La muerte de 16 personas mayores tras el incendio del hogar «El Edén» en la comuna de Pitrufquén dejó al descubierto severas falencias estructurales en las residencias de larga estadía. Ante esta emergencia, las autoridades iniciaron el reasentamiento de los sobrevivientes y la revisión urgente del modelo regulatorio.
El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, explicó en Palabra Que Es Noticia la gestión inicial con las personas rescatadas: «De las 10 personas que sobrevivieron, cuatro fueron vinculadas con sus familias. Y ya están en sus hogares de forma protegida». En tanto, respecto a los demás afectados, la autoridad detalló: «Tres fueron enviadas a Gorbea, a un hogar en muy buenas condiciones, y otra persona fue derivada a Pucón». Además, dos adultos menores de 60 años fueron trasladados a un recinto hospitalario para recibir contención psicológica.
Irregularidades y falta de personal en el hogar El Edén
El recinto donde ocurrió el siniestro acumulaba cinco sumarios sanitarios por su funcionamiento irregular y fallas operativas. Por consiguiente, las indagatorias preliminares confirmaron el incumplimiento directo de las exigencias mínimas de seguridad.
El subsecretario Fernández remarcó la gravedad de las faltas normativas en la residencia: «Consta que no existía suficiente dotación para las personas que estaban en ese momento en el lugar. El mínimo que establece el Decreto 20 son al menos dos personas en horario nocturno. En este caso había 26 personas y un solo cuidador». De acuerdo con la autoridad, esta falta de personal redujo drásticamente la capacidad de reaccionar y evacuar a los residentes dependientes.
Asimismo, Fernández enfatizó que la normativa vigente requiere ajustes de fondo: «Los problemas levantados para la autorización sanitaria pasan por falta de dotación y temas de infraestructura. La regulación hoy no distingue entre distintos tipos de establecimiento». Por esta razón, el Ejecutivo revisará los reglamentos para adaptar las exigencias según el nivel de autonomía de los usuarios.
800 mil dependientes frente a una oferta pública insuficiente
En Chile viven 3,6 millones de personas mayores de 60 años, lo que equivale al 20% de la población nacional. De este universo, cerca de 800 mil adultos mayores presentan algún grado de dependencia. No obstante, la capacidad de respuesta estatal resulta críticamente escasa frente a la alta demanda existente.
El subsecretario Fernández reconoció el rezago histórico de las políticas públicas hacia la tercera edad: «Acá hay un problema en la priorización de la política pública respecto a las personas mayores. Existen alrededor de 700 establecimientos con resolución sanitaria con fines de lucro para personas que tienen recursos, los cuales son muy caros».
En contraste con el sector privado, el Estado ofrece una cobertura mínima: «Hoy como Estado solo tenemos 23 establecimientos financiados 100% por el Estado para 1.318 cupos. Sumando a las fundaciones, no llegamos a más de 7.000 cupos en total. Cando la realidad hoy es que tenemos alrededor de 800.000 personas mayores que tienen nivel de dependencia». Además, la autoridad advirtió una preocupante realidad informal: «Tenemos un problema de brechas, tenemos un problema de calidad y tenemos un problema de que hay alrededor de 500 establecimientos que hoy operan según los datos del Ministerio de Salud que no cuentan con la autorización sanitaria».
El alto costo económico del cuidado de adultos mayores
Atender de forma integral a un adulto mayor dependiente exige un elevado financiamiento mensual. Actualmente, las instituciones intentan financiar esta atención combinando la Pensión Garantizada Universal (PGU), subsidios estatales de SENAMA o FONASA y donaciones privadas.
Al consultarle por los costos del sistema, el subsecretario detalló la realidad presupuestaria: «Se ha estimado entre 1.000.000 y 1.200.000 pesos aproximadamente». Sin embargo, la brecha de ingresos sigue siendo un obstáculo severo para la sostenibilidad del modelo: «En la mayoría de los casos las instituciones no llegan a ese monto del millón de pesos».
Plan de acción y expansión del cuidado domiciliario
Frente a este escenario, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud anunciaron un plan de acción a corto y mediano plazo. La estrategia prioriza aumentar la fiscalización, publicar un registro oficial de hogares autorizados y habilitar nueva infraestructura pública.
Respecto a las medidas urgentes, Fernández afirmó: «Hoy tenemos que fiscalizar los establecimientos, tanto los que tienen y los que no tienen autorización sanitaria. Poniendo foco, primero que nada, en los temas de emergencia para resguardar la vida». Asimismo, el subsecretario adelantó la recuperación de inmuebles públicos: «Estamos viendo incluso con el Ministerio de Salud la posibilidad de reacondicionar hospitales que hoy día están en desuso para dejarlo habilitado para poder tener un nuevo ELEAM».
Por otra parte, el Gobierno impulsará la atención domiciliaria como alternativa central: «El tema del cuidado domiciliario también es una muy buena alternativa porque permite que la persona siga viviendo en su propia casa». Por ello, la Red Local de Apoyos y Cuidados ampliará su cobertura desde 309 comunas hasta alcanzar la totalidad del país en dos años. Finalmente, en Palabra Que Es Noticia, la autoridad confirmó refuerzos financieros: «FONASA ya comprometió un aumento en el monto y en la cantidad de subsidios para personas mayores en ELEAM».