La brecha entre las necesidades reales de los niños y las pensiones de alimentos en Chile ha quedado expuesta. Una investigación apoyada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica ha encendido las alarmas al detallar los costos de crianza. Carolina Salinas, directora del Centro UC de la Familia, explicó en Palabra Que Es Noticia que este estudio ofrece una visión científica sobre lo que realmente cuesta mantener a un niño, niña o adolescente en el país.
El estudio diferencia los gastos por etapas de vida y condiciones socioeconómicas. Para un niño de entre 1 y 4 años, el costo oscila entre los $352,000 y $662,000 mensuales. En el caso de los adolescentes, la cifra aumenta, variando entre los $412,000 y los $739,000 pesos.
Un cálculo basado en la realidad biológica y social
A diferencia de mediciones anteriores, este análisis pormenorizó los gastos de forma rigurosa. Salinas destaca que «fue un cálculo hecho por edades, por género y por quintiles». Esta distinción es clave, ya que las necesidades varían drásticamente con la edad.
Uno de los hallazgos más interesantes tiene relación con la biología de los adolescentes. Según la experta, el cálculo «consideró la parte alimentaria, le puso precio a la cantidad de calorías por día que consumen los niños, niñas y adolescentes y por otra parte todo lo no alimentario que tiene que ver con vivienda, transporte, educación, salud». Por esta razón, los adolescentes varones representan un costo mayor debido a su ingesta calórica.
La insuficiencia de las pensiones actuales
La investigación cruzó estos datos con la realidad de los pagos por alimentos en Chile, revelando una situación crítica. Mientras el costo mínimo para un niño pequeño bordea los $350,000, las pensiones dictadas están muy por debajo.
Salinas es tajante al señalar que «las pensiones de alimento en Chile, fíjate tú, que en promedio no alcanzan a los 200,000 pesos. Eso es una pensión de alimentos promedio en Chile. Si tú te vas a la tabla, te vas a dar cuenta que 200,000 pesos con mucho está distante de lo que podría ser un nivel de vida adecuado para los niños». Esta diferencia genera una carencia inmediata en el bienestar del menor.
Falta de transparencia en los tribunales
Otro punto de fricción es cómo se llega a determinar el monto de una pensión en el sistema judicial. Tras analizar múltiples sentencias, el equipo de investigación detectó una falta de claridad en los criterios de los jueces.
La directora del Centro UC de la Familia advierte que «aparece una pensión fijada que no sé en qué se basa. Generalmente en los juicios de pensiones de alimento hay informes sociales, hay documentos que se presentan, hay una serie de pruebas que muchas veces no quedan bien reflejadas en el parecer o en el dictamen de un juez o jueza». Para Salinas, es fundamental «ponerle ciencia» a estas decisiones para garantizar que cubran las necesidades básicas y no se basen solo en la capacidad del demandado.
El impacto en la equidad de género
Cuando la pensión de alimentos es insuficiente o inexistente, la carga recae casi exclusivamente sobre una figura. En Chile, esta responsabilidad tiene rostro femenino. «En general en Chile quien lo suple es el cuidador. ¿Quién es el cuidador? En un 80% de las familias monoparentales son las jefas de hogar, las mujeres. Entonces aquí hay un tema que desde luego tiene que ver con la equidad de género de una sociedad».
Además, la morosidad agrava el problema. Actualmente, existen cerca de 300,000 deudores inscritos en el registro oficial, lo que significa que miles de niños no reciben su sustento por meses. Salinas relata que, en su experiencia profesional, ha visto acuerdos por montos irrisorios de $30,000 o $40,000 pesos, lo que condena a los niños a la vulnerabilidad.
Una propuesta hacia el Estado garante
Ante este escenario, los investigadores sugieren que el Estado debe dejar de ser un espectador y convertirse en un garante. Si los padres no pueden o no quieren cubrir el nivel de vida adecuado, la institucionalidad debe intervenir para proteger el derecho a la subsistencia de la niñez.
La solución propuesta no representaría un gasto inalcanzable para las arcas fiscales. Según Salinas, «el Estado como garante último, cuando la familia no puede por la razón que sea, por irresponsabilidad o porque los salarios son bajos, el estado debiera hacerse cargo. El porcentaje del PIB que costaría hacerse cargo de eso tampoco es tan alto. Es entre un 0,2% y un 0,4%». Con este ajuste, Chile podría erradicar la infancia y adolescencia carenciada que se observa hoy en día.
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