La jornada del miércoles marcó un hito con la publicación en el Diario Oficial de la Ley Escuelas Protegidas. Esta iniciativa gubernamental está destinada a entregar a los establecimientos educacionales herramientas para prevenir y enfrentar hechos de violencia, reforzando la seguridad y fortaleciendo la autoridad pedagógica. Entre sus medidas destacan la revisión de mochilas y pertenencias, junto con la prohibición de elementos que oculten el rostro. Sin embargo, para José Joaquín Brunner, exministro y experto en educación, las expectativas de cambio real son limitadas.
El impacto marginal de la legislación punitiva
En Palabra Que Es Noticia, Brunner sostiene que la eficacia de este tipo de normativas es, en la práctica, escasa para transformar la vida interna de los recintos educativos. El académico afirma: «creo que muy marginalmente tenemos bastante experiencia en el país que nos muestra eso de que los efectos de este tipo de leyes básicamente dejan satisfecho al gobierno de turno, pero que los efectos reales de cambio al interior de las escuelas, que es finalmente lo que importaría, no ocurre por el mero mandato de la ley».
En su análisis, establece un paralelo directo con legislaciones anteriores de similares características y objetivos. «Fíjese usted que los nombres incluso son muy convergentes, entre esta escuela protegida y el aula segura», señala Brunner. Al evaluar la experiencia previa, recuerda que tras dictarse la Ley de Aula Segura, dirigida a combatir la violencia extrema, «no hubo ningún cambio sustantivo, todo lo contrario». Según su visión, las cifras indican que la violencia se ha mantenido o incluso aumentado en los últimos años.
La necesidad de un cambio cultural
Para el director del doctorado en educación superior de la Universidad Diego Portales, el problema de la violencia no se resuelve únicamente con reglamentos de seguridad. «Son climas culturales que tienen que cambiar en la sociedad. En la relación entre alumnos y profesores, la reconstitución de las comunidades escolares, la relación con la familia», explica. Brunner enfatiza que la polarización y la constante guerrilla en la esfera política también permean en los colegios, algo que no se logra solucionar mediante leyes.
Brunner es categórico respecto al futuro de la convivencia escolar bajo este nuevo marco legal de seguridad. «No me hago grandes ilusiones de que esto, lamentablemente porque los problemas son reales, vayan a mejorar mágicamente la convivencia al interior de las escuelas y evitar estos otros tipos de violencia más intensos», sentencia.
Una «contrarreforma» en marcha
Más allá de la seguridad, Brunner identifica una tendencia política que busca revertir los pilares de las reformas educativas de las últimas dos décadas. A su juicio, el país vive una lucha que él define como una «especie de contra reforma en la medida de lo posible» impulsada por el gobierno para desmantelar avances previos.
El experto critica que la discusión pública se haya centrado nuevamente en la administración del sistema y procesos de desmunicipalización en lugar del aprendizaje. Según Brunner, el rol del Ministerio de Educación parece estar desvirtuándose hacia el área del orden público. «Educación aparece lamentablemente como una especie de departamento de seguridad educacional que le correspondería más bien al Ministerio de Seguridad», advierte.
La pugna ideológica y el mérito
El análisis de Brunner apunta a una tensión creciente entre los sectores más duros del gobierno y las visiones más tradicionalmente liberales de Chile. Esta pugna se manifiesta con claridad en temas como el sistema de admisión escolar y la selección. Sobre el retorno de la selección escolar bajo el concepto de mérito, Brunner define la llamada «elección mutua» como una realidad donde «los colegios eligen a propósito del mérito que las familias tienen en proponer a sus hijos a ese colegio».
«Hay allí un núcleo duro que concibe la política como el no acuerdo», sostiene Brunner al referirse a la dinámica política actual. Para él, lo fundamental debería ser «preocuparse más del mérito auténtico. No el mérito que la familia hereda a sus hijos. Sino que el mérito que refleja el esfuerzo de cada niña o niño».
Advertencias sobre la democracia y la institucionalidad
Finalmente, Brunner extiende su preocupación hacia el ámbito constitucional y los riesgos de derivar en derroteros iliberales. Menciona que existen trascendidos que sugieren que se busca «en la práctica anular la función controladora de constitucionalidad del Tribunal Constitucional» para permitir que el Ejecutivo avance con mayor comodidad.
Esta conducta, que compara con tendencias de autoritarismo ejecutivo observadas en otros países, se aleja de los valores de las democracias liberales. «Se acercan a toda esta familia de democracia protegida o democracia iliberal o democracias con sesgo de autoridad ejecutiva muy fuerte llamada en otro lenguaje autoritarismo», explica. Concluye haciendo un llamado al gobierno para que escuche voces diversas y cambie el clima político que hoy no tolera los acuerdos.