Un grupo de parlamentarios presentó una iniciativa para derogar totalmente la Ley 19.856 de 2003, normativa que otorga la rebaja de penas por buena conducta. La propuesta sostiene que el comportamiento interno en un recinto penitenciario no asegura la reinserción social ni previene la reincidencia.
Sin embargo, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Riego, cuestionó duramente la medida en Palabra Que Es Noticia. Para el especialista, la iniciativa «no se vincula en lo absoluto con el conflicto de que se trata».
Riego explicó que la polémica actual surgió tras la firma de decretos por parte del ministro de Justicia para otorgar beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Aunque la Ley de 2022 prohibió este beneficio para dichos delitos, el ministro los concedió debido a que los hechos ocurrieron con anterioridad a esa modificación. Esta decisión se respaldó en fallos mayoritarios de la Corte Suprema que determinaron que la restricción no debía aplicarse de forma retroactiva.
Frente a este escenario, el abogado fue enfático: «respecto de ese conflicto esta derogación no aporta nada, no tiene nada que ver». El académico detalló que las personas condenadas antes de 2022 son escasas y que, si se mantiene el criterio de no retroactividad, «igual no se les va a aplicar esta nueva ley».
La verdadera función: gestión penitenciaria y control del hacinamiento
Los parlamentarios promotores afirman que la conducta en prisión no garantiza la rehabilitación. Ante esto, Cristián Riego coincidió en que «el buen comportamiento interno dentro de la cárcel no es indicador de rehabilitación», argumentando que la vida en privación de libertad difiere sustancialmente del medio libre.
Pese a lo anterior, el especialista advirtió que la postura legislativa ignora el propósito central demostrado por la criminología. Según Riego, estas normas «son sistemas premiales destinadas a favorecer la gestión penitenciaria».
El experto enfatizó que estos incentivos cumplen dos roles estratégicos dentro del sistema penal:
- Gobernabilidad interna: Evitan que los recintos se vuelvan ingobernables. Si un recluso condenado a una pena larga sabe que no tiene posibilidades de reducir su tiempo en prisión, existe un alto riesgo de incitar faltas graves. Por el contrario, los incentivos premiales impulsan una mejor conducta porque, «si se comportan mal, van a demorar su salida».
- Control de la sobrepoblación: Permiten regular la saturación carcelaria. En el contexto chileno, con penales intensamente sobrepoblados e infraestructura insuficiente, eliminar estas herramientas agravaría la crisis.
El académico planteó una duda de fondo: «¿esas necesidades de gestión han desaparecido? A mí me parece que no». Además, remarcó la falta de estudios técnicos antes de avanzar en la propuesta: «si se deroga este sistema premial, ¿cuál va a ser el efecto que esto va a tener sobre la gestión penitenciaria? No sé si hay una evaluación, me parece que no la hay».
Ausencia de discrecionalidad en la concesión del beneficio
El abogado también aclaró dudas sobre la entrega de este beneficio, desmintiendo que existan decisiones arbitrarias. Riego explicó que la Ley 19.856 otorga la rebaja de penas —de un mes por año de condena— únicamente a los internos que obtienen la calificación más alta.
Evaluada por Gendarmería y una comisión especializada integrada por jueces, esta nota obliga al Ejecutivo a incluir al postulante en el decreto. Por lo tanto, «aquí no hay discrecionalidad».
Finalmente, Riego enfatizó que la evaluación carcelaria sirve únicamente para medir la conducta intrapenitenciaria y no la rehabilitación futura. «La rehabilitación no se puede evaluar en la cárcel; la rehabilitación hay que evaluarla en libertad», concluyó el especialista en Palabra Que Es Noticia, advirtiendo que derogar la ley generará graves problemas de control carcelario sin resolver el dilema de fondo.