Con más de cuatro décadas de trayectoria académica y un prolífico legado intelectual, la investigadora Ana María Stuven se convirtió en la galardonada con el Premio Nacional de Historia 2026. Sin embargo, más allá de sus aulas y publicaciones, la historiadora ha dedicado un cuarto de siglo a abordar de forma directa la realidad del sistema penitenciario en Chile.
Su acercamiento a esta realidad ocurrió al percatarse de la existencia de un recinto penitenciario femenino ubicado frente al campus universitario donde impartía clases. Este hecho la interpeló como docente e investigadora. Desde aquel momento, asumió la tarea de «pensar la prisión, pensar la cárcel, pensar el encarcelamiento como un problema social y no solamente como un problema penal».
Asimismo, Stuven señala en Palabras Sacan Palabras que la percepción pública sobre el delito ha empujado al país a tomar un rumbo sumamente punitivo. La académica explica que «a medida que la sociedad ha ido tomando conciencia crecientemente del problema de la delincuencia, la sociedad ha buscado políticas más punitivas». Frente a esta tendencia punitiva generalizada, se manifiesta abiertamente crítica. En este sentido, afirma que «muchas personas consideran que la mejor decisión para la sociedad es meter personas a la cárcel. Yo estoy totalmente en contra de eso».
El peligro de la reincidencia ante el abandono estatal
Por otro lado, la historiadora recalca que centrar la estrategia de seguridad únicamente en el encierro genera un círculo vicioso de criminalidad. De acuerdo con sus análisis, el factor crucial para romper este ciclo radica en la capacidad del Estado para reinsertar activamente a las personas que recobran su libertad.
Al respecto, la investigadora enfatiza que «si no hay políticas de reinserción, es muy difícil que la delincuencia no haga más que reproducirse y que las personas reincidan inmediatamente después que salen de la cárcel».
En el caso particular de la población penal femenina, las dificultades se multiplican de manera dramática tras cumplir la condena. Los primeros tres meses fuera del penal resultan críticos. La investigadora detalla que las internas «salen y recuperan la libertad en una situación de pobreza máxima, sobre todo las mujeres, con la necesidad de recuperar sus hijos, con la necesidad de encontrar un trabajo cuando tienen muchas de las puertas cerradas. Entonces, el Estado tiene que elaborar políticas de reinserción adecuadas».
Evidencia concreta: la reinserción social sí funciona
A pesar del panorama adverso, la galardonada sostiene que existen pruebas irrefutables de que el acompañamiento postpenitenciario logra frenar el delito. A través de su labor en la Corporación Abriendo Puertas y la publicación del libro Salir del infierno, se han sistematizado experiencias exitosas de rehabilitación.
Sobre esta labor, la historiadora destaca que «hay ejemplos que nosotros podemos demostrar si es que se interesan en saberlos […] casos concretos de mujeres que vivieron una vida de una vulneración horrible, que pasaron por la cárcel, que la Corporación Abriendo Puertas las pudo capacitar y que las ha acompañado […] y, sin embargo, esas personas no reinciden».
Por lo tanto, la investigadora insta a las autoridades a asumir este compromiso ético y social. Según su visión, «los ejemplos existen. Las pruebas existen. Es solo tema de que se le ponga énfasis en políticas de reinserción. Es una deuda pendiente».
El hacinamiento y la dignidad de las personas mayores
Finalmente, Stuven aborda la problemática del envejecimiento al interior de los recintos penitenciarios. La historiadora cuestiona la efectividad de mantener a personas de la tercera edad encerradas cuando no representan un riesgo de reincidencia.
En esta línea, plantea que «sería conveniente preguntarnos si el Estado está en condiciones de garantizar la dignidad y la mejor condición de vida para las personas mayores en una cárcel». En consecuencia, opina que «no veo sentido a aumentar el hacinamiento carcelario con personas que no van a reincidir. Y que probablemente van a estar en condiciones muy indignas dentro de la cárcel».
No obstante, marca una clara distinción conceptual al referirse a quienes han sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Al ser consultada sobre este grupo, precisa en Palabras Sacan Palabras que «hay que diferenciar los delitos de lesa humanidad y no soy partidaria de que las personas que han cometido delitos de lesa humanidad se vayan a prisión domiciliaria».
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