El debate regulatorio en torno a los derechos de los consumidores tras una emergencia dio un giro decisivo esta semana. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por el Ministerio de Hacienda contra el artículo 31 de la megareforma. Esta norma obliga a las distribuidoras de electricidad, gas y agua a reconectar gratuitamente a los usuarios en zonas de catástrofe, inclusive si mantienen deudas con las empresas proveedoras.
Para profundizar en el impacto de esta resolución, en Palabra Que Es Noticia conversamos con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). El líder social abordó el fallo como una victoria ética y una restitución de derechos humanos fundamentales frente al modelo de mercado actual.
El servicio básico como derecho humano elemental
En primer lugar, Calderón enfatizó la necesidad de resguardar el bienestar de las personas por sobre la mercantilización de los servicios. Según su visión, el acceso a la energía, el agua y el saneamiento no debe condicionarse en situaciones extremas de vulnerabilidad social o climática.
Al respecto, el líder de Conadecus manifestó que «tenemos el derecho a tener servicios básicos, vitales, que estén conectados a las personas.» Asimismo, reflexionó de forma crítica sobre la configuración económica del país: «Nuestra sociedad, Chile especialmente, convirtió los servicios básicos en mercancía. La sociedad marginalista que tenemos no hace distinción de cuál es la seguridad mínima de un servicio básico que debe tener una persona.»
El dirigente argumentó que la privación de estos recursos atenta de forma directa contra la supervivencia humana. «Los humanos necesitamos agua. Sin agua no podemos vivir hoy día. La electricidad y el gas en cierta manera se convirtieron también en servicios esenciales para la vida de las personas», sentenció con firmeza.
El rol del Estado y el precedente legislativo
Por otra parte, Calderón recordó que el Estado chileno históricamente se desentendió de sus responsabilidades esenciales al privatizar las empresas proveedoras, descuidando salvaguardas sociales fundamentales. Por este motivo, considera indispensable que las normativas actuales protejan de manera efectiva a los ciudadanos ante las inclemencias de la naturaleza.
«Nosotros consideramos que esta es una acción justa que deben recibir esos usuarios. No hay que olvidar que aquí el Estado se desatendió de ciertas obligaciones y se las traspasó a los privados», puntualizó. Adicionalmente, calificó como una excelente noticia el avance de este artículo, destacando que el actual mandatario de la República había patrocinado una iniciativa similar en el año 2018 para el sector eléctrico. Por consiguiente, indicó que «me parece contradictorio que el Presidente hoy día no quiera realizar algo que él mismo propuso en su momento.»
Reclamos de la CPC y la solidaridad empresarial
Sin embargo, la aprobación de la medida ha generado una fuerte resistencia en los gremios empresariales. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) alertó que la ley podría desincentivar el cumplimiento de pagos, elevar las cuentas incobrables y sentar un complejo precedente financiero.
Calderón rechazó tajantemente estos cuestionamientos gremiales, acusando una campaña del terror por parte de la presidencia de la CPC. En esa línea, recordó que la mayor parte de la infraestructura de distribución domiciliaria es financiada directamente por los propios usuarios.
«Los consumidores pagamos todo. La conexión del agua y el alcantarillado lo pagamos cuando compramos nuestras casas. La conexión a las redes en el caso eléctrico. El 70% son de propiedad de las personas, no son de las empresas», detalló. Por ende, apeló a la empatía del sector privado ante las familias afectadas: «Creo que es una solidaridad mínima de las empresas con sus consumidores.» «Esto no es Chile entero. Son zonas donde ocurrió una catástrofe. Con esa cantidad, son cantidades mínimas».
En cuanto a los plazos fijados —48 horas para electricidad y gas, y 24 para agua potable—, Calderón admitió que estos tiempos pueden ser complejos en emergencias graves. No obstante, reafirmó la importancia de mantener la gratuidad hasta el medidor domiciliario. «Creo que es discutible y es mejorable el tema de los plazos. Ellos tienen razón, no pueden concurrir a lo mejor en esos plazos, a lo mejor no están las condiciones para poder reinstalar inmediatamente», admitió el entrevistado.
El modelo internacional y el concepto de mínimo vital
Finalmente, el presidente de Conadecus instó a mirar las experiencias de otros países para superar la exclusión energética y sanitaria. Mencionó que naciones europeas como España, Francia y Portugal ya implementan mecanismos para asegurar un flujo básico de subsistencia.
En dichos territorios, las legislaciones prohíben cortar el suministro a familias vulnerables y aplican reducciones impositivas significativas o subsidios directos. «Tenemos que llegar a que las personas tienen que tener el mínimo para su subsistencia, de otra manera los estamos condenando a la pobreza total, al abandono. Y eso es lo que tenemos que evitar», concluyó.