El sistema judicial chileno enfrenta una de las etapas más complejas de su historia reciente tras la revelación del denominado caso Audios. El próximo martes 13 de octubre se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral correspondiente a la arista inicial de la causa. En esta etapa preliminar, la Fiscalía solicita 17 años de presidio para el abogado Luis Hermosilla por delitos tributarios, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.
El periodista fundador y director del medio Reportea, Nicolás Sepúlveda, analizó en Palabra Que Es Noticia las implicancias e impacto institucional de esta investigación. Según detalló el profesional, la causa judicial próxima a juicio representa solo el comienzo de una trama de corrupción mucho más amplia.
Un proceso judicial con múltiples aristas
Sepúlveda aclaró que los tribunales solo están revisando el hito fundador del escándalo. «Se está cerrando la arista inicial del caso Hermosilla, que tiene que ver con el audio y el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos». A su vez, remarcó que la situación penal del principal imputado abarca diversas jurisdicciones. «Solo en este caso, que es el caso Audios, una arista del caso Hermosilla, se están pidiendo para él 17 años de cárcel, pero Hermosilla está imputado en decenas de otras causas judiciales en fiscalías a lo largo de Chile por distintos casos de corrupción».
Por consiguiente, el avance de las indagatorias ha sido fragmentado por la Fiscalía Nacional hacia distintas regiones del país. Las investigaciones abarcan zonas como Arica, Los Lagos y Valparaíso, donde se persiguen presuntos delitos de corrupción judicial y tráfico de influencias.
Una crisis institucional sin precedentes
Por otra parte, la revisión de los chats telefónicos del abogado derivó en la remoción de varios altos magistrados de los tribunales de justicia. Respecto a esta situación, el periodista subrayó la gravedad histórica del escenario actual. «Es inédito. Nunca en la historia del Poder Judicial chileno se habían destituido tres ministros de la Corte Suprema y a varios ministros ya de las Cortes de Apelaciones. Es decir, es una crisis que nunca habíamos visto y hay que ver cómo lo resuelve el Poder Judicial».
Además, el investigador sostuvo que las medidas disciplinarias no han venido acompañadas de transformaciones de fondo en la magistratura. «Hasta ahora no se ha concretado ninguna reforma al sistema de nombramientos que otorgue mayor transparencia o que haga más democrático el acceso a los máximos cargos en el Poder Judicial. Eso no ha ocurrido; hasta ahora estamos en el proceso del escándalo».
Acceso a la justicia y desconfianza ciudadana
En consecuencia, el impacto del caso ha calado profundamente en la valoración pública de los tribunales y el Ministerio Público. Diversas encuestas muestran que una abrumadora mayoría de la ciudadanía desconfía del sistema judicial. Sepúlveda explicó que este escándalo ratificó un diagnóstico preexistente en la población.
«La confianza ciudadana en ese sistema de justicia era baja ya desde antes. Pero el caso Hermosilla vino a confirmar un sentimiento respecto a este sistema de justicia que tiene que ver con una justicia distinta, una justicia para ricos y otra para pobres». Asimismo, agregó que la trama dejó en evidencia las brechas del sistema. «Con el caso Hermosilla conocimos cómo funciona esa estructura desigual para acceder a la justicia».
La red de influencias y los «puentes» del poder
Finalmente, el director de Reportea enfatizó en Palabra Que Es Noticia que las maniobras investigadas no corresponden a un hecho aislado u ocasional. Por el contrario, responden a dinámicas arraigadas entre litigantes influyentes y autoridades del Poder Judicial.
«Es un sistema que funciona así, que beneficia a algunos, generalmente personas con poder y dinero. Y estos abogados, como Samuel Donoso, Hermosilla o Gabriel Zaliasnik, son los puentes entre esos mundos: entre el Poder Judicial y las personas que se benefician de este sistema, que son dirigentes políticos y empresarios». De esta manera, concluyó que la investigación judicial destapó una práctica estructural. «No tiene que ver con un caso particular, no es un fenómeno puntual relacionado con Hermosilla, sino que hay una estructura ahí».
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