La reciente ofensiva del Ministerio de Justicia para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha generado una fuerte reacción en el mundo político y de defensa de los derechos fundamentales. El ministro Fernando Rabat planteó que la institución posee un marcado sesgo ideológico y propuso eliminar su capacidad de presentar querellas, transformándola en un órgano meramente consultivo. Ante este escenario, la diputada del Frente Amplio y exdirectora del organismo, Lorena Fries, abordó en Palabra Que Es Noticia la controversia y defendió el rol fiscalizador de la entidad.
El cuestionamiento al «tinte de izquierda»
Uno de los pilares del argumento gubernamental es que el INDH actuaría bajo una lógica partidista. Sin embargo, Fries desestimó estas críticas apelando a la estructura técnica y normativa que rige al organismo a nivel internacional. La legisladora explicó que la integración del consejo responde a estándares globales de transparencia y pluralismo.
Al respecto, Fries sostuvo: «A mí me parece que está equivocado y lo he dicho más de una vez. Si uno mira, la composición del Instituto está ceñida a lo que se llaman los principios de París. Esos principios, si se acatan, permiten obtener la acreditación del sistema de Naciones Unidas como un órgano que efectivamente va a cumplir con la molesta labor de representarle al gobierno que sea, permanentemente, cuando hay situaciones de violación a los derechos humanos».
Además, la diputada enfatizó que la supuesta falta de representación de sectores de derecha no se debe a un diseño excluyente, sino a una falta de involucramiento histórico de dicho sector en la materia. Sobre este punto, Fries fue tajante: «Para la derecha el tema de derechos humanos, lamentablemente, ha sido un tema de tercer o cuarto orden y no han desarrollado espacios de pensamiento ni de defensa en la materia. Han tenido desde el 2010 hasta el 2026 para abrirse a este tema y discutir visiones distintas sobre puntos opinables que están representados en el consejo, pero que no tienen finalmente asidero en esas organizaciones».
La facultad de querellarse: El corazón del INDH
La propuesta de limitar al INDH a un rol consultivo es, para la exdirectora, la amenaza más grave contra la protección de los ciudadanos. Según Fries, la posibilidad de accionar judicialmente es lo que otorga eficacia real a la institución frente a los abusos que puedan cometer agentes estatales.
La parlamentaria advirtió sobre las consecuencias de esta modificación legal. «Lo que se hace con el instituto es castrarlo. Castrarlo en términos de que las acciones judiciales hoy refieren a casos de trata y tráfico de personas, que son crímenes contra los derechos humanos. El instituto fue el primero en presentar en el año 2011 una causa sobre trata. Cuando en este país se decía que no había trata de personas», señaló.
En consecuencia, Fries defendió la necesidad de mantener estas atribuciones para garantizar el equilibrio de poder en una democracia. «El punto es que el hecho de que se pueda querellar es la forma de defender a ciudadanos frente al abuso de poder, algo que ocurre en todo el mundo. Por eso las democracias cuentan con organismos autónomos que son esta especie de ‘Pepe Grillo’ que constantemente le están diciendo al gobierno: ‘Oiga, por ahí no, eso no me parece, acá violó usted los derechos humanos’. Quitarle la facultad de querellarse es dejarlo sin dientes y sin defensa a aquellos ciudadanos que puedan verse abusados por agentes del Estado», expicó.
El fallo del caso Crespo y la Ley Naim Retamal
La entrevista también abordó la reciente resolución de la justicia que mantuvo la absolución del exteniente coronel Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Aunque Fries manifestó su pesar por el resultado, subrayó la importancia de respetar la autonomía del Poder Judicial.
«Yo tengo que decir que lo lamento, pero obviamente un fallo es un fallo. Es la última instancia y se acata. Ahora, yo creo que efectivamente ahí lo que pasó es que se acredita el disparo. Y, por otro, que se actuó dentro de los marcos de la legítima defensa. Y en ese sentido, el actuar habría sido correcto porque estaba haciéndolo en relación a una eventual o inminente amenaza contra la vida del propio carabinero».
Sin embargo, vinculó este tipo de fallos con el nuevo marco legal vigente. «Al aplicar la legítima defensa privilegiada se respalda, obviamente, la ley Naim Retamal. Es una ley de la República respecto de la cual estuve en contra. A mí me parece que estaba bien la situación antes de que se promulgara esa ley y ahora la Naim Retamal 2». No obstante, descartó que esto signifique un sesgo judicial permanente, recordando que existen múltiples condenas contra uniformados por uso desproporcionado de la fuerza.
Finalmente, Fries recordó que el sistema nacional no es el único camino, indicando que «siempre es de todas maneras una posibilidad la de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana» si se considera que existen vicios en el debido proceso o que las leyes nacionales obstaculizan la justicia.