El reciente anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre una megarreforma de seguridad ha generado diversas reacciones en el espectro político y técnico. La propuesta incluye una reforma constitucional para consagrar la seguridad como deber del Estado, la ampliación de la flagrancia de 12 a 24 horas y un régimen especial para el crimen organizado. Para analizar la profundidad de estas medidas, Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, entregó en Palabra Que Es Noticia una visión crítica sobre el fondo de los anuncios.
Un hito comunicacional antes que una novedad legal
Según el investigador, el paquete de medidas no presenta transformaciones estructurales inéditas en el sistema. Duce sostiene que, en la práctica, «todavía estamos a nivel de anuncio, lamentablemente». Al comparar esta iniciativa con gestiones anteriores, señala que el anuncio «no tiene grandes novedades» y que «básicamente esto se parece a los fast track legislativos que hubo en el gobierno pasado en materia de seguridad».
Para el académico, el valor de la propuesta radica más en lo simbólico que en lo técnico. Afirma que el anuncio debe entenderse «como un hito de cambio de etapa en el gobierno en materia de seguridad, sin que hasta el momento haya mucha novedad». Además, advierte que el éxito de estas medidas dependerá de la normativa específica, puesto que «estos proyectos se juegan en la letra chica».
Los riesgos de la reforma constitucional
Uno de los puntos más debatidos es la inclusión del deber de seguridad en la Carta Magna. Duce cuestiona la utilidad real de esta medida, calificándola como «una reforma algo irrelevante en el sentido de que ese es un deber que ya está expresado en el artículo primero con un lenguaje que parece suficientemente claro».
Sin embargo, su mayor preocupación reside en la verdadera intención detrás de este cambio. Según el experto, algunos trascendidos sugieren «un intento por saltarse ciertas cortapisas que la propia Constitución establecería para alguna de estas reformas». En este sentido, Duce es enfático al señalar que «un deber constitucional reforzado de seguridad no va a suprimir el debido proceso».
El peligro del «copamiento legislativo»
El tono de la administración del Presidente Kast para acelerar estos proyectos también fue objeto de análisis. El profesor Duce critica la estrategia de saturar la agenda parlamentaria para evitar el escrutinio experto. Sobre esto, declara: «No me ha gustado el tono que veo detrás de los anuncios. Hay un tono muy de copamiento legislativo o inundación legislativa con la idea de decir: queremos llenar el debate de temas suprimiendo la pausa que requiere el debate técnico en una democracia en temas complejos».
Asimismo, el investigador destaca que el enfoque actual olvida la gestión operativa. En su opinión, el desafío actual no es dictar más leyes, sino «implementar, evaluar, hacer seguimiento de la enorme cantidad de leyes que hemos dictado y que tienen menos impacto que uno esperaría precisamente porque falta esta dimensión».
Prevención y desarticulación financiera: los grandes ausentes
A pesar de la magnitud del anuncio, Duce identifica vacíos críticos en la estrategia gubernamental. Por un lado, critica la falta de una visión social a largo plazo. «Nos falta una política robusta en materia de seguridad, en materia de prevención y prevención temprana con niños y jóvenes. Esa es la forma que las sociedades democráticas modernas enfrentan con una mirada de mediano y largo plazo los problemas de seguridad».
Por otro lado, señala la debilidad en el combate al patrimonio delictivo. Menciona que existe un discurso instalado, pero con poca ejecución en «la desarticulación de las estructuras financieras que hay detrás» del crimen organizado.
Alertas sobre la flagrancia y la justicia juvenil
Finalmente, Duce puso una señal de alerta sobre la propuesta de extender la flagrancia a 24 horas. Para el académico, esto «ya nos saca del mundo de la flagrancia» y conlleva un grave peligro social. «Hay un enorme riesgo de aumentar lo que se denominan los falsos positivos. Es decir, que detengamos a gente que no tiene nada que ver con los hechos», advirtió.
En cuanto a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el experto pidió cautela frente a la rigidización de las penas. Basándose en datos recientes, explicó que el 85% de los jóvenes desisten tempranamente de la delincuencia tras su primer contacto con el sistema. Por ello, sentenció que «en muchos casos la intervención puede ser la razón de iniciar trayectorias criminales» si no se maneja con la flexibilidad necesaria.