Recientemente, el sector tecnológico volvió al centro de la discusión pública tras el anuncio de nuevos compromisos voluntarios para guiar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, estos acuerdos generan serias dudas entre los especialistas regulatorios. En este contexto, el académico de la Universidad de Chile y exdirector de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Daniel Álvarez, cuestionó en Palabra Que Es Noticia la efectividad real de este tipo de anuncios corporativos.
En consecuencia, el especialista explicó que las promesas empresariales no constituyen un marco legal vinculante. Al respecto, Álvarez señaló: «Es bien interesante lo que está pasando porque el acuerdo que suscribió Trump esta semana no es un acuerdo, es una declaración de intenciones porque no es obligatorio, no es vinculante, no genera obligaciones específicas. Es muy parecido a un texto que habían firmado las mismas industrias con Biden en el 2023».
Por lo tanto, la repetición de estos esquemas demuestra que la industria tecnológica continúa postergando la adopción de normativas obligatorias. Asimismo, el especialista enfatizó que, tres años después de los primeros compromisos corporativos, los dilemas de fondo siguen totalmente intactos.
Las presiones del mercado versus la privacidad
Por un lado, las grandes corporaciones suelen argumentar que requieren espacios de libertad para innovar aceleradamente. No obstante, la experiencia histórica en el ámbito digital revela un patrón muy distinto. Según Álvarez, confiar de manera exclusiva en la autorregulación resulta insuficiente para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En este sentido, el académico detalló las razones estructurales que provocan este problema: «La experiencia ha demostrado en todos los casos que cuando una industria se autorregula no funciona o no funciona todo lo bien. ¿Por qué? Porque las tensiones que existen al momento de la autorregulación son fuertes. Tengo por una parte la presión de los accionistas que quieren resultados, que quieren tener utilidades. Tengo la presión del mercado que me está exigiendo cada vez más funcionalidad y esa tensión suele sacrificar a alguien».
En consecuencia, cuando las empresas priorizan los retornos financieros inmediatos, los derechos de los usuarios quedan relegados a un segundo plano. De este modo, Álvarez advirtió sobre las secuelas directas de esta falta de control: «En la historia hemos visto que ese sacrificio son los datos, la seguridad, la privacidad, la intimidad y otros bienes».
La intervención del Estado como paso inevitable
Por otra parte, la historia de las tecnologías digitales demuestra que el libre mercado o laissez-faire siempre alcanza un límite normativo. Aunque en los inicios de internet la regulación indirecta facilitó la masificación de la red, el desarrollo posterior hizo indispensable la fijación de leyes dictadas por los Estados.
Por esta razón, Álvarez subrayó que la regulación estatal termina siendo una exigencia histórica inevitable: «Pasamos por momentos de autorregulación donde entregamos esta confianza a que la propia industria fije los límites de su accionar. Pero luego terminamos dictando leyes y eso ha sucedido en todos los casos. Derecho de autor, propiedad intelectual, ciberseguridad, datos personales».
Efectivamente, cuando una tecnología es explotada por corporaciones con fines comerciales, la autorregulación quebranta rápidamente sus propios límites. Sobre este punto, el exdirector de la ANCI fue enfático: «Si hay una tecnología mediada por una corporación que tiene un propósito comercial, la tentación va a ser superar los límites de la propia autorregulación. Y ahí se demanda la intervención del Estado».
Riesgos de seguridad y privacidad en la gestión diaria
Además de los debates globales sobre amenazas existenciales, el experto centró su alerta en la adopción cotidiana de las herramientas informáticas. Actualmente, tanto empresas privadas como organismos del sector público están presionando para integrar la inteligencia artificial en sus procesos internos. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones no realiza evaluaciones previas de ciberseguridad ni de protección de datos.
En esta línea, Álvarez advirtió sobre la falta de prevención institucional: «Nosotros estamos en la discusión global de si los impactos van a aniquilar a la humanidad y todo. Pero yo tengo una preocupación mucho más concreta. Cuando uno ve hoy día que las organizaciones, empresas, sector público, sector privado, están presionando fuertemente por la incorporación de la IA dentro de los procesos internos, muy pocas organizaciones se preguntan: uno, por la seguridad, ¿cuán seguro es eso?, y segundo, por la privacidad y la protección de datos».
De igual manera, la exigencia por usar estas herramientas genera vulnerabilidades graves al procesar información sensible o confidencial. Al respecto, el académico agregó: «Cuando tú presionas a un funcionario, trabajador o colaborador a que empiece a usarla, yo dudo de que alguien anonimice los documentos para cargarlos en la inteligencia artificial para que haga lo que supuestamente tenga que hacer».
En consecuencia, las instituciones están exponiendo sus archivos y bases de datos a riesgos imprevistos. Para concluir, Álvarez remató en Palabra Que Es Noticia: «¿Cuál es el problema de esto? Que estamos abriendo una brecha de riesgos nuevos a partir de la utilización de una nueva tecnología en estructuras que no estaban pensadas ni diseñadas para eso».