El trágico parricidio ocurrido recientemente en San Joaquín ha conmocionado al país. Más allá de las responsabilidades penales de la menor, este doloroso suceso reabre un debate urgente sobre la salud mental en la niñez y adolescencia chilena.
En este contexto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, conversó con Palabra Que Es Noticia de Radio Futuro. El abogado advirtió sobre la falta de prevención estatal y analizó las repercusiones del ajuste fiscal en las políticas de apoyo psicológico infantil.
Cifras alarmantes: incremento exponencial de crisis severas
La realidad epidemiológica actual evidencia un colapso en la contención de crisis emocionales severas. Según los datos presentados por la Defensoría, los egresos hospitalarios psiquiátricos de jóvenes se han duplicado debido a la falta de intervenciones preventivas oportunas.
En sus declaraciones, el Defensor detalla la gravedad del escenario actual: «Si solamente el año 2025 se produjeron más de 2,500 egresos hospitalarios de adolescentes que están asociados a temas de salud mental, con aumento de cerca de un 137%, y son precisamente por situaciones vinculadas a autolesiones o a consumo de medicamentos, claramente nos entrega una señal muy dura. No basta con ampliar la atención cuando el problema ya llega a un nivel crítico donde es necesario prevenir.»
Los factores de la «tormenta perfecta»: aislamiento e inaccesibilidad
Por un lado, el aislamiento se ha transformado en un factor de riesgo determinante. Según explica la autoridad, la soledad adolescente actúa como detonante de conductas autodestructivas y violencia intrafamiliar.
Respecto a este fenómeno, el Defensor advierte que «solamente entre el 2016 y el 2024 ha aumentado cerca de un 140% el número de adolescentes que señalan en distintos instrumentos oficiales sentirse solos o sentir falta de compañía en el desarrollo y en su vida. Y eso evidentemente repercute en situaciones vinculadas a las autolesiones, atentar contra la vida o en cuestiones de situaciones de violencia como la que pudimos experimentar hace algunos días.»
Por otro lado, la barrera estructural de acceso al sistema de salud agrava profundamente esta situación. El déficit de psicólogos y la falta de continuidad en tratamientos especializados configuran lo que Quesille define como un escenario crítico.
Al respecto, Quesille sostiene con profunda preocupación. «Estamos frente en materia de salud mental a lo que podríamos denominar una tormenta perfecta. Porque por una parte estamos con cifras que van aumentando diariamente y solamente para poner el punto y dar cuenta de la criticidad de esta situación, en los instrumentos oficiales que son elaborados por el Estado, cerca de un 40% de los adolescentes entrevistados han señalado que no tienen la posibilidad de acceder a un psicólogo o muchas veces cuando acceden, acceden solamente a una primera atención, pero no a un tratamiento psicológico», sostiene.
El impacto de los recortes fiscales en programas clave
A pesar de este diagnóstico, la oferta pública destinada a la salud mental infanto-juvenil enfrenta graves amenazas presupuestarias. En particular, el reciente ajuste fiscal del 3% ha afectado programas sensibles de atención. El Defensor de la Niñez critica la respuesta fragmentada del Estado.
«Estamos frente a una oferta de salud mental por parte del Estado que está muy desagregada y muy parcializada por instituciones específicas. Pero no existe una política de salud mental que se haga cargo de los problemas que actualmente nosotros identificamos en la niñez y en la adolescencia. Sobre todo ahora donde han habido recortes importantes presupuestarios para programas que entre otras cosas tienen por finalidad el apoyo en salud mental a los adolescentes», explica.
Prevención y protección social frente al punitivismo
En consecuencia, el debate político suele orientarse erróneamente hacia el endurecimiento de penas para jóvenes infractores. No obstante, desde la Defensoría afirman que el punitivismo carece de efecto disuasivo o preventivo.
Quesille es categórico al contrastar la evidencia científica con las propuestas legislativas. «Nosotros como defensoría creemos desde la evidencia que medidas como disminuir la edad de responsabilidad penal o someter a los adolescentes a un régimen de adulto, aumentar sanciones, no tiene un efecto disuasivo y no tiene un efecto preventivo. Hay que poner los focos precisamente en la prevención al margen de los fines nobles que buscan estos proyectos de ley, porque hay que hacerse cargo del problema» , afirma.
Finalmente, el Defensor recalca el alto costo fiscal que implicaría priorizar la reclusión sobre la prevención. «Aprobar un proyecto de ley que va a aumentar la privación de libertad, va a tener un costo para el Estado que es superior. Y esto es una estimación inicial, es superior a los 45,000 millones de pesos.Es mucho más de lo que se le recortó este año al Ministerio de Desarrollo Social, que fueron 32,000. Entonces, creemos que el foco tiene que estar puesto en la protección social más que en medidas que justamente buscan un impacto en el corto plazo. Pero que a la larga nos van a tener envueltos en el mismo problema», concluye.