La semana pasada, el escenario del cannabis medicinal en Chile sufrió un fuerte remezón tras la denominada «Operación Imperio Ámsterdam». Este masivo operativo policial y judicial culminó con la formalización de 44 personas imputadas por la Fiscalía. Mientras el Ministerio Público argumenta que estos establecimientos actuaban como fachadas para la comercialización ilícita, diversas organizaciones denuncian el abandono absoluto de los usuarios de salud.
Para profundizar en este complejo escenario, en Palabra Que Es Noticia conversamos con la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri. La legisladora, quien ha liderado históricamente el impulso de normativas sobre cannabis, aborda las profundas grietas legislativas que propiciaron este conflicto y advierte sobre el devastador impacto de dejar desamparados a miles de pacientes.
La desprotección de miles de pacientes en Chile
En primer lugar, la consecuencia más alarmante de esta intervención policial es la interrupción inmediata de las terapias de miles de personas. En este sentido, la diputada Gazmuri enfatiza que la salud pública debe ser la prioridad del Estado frente a cualquier acción punitiva.
Al respecto, la parlamentaria señala de manera categórica: «Y Andrea, más allá de lo que muestre la investigación, sí hay un hecho concreto hoy día que hay 16.000 personas, 16.000 pacientes que confiadamente iban a dispensar nacional y sacaban sus tratamientos de ahí, obtenían sus tratamientos de ahí y resulta que hoy día esas 16.000 personas quedaron sin acceso a su cannabis y mi temor es que estamos empujando a 16.000 personas a proveerse de las redes efectivamente del narcotráfico, con toda la inseguridad del punto de vista de la salud y también de la seguridad personal que eso significa».
Ante esta grave realidad, la diputada cuestiona el rol de las instituciones públicas. Por lo tanto, plantea una interrogante fundamental para las autoridades chilenas: «¿Cómo nos hacemos también como estado cargo de la situación de esos pacientes?».
El vacío regulatorio y el marco legal actual
Para comprender el origen de este conflicto, es indispensable analizar cómo funciona la normativa de drogas en el país. Actualmente, la Ley 20.000 establece ciertas excepciones que permiten el uso con fines médicos, aunque persisten espacios de libre interpretación.
En esta línea, la diputada explica la estructura jurídica actual: «Hoy día la ley 20.000, que es la ley de drogas, siempre las leyes anteriores que precedieron a la 20.000 también dejaron en una condición particular los usos personales. Si tú te fijas, hace esta referencia de todo lo que está prohibido: el cultivo, el transporte, la comercialización de cannabis. Y hay una coma y dice: ‘Salvo que sea para uso personal exclusivo y próximo en el tiempo o para un tratamiento médico’. Eso ha sido siempre la ley 20.000, pero eso ha dejado también un espacio de discrecionalidad. Se logró con el uso medicinal en que queda claramente establecido que la receta médica es una justificación suficiente para este autocultivo personal medicinal».
Cultuivo colectivo
Sin embargo, el cultivo colectivo no cuenta con una ley explícita en su redacción literal, sino que depende directamente de las decisiones de los tribunales.
Según detalla Gazmuri: «Se entiende también que la reunión de este derecho personal de varios pacientes es lícita y se puede generar una organización sin fines de lucro. Y esto no es que esté explícito en la ley, pero la jurisprudencia así lo muestra. Es decir, ha habido varios casos de fiscalización de otros cultivos colectivos que han sido incluso allanados, llevados a procesos a tribunales y que han demostrado que todo lo que cultivaban correspondía exactamente a las prescripciones de sus pacientes, que estaba la trazabilidad, que estaba todo en orden y esas corporaciones pudieron seguir trabajando sin ningún problema con sus socios. Bajo la ley 20.500, las personas se organizan en una corporación sin fines de lucro y pueden ejercer colectivamente su derecho al cultivo».
La confusión de las autorizaciones y el rol del SAG y el ISP
Por otro lado, el operativo ha destapado una serie de confusiones en torno a las competencias del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Salud Pública (ISP). En este caso particular, se indaga a una empresa que poseía permisos para cultivar cáñamo industrial, pero que presuntamente producía cannabis medicinal con altas concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC).
Sobre este punto, la parlamentaria aclara los límites de las instituciones públicas: «Tanto los cultivos personales domiciliarios como estos cultivos colectivos no requieren autorización del servicio agrícola ganadero. En el uso medicinal están permitidos THC y CBD. Ese no es el límite, esa no es la distinción. El ISP lo que controla son los productos farmacéuticos. El ISP mismo es el que ha generado esta clarificación de que el límite entre cannabis y cáñamo es el 0,2% de THC, pero no tiene potestad en mi cultivo personal, por ejemplo, que yo tengo en mi casa, mis dos plantas con mi receta médica».
La teoría de los engañados y engañadores
A medida que avanza la investigación, se revelan nexos con inversores de diversos sectores económicos. Por esta razón, la diputada Gazmuri sostiene la hipótesis de que muchos actores involucrados actuaron de buena fe, bajo promesas de absoluta legalidad corporativa.
En sus propias palabras, la legisladora expone su teoría: «Aquí la investigación va a ir mostrando que probablemente en esta situación va a haber engañados y engañadores. Por lo que escucho, siento que probablemente muchos de los que están involucrados tuvieron o alguien les dio las garantías de que estaban pisando terreno firme y parece que no era tan así. Me da la sensación incluso por la tranquilidad y por la seguridad con que se afirman ciertas cosas».
Finalmente, la diputada apunta contra la inacción política del periodo anterior como responsable de esta desinformación. En ese sentido, concluye con un duro reproche: «Aquí hago el reproche al gobierno anterior. Tengo que decirlo y lo he dicho ya públicamente. Porque hasta el último día insistimos en estas bajadas, estos protocolos, estas aclarativas que son que la propia comunidad de usuarios las necesita, las quiere y no hubo voluntad para hacerlo, a pesar de que habíamos logrado la ley que estaban combinados a eso, que tenían la obligación de hacerlo. No se hizo con el uso medicinal».