La agenda legislativa en Chile atraviesa un momento de intensa actividad, marcada por acuerdos transversales en materias de alta sensibilidad social. En Palabra Que Es Noticia Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional y presidenta del Senado, abordó los avances en el acceso a la vivienda y el complejo debate que rodea a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). En un escenario donde la seguridad pública se ha tomado la prioridad nacional, Núñez enfatizó la necesidad de modernizar la Carta Magna para enfrentar nuevas formas de delincuencia.
Un alivio para la clase media y el mercado inmobiliario
El inicio de la semana legislativa estuvo marcado por una noticia positiva en el ámbito habitacional. Con una celeridad poco frecuente, el Congreso despachó un proyecto que aumenta los subsidios a la tasa de interés hipotecaria y amplía el valor máximo de las viviendas para la clase media de 4.000 a 6.000 UF. Según explicó la senadora, la propuesta contó con un respaldo absoluto en ambas cámaras.
«Qué duda cabe de que cuando uno pone el país por delante, cuando estamos conscientes de que esa es una necesidad que hay que responder de manera concreta, con menos discurso y con más acción, se logran los resultados. Despachado por unanimidad, en menos de una semana», señaló Núñez sobre la tramitación.
La legisladora destacó que este apoyo es vital para familias que no acceden a viviendas sociales pero que encuentran pesadas las cuotas actuales. «Se logra que se inyecten recursos a modo de subsidio en la tasa de crédito hipotecario para viviendas hasta 6.000 UF. Ayuda a que haya un mayor acceso y a dinamizar el mercado». Esta medida se suma a la eliminación del IVA en la compraventa de inmuebles nuevos, buscando aliviar un sector que está «bien al debe en nuestro país».
La reforma constitucional como pilar de seguridad
Tras el respiro en materia de vivienda, el foco se trasladó a la seguridad ciudadana. El Ejecutivo anunció el ingreso por el Senado de una reforma constitucional clave dentro de la agenda ACOT. Para la presidenta del Senado, modificar la Constitución no es un tema meramente formal, sino una necesidad operativa y estratégica para el Estado.
«Si vamos a reformar la Constitución, si hay que modernizarla o actualizarla. Esa tarea es del Congreso Nacional. Es importante avanzar en temas como la priorización de la seguridad pública, que no puede depender del gobierno que esté de turno», afirmó con convicción. La senadora propone que la seguridad pública quede establecida en el artículo 1 de la Constitución como un deber del Estado para todo el ordenamiento jurídico.
La reforma incluye medidas concretas, tales como un registro para quienes integran el crimen organizado con el fin de aumentar sus penas y un régimen carcelario diferenciado. Al respecto, Núñez fue tajante: «No puede haber un mismo régimen carcelario para el que comete un hurto versus para quien forma parte del crimen organizado y está condenado por sicariato, tortura u homicidio».
Alertas por el nuevo estado de excepción
Pese al consenso general sobre la necesidad de reformas, el punto de mayor fricción radica en la propuesta de un nuevo estado de excepción constitucional. Esta medida ha levantado «debate transversal» tanto en el oficialismo como en la oposición. La preocupación central gira en torno a la jerarquía de las fuerzas de seguridad durante su aplicación.
«El problema que estoy viendo en esa propuesta es que el gobierno plantea que esta vez ese estado de excepción esté a la cabeza de Carabineros de Chile y que las Fuerzas Armadas colaboren y queden bajo su instrucción», advirtió la senadora. Núñez precisó que, si bien dentro del oficialismo hay acuerdo con la reforma como concepto, existen alertas específicas sobre este punto.
Según detalló la parlamentaria, algunos sectores consideran que «no sería pertinente que sean carabineros los que den las instrucciones en un estado de excepción y las Fuerzas Armadas colaboren». La alternativa que surge en el debate es incorporar las herramientas necesarias dentro de estados ya existentes, como el de emergencia, para intervenir en zonas de infraestructura crítica o sectores poblacionales específicos sin alterar las jerarquías tradicionales.
El llamado al consenso nacional
Ante las críticas de expertos sobre posibles recortes a las libertades individuales, Núñez diferenció claramente entre los criminales convictos y la ciudadanía general. Respecto a los primeros, se mostró a favor de «restarle beneficios sociales» además de la privación de libertad. Sin embargo, reconoció que un estado de excepción, por su naturaleza, limita libertades como la de tránsito para todas las personas en un territorio.
Finalmente, la presidenta del Senado hizo un llamado a la oposición para no restarse del debate. «Aquí estamos hablando del principal dolor de los chilenos. No es una reforma tributaria; en esto tenemos que estar unidos», sentenció. Para Núñez, el éxito de la agenda ACOT depende de la capacidad de fortalecer las instituciones: «Ninguna medida por sí sola va a permitirnos enfrentar el crimen organizado. Pero con instituciones más robustas podemos actuar de manera más organizada que ellos».