ENTREVISTAS

«No frena al crimen organizado»: Lucía Dammert hace categórica advertencia sobre el estado de excepción en la reforma de seguridad

La experta en seguridad y Profesora titular del departamento de estudios políticos Usach advierte que los estados de excepción no detienen al crimen organizado y cuestiona la estrategia de seguridad del Gobierno.

Hector Muñoz Tapia |

Lucia Dammert Psp 09 Junio Web

Lucia Dammert Psp 09 Junio Web

La discusión sobre la reforma de seguridad en Chile divide a diversos sectores políticos. En este marco, la experta en seguridad y Profesora titular del departamento de estudios políticos Usach Lucía Dammert analizó en Palabra Que Es Noticia el escenario actual tras publicar su libro, Anatomía del poder ilegal, y lanzó una dura advertencia sobre la efectividad de los estados de excepción constitucional frente al crimen organizado.

El error político y técnico detrás de la reforma

Para comenzar, la especialista planteó que vincular medidas de fuerza al combate delictivo fue un desacierto. Según su visión, «el gobierno cometió un error político y un error técnico al meterse en esta discusión constitucional» pues limitó su propio trabajo. En este sentido, explicó que esta medida restringe contrapesos democráticos e incrementa facultades presidenciales sin abordar la raíz del problema.

Asimismo, Dammert enfatizó la naturaleza económica de estas agrupaciones para explicar por qué las medidas de fuerza resultan estériles. Ella argumentó que «el crimen organizado es un mercado. El crimen organizado no es 10 personas que decidieron matar gente porque se les dio la gana» por lo cual requiere otra estrategia. Por consiguiente, el enfoque debe reorientarse, ya que «como es un mercado, lo que hay que luchar es contra la demanda y contra los mecanismos de esa oferta» en los territorios.

Las verdaderas herramientas contra el mercado delictivo

Debido a lo anterior, la investigadora detalló las prioridades donde el Estado debe concentrar recursos. Según su perspectiva, existen pilares que no se solucionan con presencia militar. Ella puntualizó que estos elementos son «uno, el mercado de las armas, dos, el lavado de activos. Contra eso, los estados de excepción constitucional no pueden hacer nada verdaderamente» en las calles.

Por otra parte, la académica puntualizó que estas herramientas constitucionales tienen un carácter excepcional que se ha desvirtuado. En su análisis, especificó que «los estados de excepción tienen que ser excepcionales con una no difusa, sino clarísima, una amenaza al orden público, una guerra, una situación de descontrol posible ciudadano después de un desastre natural y tiene que también tratar de tener un límite» para proteger derechos básicos.

Un desajuste entre la amenaza y la persecución penal

Por otro lado, la autora cuestionó severamente los resultados de la actual política carcelaria y de persecución penal. Ella apuntó que existe una contradicción entre los reclusos y los líderes de las redes delictivas. De acuerdo con su diagnóstico, «nuestras cárceles están llenas de gente que no tiene educación, que no tiene salud, que tiene problemas de consumo que tiene problemas lectoescritura, que claramente no tiene ni medio millón de dólares en la cuenta ni debajo del colchón y estamos hablando de mercados que generan cientos de millones de dólares. Entonces, hay una desintonía entre lo que creemos es la amenaza y lo que estamos agarrando» en el país.

Además, la experta advirtió que legislar no equivale a solucionar problemas cotidianos. En este sentido, planteó con firmeza que «gobernar no es solo hacer agenda legislativa» y que los cambios constitucionales paralizan consensos necesarios. De hecho, al ser consultada sobre si la reforma frena la delincuencia, ella contestó que «no, la reforma constitucional inhibe la discusión política. Yo creo que es un error garrafal del gobierno, es un balazo en el pie del gobierno» ya que divide a su coalición.

La urgencia de combatir la corrupción y la exclusión

Finalmente, Dammert remarcó que las redes complejas no operan sin complicidad institucional. Para ella, la debilidad administrativa facilita el avance delictivo, señalando que «es muy difícil que un espacio donde los niveles de control estatal e institucional sean muy fuertes, se desarrollen este tipo de estructuras criminales o estos mercados» en el país. Por lo tanto, resulta urgente diseñar planes con enfoque preventivo.

Para concluir, la experta advirtió que la represión no es suficiente si se abandona el desarrollo social. En su reflexión final, advirtió que «así como tú necesitas corrupción para que los mercados florezcan, para que las estructuras criminales que los protegen se desarrollen, necesitas niños, niñas y adolescentes cuyo futuro único es la delincuencia» si el Estado no interviene. Por esta razón, el Gobierno debe actuar con firmeza, asumiendo que «las dos tienen que ser inteligentes, la de control y la de prevención, pero solo con la de control no vamos a avanzar» en el país.

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