El Senado ha definido recientemente las comisiones encargadas de discutir el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad propuesto por el Ejecutivo. Esta iniciativa ha despertado un intenso debate político y jurídico, siendo calificada por diversos sectores como un cambio drástico en la institucionalidad democrática. Para profundizar en las implicancias técnicas de esta propuesta, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, José Francisco García, entregó en Palabra Que Es Noticia un detallado análisis sobre el espíritu de los cambios y los riesgos de lo que denomina la «securitización» de la Carta Fundamental.
La pérdida del consenso constitucional
Según García, el contexto en el que se presenta esta reforma está marcado por una crisis de entendimiento sobre la función de una Constitución. El académico sostiene que los procesos recientes han evidenciado una fragmentación en los acuerdos básicos de la sociedad chilena. En sus palabras, «uno de los problemas que nos dejó los procesos constituyentes fueron que demostraron que se perdió en Chile el consenso acerca de lo que son las constituciones y qué contenidos tienen que estar en la Constitución».
Esta falta de acuerdo ha permitido que el texto constitucional se convierta en un espacio de disputa para políticas públicas específicas. El experto observa con preocupación cómo las coaliciones políticas intentan blindar sus agendas mediante reformas constitucionales. Al respecto, señala que «las distintas coaliciones políticas van poniendo en la Constitución sus proyectos de gobierno o sus políticas públicas favoritas. Y por lo tanto se va desnaturalizando la idea de Constitución».
El fenómeno de la «securitización»
Uno de los puntos más críticos del análisis de García es la tendencia a transformar la Carta Magna en una herramienta enfocada casi exclusivamente en el orden público. Este proceso, que el profesor identifica como una constante de los últimos años, ha generado una serie de reformas dispersas que cambian el foco del texto original. «Tenemos ya una tendencia en los últimos años a avanzar hacia una constitución de la seguridad. Algunos profesores lo han planteado también como la securitización de la Constitución».
Para el constitucionalista, este enfoque es equivocado porque la Constitución no debería ser el lugar para ejecutar programas de seguridad específicos, sino para establecer las reglas del juego democrático. García es enfático al declarar que «la Constitución no establece estas reglas para la vida en comunidad. Se ha transformado en la cancha donde yo llevo las más distintas políticas públicas y las trato de color azul, amarillo o rojo». En este sentido, añade que «la Constitución no es para llevar su programa de gobierno. Para eso está el Congreso y las elecciones».
Críticas al nuevo estado de excepción
El proyecto del gobierno del Presidente José Antonio Kast contempla la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para la seguridad pública. García cuestiona la necesidad de esta nueva figura, argumentando que el ordenamiento jurídico chileno ya cuenta con herramientas suficientes, incluyendo los estados de asamblea, sitio, catástrofe y emergencia. «Me cuesta creer que necesitemos específicamente este estado de excepción de seguridad pública», afirma el experto. Considera que muchas de estas propuestas son redundantes o innecesarias.
Además de la redundancia, el profesor advierte sobre el diseño técnico de la medida, la cual otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo con escaso control parlamentario inmediato. García explica que el proyecto «entrega bastante poder al presidente de la República para declarar unilateralmente sin control del Congreso por 120 días primero». Esta concentración de poder, sumada a una causal de aplicación que define como «poco precisa», representa un riesgo para el equilibrio de poderes.
Riesgos de persecución política
Otro elemento polémico es la creación de un registro de asociaciones de crimen organizado. García advierte que la entrega de facultades al sistema político para calificar a grupos como terroristas o criminales, sin la intervención directa de un tribunal de justicia como regla general, es altamente preocupante. «La posibilidad del mal uso político de esta herramienta es real», indica el académico, señalando que definiciones tan amplias podrían afectar a grupos opositores en el futuro.
El profesor concluye con una advertencia sobre la importancia de legislar pensando en el largo plazo y no solo en la coyuntura actual. «Estas herramientas tan poderosas siempre hay que pensarlas no en buenas manos persiguiendo a los malos. Sino que en malas personas utilizando a cualquier persona». Como solución técnica, propone convocar a la Comisión de Venecia para evaluar si la reforma cumple con los estándares internacionales, asegurando que «usted no puede transformar algo excepcional en una política ordinaria para tratar de combatir el crimen organizado».