El histórico fallo judicial contra una masiva red de emisión de licencias médicas falsas en Chile marca un hito en la justicia. Rodrigo Varela, gerente legal de Alto Inmune y querellante en representación del sector privado, analizó en Palabra Que Es Noticia el impacto de esta histórica resolución. Para la organización, la sentencia establece un severo castigo penal para combatir estas redes criminales de fraude a la salud.
Un precedente judicial sin precedentes en el país
La resolución de los tribunales marca un punto de inflexión. Varela explicó con firmeza que «este es un fallo que marca un antes y un después. Estamos muy satisfechos y consideramos que es un fallo que va a marcar un precedente importantísimo respecto a este tipo de delitos. No existía un antecedente tal en Chile respecto a una condena de esta magnitud».
La justicia determinó penas efectivas de cárcel. Al respecto, el abogado detalló que se aplicaron «penas altísimas que van desde 21 años, 17, 13, 15 años para algunos de los nueve médicos que van a tener que cumplir sentencia de manera efectiva».
Un perjuicio económico y social millonario
Este fraude afectó severamente al erario público y a las aseguradoras privadas. Dado que la red delictiva operaba de forma muy estructurada, lograron evadir la fiscalización tradicional.
Rodrigo Varela detalló el alarmante alcance del fraude: «este es un fraude que no tiene precedente. Hubo más de 71,500 licencias médicas falsas con un perjuicio económico al sistema salud que en su conjunto al día de hoy incluso creemos que supera los 50,000 millones de pesos. Por lo tanto, esta era una organización que estaba absolutamente estructurada, con roles diferenciados. Se formaron más de 50 sociedades ficticias creadas exclusivamente para poder lograr estos objetivos delictuales».
Asimismo, el abogado ejemplificó la desfachatez de la organización criminal. Mencionó que existieron «casos tan burdos como médicos que estuvieron menos de 5 días en el país y firmaron más de 7,000 de estos instrumentos».
El daño directo a los pacientes honestos
El sistema público, Fonasa, recibió el impacto más fuerte por concentrar al 80% de los afiliados. Sin embargo, el principal perjuicio es el daño a la fe pública y la desconfianza médica.
Al respecto, Varela argumentó que «aquí existe un perjuicio que afecta a la buena fe pública, que afecta a las personas honestas, porque en definitiva todos los chilenos pagamos estas licencias médicas falsas y se produce una desconfianza natural en las contralorías médicas. Entonces, va provocando un círculo vicioso en donde pagan justo por pecadores».
Además, lamentó que estos miles de millones desviados pudieron financiar mejoras sanitarias. Según el jurista, estos fondos «en vez de ser utilizados para el bien del sistema salud, por ejemplo, con la creación de hospitales de alta complejidad, con la disminución, incluso se podría disminuir hasta la mitad las listas de espera, vemos que estos dineros se van para el bolsillo de unos propios». Desafortunadamente, estas divisas se encuentran fuera del país, por lo que recuperarlas es casi imposible.
Responsabilidad penal compartida entre emisores y compradores
Este veredicto también advierte a los usuarios que adquieren documentos fraudulentos, ya que la legislación sanciona severamente la compra.
El gerente legal de Alto Inmune recordó la severidad del Código Penal: «quien vende, en este caso, el médico o quien compra una licencia médica, ya sea afiliado o captador, está cometiendo el mismo delito y está penado con las mismas penas».
Por esta razón, la justicia también persiguió y sancionó penalmente a los compradores. De hecho, el abogado precisó que «fueron condenados unos afiliados los cuales no tenían derecho a esa salida alternativa. Efectivamente se persiguió a estos afiliados porque el Código Penal lo sanciona a ambos y por eso es importante que la gente sepa que el hacer fraude con estas licencias es tanto para médico como para afiliado».
El desafío de la fiscalización preventiva
El extenso proceso judicial demostró la necesidad urgente de modernizar el control sanitario. Para evitar fraudes masivos, el sistema requiere herramientas tecnológicas ex-ante en lugar de castigos reactivos.
Varela concluyó en Palabra Que Es Noticia que la única forma de proteger los recursos fiscales es la transparencia integral: «esto tiene que ser justo para todas las personas, tiene que ser transversal y tenemos que estar todos expuestos a ser fiscalizados y a ser sancionados cuando cometemos este tipo de ilícito, sobre todo con nuestro sistema salud, que es un sistema que requiere que cada peso vaya para efectos de ser aplicado a sus afiliados».
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