La controversia por la concesión de rebajas de condena a agresores sexuales de menores generó un fuerte remezón político e institucional. Frente a las críticas, el Presidente de la República reconoció un error grave, asumió la responsabilidad pública y anunció un proyecto de ley con discusión inmediata para frenar estos beneficios penales. Sin embargo, la medida no detuvo los cuestionamientos.
En Palabra Que Es Noticia, el exministro de Justicia y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Jaime Gajardo, analizó el caso. Durante la conversación, el profesional cuestionó la falta de transparencia en la entrega de datos y desmintió la postura oficial.
Falta de transparencia en los decretos oficiales
Uno de los puntos centrales abordados fue la falta de claridad sobre la cifra total de beneficiados. La cifra inicial de 56 casos surgió mediante una solicitud de transparencia con fecha de corte al 30 de septiembre. Por consiguiente, se desconoce si durante octubre se otorgaron más rebajas de pena antes de que el hecho tomara estado público.
En este sentido, Gajardo enfatizó la urgencia de transparentar la totalidad de los actos administrativos. «Todavía no sabemos si son solo 56 las rebajas de condenas, porque el Ministerio de Justicia no ha sido claro en eso», señaló. Asimismo, criticó al Ejecutivo por exhibir los documentos en prensa sin liberar su contenido. «El vocero se dio el lujo de mostrar los decretos en una rueda de prensa; sin embargo, no los entregó a los medios de comunicación ni a la ciudadanía. Todavía no sabemos cuáles son los fundamentos reales que utilizó el gobierno para rebajar las condenas», agregó.
Un giro incomprensible en la estrategia jurídica
Por otro lado, Gajardo rechazó la narrativa oficial que intentó atribuir la falla al funcionamiento general del Estado. El exministro remarcó que las administraciones anteriores mantuvieron un rechazo tajante ante estas solicitudes, defendiendo ese criterio en los tribunales.
Por este motivo, la exautoridad diferenció la responsabilidad del Ejecutivo actual. «El Estado no le ha fallado a las víctimas; es el gobierno el que le ha fallado a las víctimas. Es el gobierno, el Presidente de la República y el Ministerio de Justicia en particular, que tomó una decisión que es realmente inexplicable», afirmó.
De igual manera, desmintió la existencia de una doctrina de la Corte Suprema que obligara a conceder estos beneficios. En esa línea, recordó que la propia presidencia del máximo tribunal desautorizó públicamente esa versión. «No hay tal doctrina por parte de la Corte Suprema», enfatizó.
Un error ético, jurídico y político
Además de desmentir la supuesta doctrina, Gajardo cuestionó los constantes cambios de versión del Ministerio de Justicia. Las explicaciones brindadas oscilaron entre argumentos formalistas, defensas del procedimiento y posteriores suspensiones administrativas.
Por lo tanto, remarcó la incoherencia de la postura oficial. «El ministro de Justicia nos ha dado 10 explicaciones distintas en seis o siete días. Pasó de una justificación strictly jurídica a decir que el procedimiento era impecable, para luego anunciar la suspensión de los trámites y finalmente hablar de un error grave», expresó.
En consecuencia, entregó una evaluación categórica sobre las decisiones adoptadas. «Una cosa que hay que calificarla: es un error ético, un error jurídico y un error político. Yo diría ético, jurídico y político, en ese orden», aseveró.
El retraso a la Defensoría de las Víctimas
Junto con el análisis de los decretos, Gajardo alertó sobre una medida que contradice el discurso de protección a las víctimas. Se trata del proyecto para postergar la entrada en vigencia de la Ley de Defensoría de las Víctimas.
Al respecto, sostuvo que el Ejecutivo decidió retrasar la implementación por falta de capacidad técnica y ahorro de recursos. «Esa ley, que debería entrar en funcionamiento en mayo del próximo año, el gobierno acaba de presentar un proyecto para retrasar su entrada en vigor. Si queremos realmente pedirle disculpas a las víctimas, en vez de retrasar, adelantemos el proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas», instó.
Exigencia de responsabilidades en el gabinete
Finalmente, Gajardo abordó el impacto político en el Ministerio de Justicia. Sostuvo que la omisión evidencia una grave falta de criterio del titular de la cartera.
Por esta razón, concluyó que deben asumirse las responsabilidades correspondientes. «Si tomó la decisión por sí y ante sí pensando que iba a ahorrar recursos de litigación, el ministro de Justicia no tiene criterio», sentenció. Por último, remarcó en Palabra Que Es Noticia que «las personas que cometieron este error tienen que asumir sus responsabilidades».