) quedan excluidas de estos aportes adicionales. «La fórmula del gobierno no permite que de este fondo salga ningún recurso extra a la oferta pública, a Junji, Integra y los jardines BTF», lamentó la parlamentaria.
Esta restricción resulta problemática debido al alcance territorial que posee el sistema público en el país. «La mayoría de los niños y niñas hoy está en el sector público. El sector público es el que logra llegar a las provincias más lejanas y a los sectores rurales», recordó la legisladora. Por lo tanto, advirtió que la propuesta distorsiona el objetivo del beneficio. «Estos elementos hacen que esto finalmente no sea exactamente un derecho, sino más bien un subsidio, una especie de voucher que termina siendo un incentivo a la privatización de la educación inicial», aseveró Schönhaut.
Un debate que se traslada al Senado
Por último, la representante del Frente Amplio recordó los consensos alcanzados en tramitaciones previas. Según la parlamentaria, en discusiones anteriores existía un enfoque más equitativo sin copago. «Se logró llegar a un acuerdo transversal entre el sector público, privado, gremios y trabajadores con una fórmula más integral y equitativa», relató la diputada.
No obstante, criticó el giro del actual gobierno encabezado por el presidente Kast en la tramitación del proyecto. «Llegó el gobierno del presidente Kast, borró todos esos acuerdos de un plumazo y presentó una indicación sustitutiva», cuestionó Schönhaut. En consecuencia, anticipó un escenario complejo durante el segundo trámite constitucional. «Si bien eliminar la norma de las 20 trabajadoras es un avance, lamentablemente esto no va a terminar de levantar todas las barreras. Lo que nos va a tocar es mantener abierta esta conversación y ver si más adelante podemos avanzar a una solución más integral», concluded la diputada en Palabra Que Es Noticia.
